Se redujo la pobreza pero se deterioraron las libertades públicas y la calidad institucional.
Por Javier M. González
En la recta final de la campaña para las elecciones del 7 de octubre, Venezuela vive entre dos mensajes potentes que definirán como nunca la historia del país. El futuro de la llamada Revolución Bolivariana, cuya influencia se ha expandido a buena parte del continente, se dirime en las urnas. Unas elecciones que tienen, además, el dramatismo añadido de no saber con exactitud el estado físico de Hugo Chávez, con fuertes sospechas de que el cáncer ha reaparecido en su cuerpo. Y todo indica que éstas van a ser las primeras elecciones en las que Chávez enfrentará a un candidato con posibilidades reales de destronarlo.
Catorce años han pasado ya desde que Hugo Chávez ganó por primera vez las elecciones, después de haber fracasado en dos intentonas militares. Con estas elecciones del 7 de octubre pretende llegar hasta los 20 años en el poder, tiempo que supera a cualquiera de los presidentes democráticos que ha tenido Venezuela. A la hora de intentar hacer un balance de estos años hay que hacer foco en dos aspectos: los de tipo económico y social, y los relativos a la institucionalidad y las libertades públicas.
En estos años mucho ha cambiado en Venezuela y mucho lo ha hecho el propio Chávez. Llegó con un programa que podría definirse como moderado, que fue radicalizándose a medida que pasaron los años. Sobre todo después del frustrado golpe de Estado de abril de 2002. Cambió la Constitución y se estableció la reelección indefinida. Otras reformas, de tipo económico e institucional, le dieron literalmente vuelta al país. En 2004 la Revolución Bolivariana se proclamó antiimperialista y en el 2006 se definió como socialista.
El petróleo le permitió a Hugo Chávez financiar cómodamente su revolución. Con reservas probadas de petróleo de 300.000 barriles, más que Arabia Saudí, el crudo supone más del 90 % de las exportaciones del país y respalda la mitad del presupuesto nacional. Entre 1999 y 2011, las ganancias totales de PDVSA (la empresa petrolera estatal) fueron de 981.000 millones de dólares. Los ingresos fueron históricos y se vieron beneficiados por los altos precios del mercado internacional.
En realidad, los precios del petróleo colapsaron a finales del 2008 –bajó de 118 a 58 dólares el barril- y Venezuela entró en recesión en el primer trimestre del año siguiente. Pero, contra muchos pronósticos, hubo una muy rápida recuperación que llevó a un crecimiento del 4,2 % en 2011, mejorando en el presente año, ya que en el primer semestre sobrepasa el 5,6 %, gracias sobre todo al arrastre de la construcción.
Un muy reciente estudio del CEPR (Center for Economic and Policy Research), asegura que el actual crecimiento económico es sustentable y continuará al ritmo actual o mayor durante muchos años. Y señala que la recesión en casi todo el Hemisferio Occidental tuvo diferentes respuestas; Venezuela estuvo en posición de aplicar una política económica contra-cíclica, gracias al bajo nivel de su deuda pública cuando el precio del petróleo empezó a bajar. Al mismo tiempo, el gobierno tuvo un gasto pro-cíclico
Cuando asumió en 1999, el presidente venezolano afirmó: “declaro que no permitiré que en Venezuela haya un solo niño en la calle, si no, dejo de llamarme Hugo Chávez Frías”. Según las estadísticas oficiales, el número de pobres pasó en estos años del chavismo de 11,4 a 9 millones. En datos porcentuales, de 50 % en 1999 a 31,9 % en 2011. Este descenso se produjo sobre todo a partir de 1994, cuando se dispara el precio del petróleo, por encima de los 100 dólares el barril.
El desempleo bajó del 13 % al 8 % en ese mismo período, pero casi todo se debe a la burocracia estatal, que aumentó el número de funcionarios de 1,3 a 2,4 millones, más del 20 % de la fuerza de trabajo -aumentó de 17 a 26 el número de ministerios. A pesar de que había prometido al comienzo de su mandato que acabaría “con la pesada carga burocrática del Estado”, ahora promete seguir engordando esta burocracia. La inflación, del 27,6 % el año pasado fue la más grande de América Latina, aunque Argentina está camino de tomar la delantera. La deuda pública externa se disparó, de 24.000 millones de dólares a 85.000 millones.
Por encima de todo, se le achaca al gobierno el ser mal administrador y haber desaprovechado las inmensas oportunidades derivadas de los ingresos petroleros. Y también haber destinado enormes recursos públicos para ayudar a gobiernos amigos, fundamentalmente Cuba y Nicaragua. La cuantía de esta ayuda es difícil de calcular, aunque la oposición habla de 69.940 millones de dólares. Venezuela envía a Cuba 115.000 barriles de petróleo diarios, con un descuento del 40 %, pagando la isla el resto mediante un crédito subsidiado por la propia Venezuela. Hay que contar también lo que se les paga a los médicos cubanos que participan en el programa Barrio Adentro y una serie de créditos de los que no hay información precisa.
Venezuela mejoró en la escala del Índice de Desarrollo Humano de la ONU, ocupando el puesto 73 de un total de 187 países. Pero está por detrás de otros de la región, como Chile, Argentina, México, Panamá y Costa Rica, que no tienen el potencial petrolero de Venezuela. El crecimiento económico promedio en ese mismo período, del 2,8 %, fue más bien pobre, sobre todo si se sigue comparando con sus vecinos.
