Pocas horas antes de la madrugada del 6 de marzo de este año, cuando un grupo de sicarios atacó las instalaciones de El Diario y de Canal 44 en Ciudad Juárez, el secretario de Seguridad Pública Municipal fue grabado, en una reunión con la iniciativa privada, acusando a la prensa de ser “el punto negro para la sociedad”.
“Ellos –dijo Julián Leyzaola– construyen su propia tumba porque sigue la delincuencia en Juárez y la gente no cree en la denuncia anónima. Y no denuncia porque los medios denigran a las corporaciones. Ellos son el punto negro para la sociedad”.
Esta es sólo una declaración; es apenas un episodio más en su larga lista de ataques a periodistas. Su intolerancia es conocida no sólo en esa frontera, sino también en Tijuana, en donde fungió también como jefe policial.
La prensa nacional e internacional han reseñado las múltiples acusaciones en su contra por ser un presunto violador impune de los derechos humanos.
Y de policía ejemplar, ha pasado, desde hace tiempo, a considerársele un “policía malo”. Desde que se fueron los federales, los policías municipales a su mando pasaron a encabezar las denuncias formales por abuso.
Pero Julián Leyzaola no sólo ha logrado trascender elecciones locales: Ha logrado, además, brincar del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa al de Enrique Peña Nieto.
Durante la administración panista, el “rudo” de Leyzaola fue puesto como ejemplo de la estrategia contra la criminalidad, a pesar de que fuera acusado en innumerables ocasiones de cometer abusos contra la población civil. Fue el sexenio de las “víctimas colaterales”.
Apenas en septiembre pasado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, dijo que se han presentado un sinnúmero de quejas en contra de Julián Leyzaola por tortura, abusos de poder e incluso desapariciones forzadas.
Las denuncias y quejas en contra de Leyzaola datan desde su gestión en Tijuana como Director de Seguridad Pública, en donde también tiene un gran número de quejas por tortura, acreditadas por la CNDH. “Están pendientes las averiguaciones previas, que se desahoguen y que terminen con la consignación a propósito de estos hechos en donde participó de manera directa”, señaló Plascencia.
Julián Leyzaola Pérez, quien se retiró del Ejército mexicano con el grado de Teniente Coronel del Estado Mayor, fue cooptado rápidamente por los gobiernos de Oaxaca y Baja California para participar en el combate a la delincuencia desde la policía.
Su carrera despuntó justamente en la península bajacaliforniana. Ahí fue desde director de la Academia Estatal de Policía del estado, director del Centro de Readaptación Social “El Hongo”, hasta director general de la Policía Estatal Preventiva de Baja California y, finalmente, director general de Policía y Tránsito Municipal de Tijuana.
A Leyzaola, quien se desempeña con una imagen que va del héroe al villano, se le atribuyó el hecho de haber “limpiado” y logrado disminuir la alta criminalidad que azotaba esa ciudad fronteriza hasta en 70 por ciento.
Los reportes periodísticos plantean que en Tijuana lanzó un ataque contra las organizaciones criminales y los policías corruptos, que también le generaron diversas denuncias por parte de defensores de los derechos humanos.
Con el aura de justiciero, el 17 de marzo de 2011, Leyzaola fue llamado para hacerse cargo de la policía en el municipio que entonces se consideraba “el más violento de México”: Ciudad Juárez, Chihuahua.
Leyzaola Pérez es hijo de un militar con rango y nieto de un general de división. Tiene actualmente 53 años de edad y es definido por el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, como “un hombre que ha dado resultados”.
Nació en Culiacán, Sinaloa, cuna de varios de los principales capos del narcotráfico, y se enlistó cuando apenas tenía 16 años como soldado de infantería en Mexicali, Baja California.
Él mismo se define: “No soy el clásico funcionario al que hay qué sacar de la zona de fuego y protegerlo a como dé lugar. Si nos atacan, protéjanse ustedes, que potegiéndose nos protegemos todos. Es más fácil que cada quien se agarre a uno de los que están tirando a que todos quieran cubrir al que me tira a mi”.
RESULTADOS Y POLÉMICA
Ahora, en 2013, Ciudad Juárez pasó de 200 homicidios mensuales a 25 homicidios, y él se jacta que la urbe fronteriza ha dejado de ser catalogada como la ciudad “más peligrosa de México”. Pero el mito más extendido sobre este “súper policía” y, de acuerdo con denuncias de organizaciones civiles, es que es “abusivo” e incluso “torturador”.
Aún en Tijuana, el 20 de octubre de 2009 algunos reporteros aseguraron haber presenciado el momento en que Leyzaola pateó el cadáver de un sicario que se había enfrentado con sus policías. Según esta versión, el ex militar se acercó a un vehículo que llevaba el cuerpo entre las calles 5 y 10 de la ciudad, lo detuvo, lo miró y luego soltó el golpe contra él. Un funcionario municipal aseguró tajantemente que esto era falso y que el rumor fue difundido por un grupo de narcos.
Otro integrante de la administración reconoció que era posible que eso haya ocurrido. Lo que es cierto es que las denuncias por violaciones a los derechos humanos durante el periodo de Leyzaola en Tijuana llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El teniente coronel, quien es además partidario de legalizar la pena de muerte, las minimizó: “Hasta El Pozolero se fue a quejar a los derechos humanos. ¡Por favor!”.
Ya en Ciudad Juárez, el martes 1 de noviembre de 2011 la policía de Juárez detuvo a 29 manifestantes por dibujar un centenar de cruces con pintura de agua en paredes y vidrios. Los detenidos, que forman parte del movimiento indignados, denunciaron públicamente abuso de autoridad, mientras que Amnistía Internacional manifestó “preocupación”.
“Yo nunca reprimí una manifestación, yo evité que dañaran propiedad privada y hubo detenciones porque me agredieron a los policías”, dijo entonces Leyzaola, quien argumenta que los manifestantes tiraron al piso a los agentes, los golpearon y les arrojaron pintura en los uniformes. “Tienen que responder a una autoridad”, sostuvo.
Apenas en marzo pasado, la organización Human Rights Watch exigió a las autoridades federales de México asumir inmediatamente la investigación de la posible desaparición forzada de cuatro civiles en Ciudad Juárez, presuntamente cometidas por la policía municipal, en la que Leyzaola sigue al frente.
Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, el 26 de marzo de 2011, cerca de las 7 p.m., cuatro civiles —Juan Carlos Chavira, de 28 años, Dante Castillo, 25, Raúl Navarro, 29, y Félix Vizcarra, 22— fueron detenidos por la policía municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Cinco testigos informaron a la Comisión que la policía había detenido la camioneta pick-up en la cual viajaban los civiles, que luego fueron arrestados.
“Los claros indicios de participación policial en las desapariciones y la investigación mediocre que se llevó a cabo hasta el momento despiertan serias dudas sobre la capacidad de las autoridades locales de investigar este delito”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Dado que está en juego la vida de estos cuatro hombres, los agentes del ministerio público federal deberían asumir inmediatamente la investigación”, agregó.
Además, la misma organización exhortó a las autoridades de Baja California a iniciar una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de las acusaciones creíbles de tortura que se han formulado contra Julián Leyzaola, jefe de policía de Ciudad Juárez.
Estas violaciones de derechos humanos habrían sido cometidas por Leyzaola en 2009 y 2010, cuando se desempeñaba como jefe de policía de Tijuana.
Fuente: Sin Embargo
