David Brooks/ American Curios
La prensa libre es un principio fundamental de la democracia estadunidense. O así se repite aquí. Para Thomas Jefferson, la prensa era el cuarto poder, tan esencial como las otras tres ramas del gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) para una democracia funcional. Nuestra libertad depende de la libertad de la prensa y ésta no puede ser limitada sin que se pierda.
En la Primera Enmienda, escribió el juez Hugo Black, de la Suprema Corte, en el famoso fallo sobre la libertad de prensa en el caso de los Papeles del Pentágono, se estipula que la prensa libre requiere protección para cumplir su papel esencial en nuestra democracia. La prensa es para servir a los gobernados, no a los gobernantes. El poder del gobierno para censurarla fue abolido para que la prensa permaneciera siempre libre para censurar al gobierno. La prensa fue protegida para que pudiera desnudar los secretos del gobierno e informar al pueblo.
Pero ahora hay un asalto de la cúpula política contra los reporteros y sus fuentes que buscan cumplir esa misión. Algunos afirman que el periodismo de investigación en temas de seguridad nacional está bajo un ataque sin precedente por el gobierno de Barack Obama. Señalan que este gobierno ha más que duplicado el número de casos criminales basados la Ley de Espionaje por filtraciones de información clasificada a medios y al público que todos los gobiernos anteriores combinados desde 1917 (había tres, ahora son siete con Obama). Todos filtraron información con el objetivo de informar al público lo que ellos consideraban acciones corruptas, ilegales o de abuso en el aparato de seguridad nacional. Ninguno operó como espía de otro poder o interés ni buscó enriquecerse con las divulgaciones.
Los casos de mayor perfil público son los del ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional Edward Snowden, quien filtró documentación a The Guardian y el Washington Post que revelaba la existencia de programas secretos masivos de vigilancia de comunicaciones de millones de ciudadanos estadunidenses y de varios países (incluyendo México y Brasil) y del soldado Bradley Manning, cuya filtración –la más grande en la historia– de cientos de miles de documentos oficiales del Departamento de Estado y del Pentágono a Wikileaks, publicados por varios periódicos del mundo (incluyendo La Jornada), podría costarle una condena a cadena perpetua, al acercarse la conclusión de su consejo de guerra.
La decisión del gobierno de Obama de aplicar las acusaciones máximas contra Manning tiene –obviamente– la intención de disuadir a otro Manning en el futuro (no funcionó. En medio del consejo de guerra, Snowden, inspirado en parte por Manning, hizo sus revelaciones devastadoras). La semana pasada la juez Denise Lind se negó a retirar el cargo más severo: ayudar al enemigo, algo que defensores de la libertad de prensa condenaron no sólo porque lo consideraron injusto. “El fallo sienta un precedente escalofriante: filtrar documentos clasificados a periódicos puede, por sí solo, ser legalmente suficiente para constituir el delito de ‘ayudar al enemigo’”, escribió Yochai Benkler, profesor de leyes de la Universidad Harvard, en The Guardian. “El argumento de la fiscalía (aceptado por la juez) es que filtrar materiales a la prensa, la fuente de esos materiales clasificados, es ‘comunicar con el enemigo’ indirectamente”, agregó.
Al mismo tiempo, la semana pasada el gobierno de Obama logró triunfar en otro caso sobre filtraciones, cuando un tribunal federal de apelaciones declaró, en favor de su argumento, que la Primera Enmienda (libertad de expresión) de la Constitución no protege a reporteros de tener que revelar sus fuentes de filtraciones de información oficiales en casos criminales. El fallo implica que James Risen, reportero de The New York Times, ahora está obligado a declarar en el juicio de un ex funcionario de la CIA acusado de divulgar información clasificada. Risen ha dicho que apelará de la decisión y que no revelará sus fuentes, aun si ello implica su encarcelamiento.
Éste es un día oscuro para la libertad de prensa en Estados Unidos. Esta decisión no sólo es un golpe contra todos los periodistas de seguridad nacional, sino contra el público en general, cuyo derecho a saber seguramente sufrirá por esto, escribió Trevor Timm, director ejecutivo de la fundación Freedom of the Press, organización clave en las luchas contemporáneas sobre la libertad de prensa.
Todo esto dejó en duda los esfuerzos del gobierno de Obama por reparar sus relaciones con los medios con el anuncio, del Departamento de Justicia, la semana pasada, de nuevas normas, que limitan la autorización de obtener información de reporteros sobre sus fuentes. Esto fue resultado del escándalo provocado con la revelación de que el gobierno de Obama había espiado los registros de llamadas de reporteros de la Ap y su intento de obtener una orden judicial para conseguir los correos electrónicos de un reportero de Fox News que realiza investigaciones sobre filtraciones.
No son los únicos casos de lo que muchos consideran un intento de silenciar a denunciantes y reporteros que difunden sus denuncias. Son momentos de definición en un país cuyo gobierno no duda en criticar a otros, como fue el caso esta última semana. Rusia y Venezuela fueron criticados por la Casa Blanca por la represión a la libertad de expresión en sus países, por lo mismo que hace aquí.
Se extrañará a la gran periodista veterana Helen Thomas, quien murió la semana pasada, después de más de 60 años cubriendo la Casa Blanca, en los que incomodó a 10 presidentes con sus preguntas impertinentes. Ella comentó en una entrevista: Respeto la oficina de la presidencia, pero nunca rindo culto a los altares de nuestros servidores públicos. Ellos nos deben la verdad.
Nota— En la foto de arriba, Helen hace la primera pregunta al inicio de la administración de Barak Obama
Fuente: La Jornada
