Por Víctor M. Quintana S.
El 25 de julio de 1965 Generalísimo Franco leyó la fórmula de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de la Península Ibérica, con la asistencia de 150 mil fieles y los más altos dignatarios del gobierno español. . No profirió en ese momento el dictador ninguna petición de perdón por los miles de víctimas de su régimen autoritario y represivo que duraría 36 años.
Ya con la consagración en el bolsillo, el franquismo agarró vuelo para proseguir durante diez años más y con buena conciencia, las labores de represión a los sindicatos, a comunidades como la del País Vasco y Cataluña, a toda la oposición política y social. Las persignadas y golpes de pecho no lograron que se abrieran los cauces a la democracia en España, ni mucho menos que durante ese tiempo, marcado por la predominancia de los tecnócratas del Opus Dei en el gobierno, se favoreciera el enriquecimiento de muchos de ellos con el apoyo oficial. La consagración que encabezó Franco se dio en un tiempo en que España no era una república ni era laica de derecho y la religión católica era la religión de Estado.
El sábado 21 de abril pasado, en un acto público celebrado en la ciudad de Chihuahua, el gobernador César Duarte, con la presencia de la alta jerarquía católica y de gobierno, leyó la Consagración del estado de Chihuahua al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, y luego pidió perdón a nombre de todos los chihuahuenses, por lo que “sucedió en el pasado en Chihuahua” (no dijo hasta donde abarca ese “pasado”). Dos cuestiones hay que resaltar aquí: el hecho en sí mismo y las implicaciones que van más allá de él.
La Consagración por parte del Titular del Ejecutivo del estado contraviene ella Constitución en su artículo 40 que nos define como república laica, así como los artículos 3º. y 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en el sentido que el gobernador establece una preferencia por la religión católica y asiste con carácter oficial a un acto religioso de culto público. Este hecho resulta además ofensivo de buena parte de los chihuahuenses que no se sienten representados por la participación del gobernador en ese acto: los miembros de otras confesiones religiosas, los no creyentes, los agnósticos y los mismos católicos que cuestionan el carácter de este tipo de actos.
Por otro lado, la conducta del Gobierno del Estado luego de esta “consagración”, revela que en él hay dos varas distintas para medir el cumplimiento de la ley y para practicar la religión:
A contrapelo de la ligereza con la que se procede a pisotear la Constitución y la citada ley en materia de culto púbico, sorprenden e indignan la acuciosidad y la diligencia de la Fiscalía General del Estado en aplicar la ley siguiendo la denuncia hecha por la minera Mag Silver y los propietarios del predio El Calero en el ejido Constitución, municipio de Buenaventura. La Fiscalía está procediendo en contra de los agricultores de Constitución que el año pasado derribaron varios postes de una línea de conducción de la CFE destinados a alimentar la subestación eléctrica de pozos perforados ilegalmente en el predio El Calero.
Todo el peso de la ley contra quienes defienden los derechos de los pobres contra las acciones ilegales de los poderosos; toda la manga ancha para dichas acciones ilegales cuando son protagonizadas por los poderes económicos y por el propio gobierno. Esa es la doble vara con la que este gobierno aplica la ley.
Porque no se puede decir “Señor, Señor”, citando de nuevo al evangelio, el sábado, y el resto de la semana aplicar la ley a favor de los ricos y en contra de los pobres. Porque en todo caso una consagración no es de palabras, sino de puesta en práctica del contenido de la Palabra. La única consagración del poder público que Chihuahua necesita es la de consagrar todos los días, todas las horas, todos los actos de un gobierno a la transparencia, a la democracia, a la rendición de cuentas, a la justicia, al imperio de la ley. De esta manera, la consagración del otro sábado huele a movida estratégica del gobierno en tiempo de elecciones y búsqueda del poder político por la alta jerarquía católica.
Que quien quiera pedir perdón en un acto religioso lo haga a título personal. Lo que ahora necesita Chihuahua es que se le pida perdón a su ciudadanía cuando menos por la violación de la ley en materia de culto público, por el manejo político-electorero de la religiosidad de parte del pueblo, por el manejo clasista y sectario del aparato de justicia y también a los católicos por la abdicación de los obispos a ejercer su labor profética.
Definitivamente, lo que se está viviendo entre nosotros ni es el México de Juárez ni la Iglesia de Francisco.