El gobierno asegura que ha invertido 300.000 millones de dólares en desarrollo social, incluyendo salud y educación. Aunque los enormes ingresos petroleros sirvieron también para multiplicar los gastos militares, con Rusia como principal abastecedor y España en segundo lugar. Solo el año pasado gastó 560 millones de dólares, ocupando el puesto número 15 entre los mayores compradores de armas del mundo. Datos del SIPRI –el instituto sueco con los mejores datos sobre la materia- indican que Venezuela ha gastado 2.652 millones de dólares en armamento en el período 2007-2011, siendo el primero en la región.
Las frecuentes expropiaciones de edificios, fincas y empresas, no se pueden cuantificar, no todas aparecen en el boletín oficial ni en la prensa. Pero se calcula que en el 2011 fueron expropiadas 10 empresas por semana, que no siempre llevan aparejadas indemnizaciones. “La burguesía expropió al pueblo durante 200 años de saqueos, de sangre, de lágrimas, de dolor”, fue una de las justificaciones de Chávez para estas nacionalizaciones. En el campo de las expropiaciones agrícolas, los resultados llevaron a una mayor penuria en la producción de alimentos: el país gasta unos 6.300 millones de dólares en la importación de artículos básicos en la dieta del venezolano, que antes se producían localmente.
Otros datos muy negativos para el chavismo son los relativos a la inseguridad, que se ha convertido en la primera preocupación de los venezolanos: la tasa de homicidios se duplicó en los últimos 14 años, pasando de 25 a 50 por cada 100.000 habitantes, uno de los más altos del mundo, aunque no en Latinoamérica.
Pero, sin duda, el flanco más débil está por el lado de las libertades individuales y la calidad institucional. Entre las primeras, la libertad de prensa. La ofensiva contra los medios opositores comenzó con el cierre de Radio Caracas Televisión, en mayo del 2007, con el argumento de que apoyaron su destitución. Pero lo cierto es que ningún periodista o directivo de medio alguno fue acusado ante la justicia por ello. Desde entonces se construyó una red de medios oficialista que hoy es mayoritaria.
Al mismo tiempo se aprobaron leyes seriamente restrictivas para la prensa. En 2005 se reformó el Código Penal, que agravó las penas para la injuria y la calumnia. Pero un año antes se había promulgado una polémica Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, con un enunciado tan amplio y vago que permite hasta cerrar medios si se advierte que difunden mensajes que fomenten zozobra en la ciudadanía, alteren el orden público o desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas. Esta reglamentación se aplicó a Globovisión, al que se le impuso una durísima multa de dos millones de dólares, por su cobertura de uno de los muchos motines carcelarios, que acabó con numerosos muertos.
Un reciente informe de Reporteros Sin Fronteras señala que “hacer una crítica o interpelar al poder se ha convertido en un insulto al pueblo o en un intento de desestabilizar la Nación”. Desde la red de medios del Estado –seis canales de televisión y tres de radio- se lleva a cabo una labor de destrucción de cualquier posición opositora. Contrariamente a lo que hace Cristina Fernández en Argentina, el presidente Chávez sí dialoga con la prensa. Pero el grado de agresividad contra los periodistas de la prensa no oficialista ha llevado a Reporteros Sin Frontera a denunciar la recurrente estigmatización de los informadores, según el medio al que pertenecen. Chávez ha intentado en numerosas ocasiones desprestigiar y humillar a periodistas que le hicieron preguntas incómodas.
Capítulo aparte merecen las cadenas nacionales, que le dan una presencia abrumadora en las pantallas de todos los venezolanos, incluyendo este período de campaña electoral. Según la ONG Espacio Público, Chávez hizo 2.334 cadenas desde que llegó al poder en 1999 y hasta el inicio de la actual campaña electoral. En el mes de julio pasado, fueron 12. Según Carlos Vecchio, coordinador general de Voluntad Popular, un movimiento que apoya al candidato opositor, Henrique Capriles, el presidente cuadruplicó el tiempo de sus cadenas en esta campaña respecto a la del 2006. A ello hay que sumar su habitual programa semanal de televisión, Aló Presidente.
La organización Human Rights Watch publicó a mediados de este año un informe de 133 páginas bajo el título “Concentración y Abuso de Poder en la Venezuela de Chávez”, en el que documenta la acumulación de poder en el gobierno y el deterioro de las garantías de los derechos humanos. Esto le ha permitido intimidar, censurar e iniciar acciones penales contra los críticos de su gestión y contra cualquiera que considere opositor, incluyendo a personas vinculadas con el poder judicial, los medios de comunicación y la sociedad civil.
El chavismo copó el Tribunal Suprema de Justicia desde 2004. Tras las elecciones de 2010, y antes de que se conformara la nueva cámara, cambió la ley que regula la designación de los magistrados y designó a nuevos miembros. “En los últimos años, la actuación del Tribunal Supremo de Justicia se ha deteriorado notablemente, ya que sus miembros han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado públicamente su compromiso con promover la agenda política del presidente Chávez”, asegura el informe de Human Rights Watch.
El ejemplo más alarmante de la falta de independencia del Poder Judicial ha sido la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, a instancias del presidente, después de que la magistrada otorgara la libertad condicional a un conocido crítico del gobierno que había estado en prisión preventiva durante 3 años, acusado de corrupción. Chávez la calificó de “bandida” por televisión y afirmó que debía recibir una pena de 30 años de prisión. Afiuni estuvo más de un año en prisión preventiva con reclusas comunes y violentas y ahora está en arresto domiciliario.
Fuente: www.NuevaTribuna.es
