El Poder Ejecutivo Federal presentó, el pasado jueves 19 de julio, una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que ésta determine si las observaciones que hizo sobre la Ley General de Víctimas se presentaron en los tiempos legales.
La Secretaría de Gobernación (Segob) recordó que el presidente Felipe Calderón recibió el decreto de la citada ley el 1 de junio y 30 días después, atendiendo lo que establece el Artículo 72 de la Constitución, lo regresó al Legislativo con observaciones, mismas que fueron devueltas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Agregó que la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo se refiere únicamente al acto del Senado a través del cual ordena la publicación de la Ley General de Víctimas, así como al acto por el que se devuelven las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo.
En un comunicado, apuntó que la SCJN es el órgano facultado para dirimir controversias entre Poderes, por lo que el Ejecutivo Federal recurrió a la Corte pues es prioritario superar este debate entre Ejecutivo y Legislativo.
Lo anterior a fin de fortalecer el diálogo con los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil para contar con una ley que sí funcione y que resuelva con eficacia y prontitud el problema de las víctimas, puntualizó.
“El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, hace un nuevo llamado para que, de manera paralela al proceso que se lleve a cabo en la SCJN, los legisladores y organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos, continúen con el diálogo para que nuestro país cuente con una Ley General de Víctimas que verdaderamente ayude a las víctimas del delito y de la violencia, y les garantice la atención que necesitan y merecen”, dijo.
Añadió que para la Segob resulta indispensable que los instrumentos que conforman el proceso legislativo sean perfectamente sólidos y congruentes entre sí, a fin de garantizar la consistencia, viabilidad y eficacia de las leyes.
Desde la semana pasado, Poiré Romero había argumentado que la preocupación del Ejecutivo federal en torno a la ley es garantizar que se convierta en un instrumento eficaz y que los estados se encuentren en capacidad de cumplir con sus términos.
Por ejemplo, acotó, si 90% de los delitos contra víctimas se cometen en los estados, pudiera no cumplirse la Ley de Víctimas al no ser reconocida por las entidades.
Sobre publicar o no la Ley de Víctimas, Poiré señaló que deberán analizar lo que mande el Senado y ser respetuoso de los tiempos, pues “no es tan sencillo publicar una ley y luego corregimos”, dijo.
Luego de que el pasado 4 de julio la Presidencia de la República regresará al Congreso la Ley General Atención a Víctimas de Delito al considerar que presenta imprecisiones, la Comisión Permanente acordó regresar las observaciones que el Ejecutivo Federal hizo al decreto.
El 4 de julio, el Ejecutivo decidió regresar a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto de la Ley General Atención a Víctimas de Delito, al considerar que lo aprobado por el Congreso de la Unión en su último periodo de sesiones presentaba imprecisiones.
Con información de Notimex y Animal Político
