Por Lourdes Morales Canales
En diciembre de 2010, un joven vendedor tunecino llamado Mohamed Bouazizi se inmoló en señal de protesta por el abuso policial que había sufrido tras haberle sido confiscada su mercancía. Este hecho desató una oleada de movilizaciones sociales contra el abuso de poder del régimen oligárquico y dictatorial de Ben Ali.
Un mes después, éste dimitió al poder y a partir de ahí se generó un efecto dominó en otros países: Egipto, Libia, Yemen y Siria fueron escenarios de manifestaciones orientadas a exigir cambio de régimen, democratización y ejercicio de derechos fundamentales.
A este episodio se le conoció como la Primavera Árabe, cuyo legado en algunos países concluyó con el inicio de tímidos intentos de apertura, pero en otros más se generó el efecto contrario: fue el inicio de una guerra sectaria cuya violencia y crueldad aún prevalece.
En México no tuvimos un inmolado, pero la crisis generada por el escándalo de la Casa Blanca así como el caso de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos con la colaboración de la policía de Iguala en Guerrero, pusieron al descubierto la debilidad de nuestras instituciones y la ineficiencia para combatir la corrupción y la impunidad.
A estos casos le han seguido otros: asesinatos de periodistas sin detenidos, represión de defensores de derechos humanos, desfalcos al erario –como Javier Duarte en Veracruz– o la falta de consecuencias por casos como Moreira en Coahuila. No ha existido un caso único y sin embargo, estos hechos de corrupción emblemática no nos han dejado indiferentes.
La indignación se ha podido traducir en acción o al menos así sucedió con el proyecto de ley general de responsabilidades mejor conocido como #Ley3de3.
El día de hoy, un grupo de ciudadanos llevaron al Senado de la República varias cajas foliadas con las firmas necesarias para que por la vía de la iniciativa ciudadana entre al debate parlamentario una propuesta de ley.
Este proyecto busca un nuevo diseño del sistema de responsabilidades públicas, clasifica conductas de corrupción, fortalece las facultades de investigación, promueve una política de integridad tanto para funcionarios como para empresarios que tienen que ver con recursos públicos y es parte de un paquete amplio de cambios normativos que se derivan de la reforma constitucional que el año pasado creó un Sistema Nacional Anticorrupción.
Para que esta herramienta de participación ciudadana fuera efectiva se requerían 120 mil firmas: se presentaron 290 mil y siguen llegando formatos desde diversos rincones del país. Muchas de éstas fueron recolectadas durante una Jornada Nacional contra la Corrupción y la Impunidad, convocada el domingo pasado por más de 40 organizaciones e instituciones de educación superior en al menos 27 ciudades del país.
Los ciudadanos se organizaron con recursos propios, salieron a la calle y dieron su firma con la esperanza de que al fin haya un cambio en México.
Lo que sigue es que el Instituto Nacional Electoral (INE) valide, a través de un muestreo aleatorio, que detrás de cada firma hay un ciudadano de carne y hueso. De ahí, el Congreso tendrá que incluir la #Ley3de3 dentro del paquete de discusión y dictaminación de las 16 iniciativas que ya han presentado los distintos grupos parlamentarios.
Además de esto, los senadores Laura Rojas y Zoé Robledo, con el apoyo de otros legisladores, promovieron un acuerdo para adoptar cuatro principios de parlamento abierto para que el proceso de discusión se haga de frente a la ciudadanía.
Entre estos puntos destacan no solamente la transparencia y máxima difusión de los acuerdos, dictámenes y minutas sino la transmisión en tiempo real de las discusiones, la realización de audiencias con especialistas en el tema y la justificación, en lenguaje accesible, de las decisiones que se adopten en la Cámara alta.
Estamos convencidos de que la transparencia y la legitimidad del proceso serán indispensable para aprobar un diseño normativo e institucional orientado a combatir de manera más efectiva la corrupción aunque también sabemos que esta batalla no será fácil ni tampoco será corta. Por ahora, a todos los que han apoyado este esfuerzo no queda más que decirles muchas gracias.
* Lourdes Morales Canales. La autora es directora de la Red por la Rendición de Cuentas
