Los cuatro militares exonerados la semana pasada de los cargos en el fuero federal por la matanza de Tlatlaya, abandonaron la tarde del miércoles pasado la prisión del Campo Militar Número Uno, donde permanecían para enfrentar imputaciones de la justicia castrense.
El abogado Juan Velázquez dio a conocer, el pasado 6 de octubre, que el Ministerio Público federal no logró aportar evidencias suficientes para acreditar la participación de los soldados Alan Fuentes, Julio César Guerrero y Samuel Guerrero, así como del teniente Ezequiel Rodríguez, por lo que el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Distrito Federal, ordenó su libertad.
El abogado anunció ese día que a los cuatro soldados sólo les quedaba enfrentar la acusación por delitos militares que no eran graves por lo cual permanecerían en la prisión militar, en tanto se promovía su libertad bajo caución.
Oficialmente, el 30 de junio de 2014, un supuesto enfrentamiento resultó en la muerte de 22 personas que se encontraban en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. Los civiles, ebrios, drogados y armados –siempre en la versión oficial— agredieron a una volanta militar compuesta por ocho elementos. Sin embargo, con el paso de los días, reportajes de la agencia AP y la versión mexicana de la revista Esquire, recogieron testimonios que acusaron una matanza.
Bajo presión internacional, el 25 de septiembre de 2014, 25 militares fueron detenidos e interrogados en la prisión militar para luego declarar ante un juez, como dio a conocer Apro ese mismo día.
Por la noche, ocho soldados, incluido el teniente, fueron internados en la prisión, acusados de delitos relacionados con la disciplina castrense y consignados al Juzgado Sexto de Justicia Militar en espera de las acusaciones del Ministerio Público federal, lo que ocurrió semanas después aunque sólo para siete, pues uno de los detenidos, argumentó que estaba herido en la entrada de la bodega.
Por las características de la zona y las condiciones del enfrentamiento, se puso en duda que sólo hubiera participado una patrulla militar en los hechos, además de que se había interrogado a 25 soldados, más o menos, los que integran una “sección”.
El pasado 30 de septiembre, el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, revocó el auto de formal prisión y ordeno al mencionado juzgado cuarto que repusiera el procedimiento. Con celeridad, en menos de una semana, el juzgado resolvió la libertad de los soldados imputados, excepto de tres.
Los tres militares que continúan presos, enfrentan cargos por el asesinato de sólo ocho personas y no de las 22, pues conforme a la integración del caso, 14 murieron durante el supuesto enfrentamiento.
Fuente: Apro
