La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la acusación de la jueza Segunda Penal Federal de Distrito del Estado de México, Raquel Yvette Duarte Cedillo, con las condiciones de la decisión de desplegar a los ocho militares.
En la sentencia Libertad, los imputados fueron interrogados en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotinap.
Confirmó que también juzgará a los jueces de las respectivas salas colegiadas, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olver López y Francisco Sarabia.
Al inicio del juicio afirmó que sus derechos a la continuación del caso eran absolutamente cuestionables.
Dieron beneficios injustificados a quienes no los merecían e ignoraron los fallos de los jueces que decidieron aplicar prisión preventiva razonable a ocho militares acusados de delitos graves en el caso Ayozi Napa.
Aseguró que la aplicación de procedimientos de protección en las situaciones mencionadas tiene como objetivo crear una situación de flagrante injusticia que afecta a los 43 desaparecidos, a sus familias, a su seguridad y al propio país, “teniendo en cuenta la crueldad y el carácter procesal de la situación”.
violaciones cometidas, amenaza de sanciones” La libertad de los responsables de desapariciones forzadas se define hoy como una libertad procesal extremadamente peligrosa.
Reiteró que “dada la gravedad de los crímenes cometidos en el caso Ayotinapa, es absolutamente injusto que las víctimas y el Estado de México enfrenten este cierre” y que los representantes sociales federales brindarán de inmediato los recursos adecuados para garantizar derechos y seguridad. la víctima, y adoptará las acciones previstas en el artículo 225, artículos 6, 7 y 8 del Código Penal Federal, que sancionarán a quienes violen la justicia, la obstruyan y otorguen beneficios indebidos. no vale la pena.
Señaló que este comportamiento procesal notoriamente injusto se repitió varias veces en asuntos de importancia nacional o política y fue utilizado de manera unilateral y engañosa por algunos medios de comunicación.
Agregó que tales distorsiones mediáticas han sido repetidas y graduales en los últimos años, lo que sugiere que los medios que lo hacen están siendo injustamente perseguidos y descalificados.
La FGR dio a conocer que sólo en 2023, la Secretaría de Estado Federal emitió 9,150 sentencias a favor de las víctimas; demuestra que una parte muy importante de los jueces federales actúa con imparcialidad y apego a la ley.
Agregó que también cabe señalar que el exclusivo “mecanismo alternativo de resolución de conflictos” de la FGR identificó 2.427 contratos adicionales con efectos de sentencia firme durante 2023, lo que incentiva el uso pronto y efectivo de los métodos de contratación judicial antes mencionados.
número de víctimas.
“En todos estos logros, en 2023, la FGR difundió más de 700 informes diarios a nivel nacional y alrededor de 4.000 informes a nivel local.
Todas estas obligaciones de presentación de informes se cumplieron estrictamente y la FGR no ha realizado un solo pago en los últimos cinco años, dinero para comprarle publicidad favorable en los medios o crear una imagen que pueda servir con información constante, objetiva e imparcial, ya sea una institución o una institución y los medios.
