La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fijó su posición frente a las “liberaciones recientes de algunos posibles delincuentes, así como la carencia de órdenes de aprehensión para realizar detenciones en otros casos” y señaló que estas situaciones “ponen en evidencia la necesidad de fortalecer la investigación criminal a fin de lograr la eficacia en la recuperación de la seguridad”.
La institución que dirige Alfonso Durazo Montaño señaló que “si bien la conducción de la investigación corresponde al Ministerio Público, y es competencia de la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales solicitar a la autoridad judicial las órdenes de aprehensión que en su caso correspondan, esta Secretaría asume su responsabilidad de fortalecer sus áreas de investigación e inteligencia y colaborar con las fiscalías para lograr investigaciones más sólidas, de tal forma que evitemos que los abogados aprovechen las rendijas en la ley y continúe existiendo una auténtica puerta giratoria”, que hace posible que presuntos delincuentes sean capturados y posteriormente liberados de forma casi inmediata, tal y como se ha visto en días recientes.
En su posicionamiento la SSPC señala que una de las debilidades más recurrentes de nuestro sistema de justicia, por décadas de abandono y desatención, es que se ha dependido en demasía de las detenciones en flagrancia para lograr la judicialización de casos criminales, incluso en aquellos sobre los que se cuenta con información de inteligencia o de otras áreas de investigación.
Por ello propone que “para abatir este fenómeno histórico que genera tanta impunidad, tenemos que convertir la información obtenida por los organismos de inteligencia y las instituciones policiales en elementos judicializables; es decir, en registros de investigación válidos que puedan integrarse a las carpetas de investigación para que sea posible la solicitud de órdenes de aprehensión por parte de las fiscalías, así como la justificación de la vinculación a proceso, solicitud de medidas cautelares, y sobre todo, aportación de pruebas para lograr sentencias condenatorias en juicios conforme a derecho”.
Fuente: La Jornada
