El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sufrió un nuevo revés con la absolución del extitular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Noé Ramírez Mandujano, quien permaneció en prisión más de cuatro años por el delito de delincuencia organizada.
Luego de siete meses de la excarcelación del excomisionado de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, quien había sido sentenciado a 10 años de prisión por los delitos de tráfico de drogas y delincuencia organizada, el juez primero de distrito en el penal de El Rincón, Nayarit, Mauricio Fernández de la Mora, absolvió y ordenó este lunes la liberación de Ramírez Mandujano.
Según el juez, los fiscales que integraron las acusaciones en contra del exsubprocurador pudieron haber “fabricado pruebas”, ya que se detectó manipulación de los llamados testigos protegidos, lo mismo que sucedió con Herrera Valles.
“Resulta importante mencionar que existieron indicios suficientes de que, efectivamente, altos funcionarios de la SEIDO incurrieron en actos de corrupción, incluso algunos de ellos se integraron al programa de testigos colaboradores, sin embargo, no se aportó prueba idónea y legal que estableciera que el acusado Noé Ramírez Mandujano formara parte de esa red de corrupción, ni tampoco que se advirtiera alguna irregularidad en su encargo como subprocurador”, puntualizó la Judicatura Federal.
Ante tal situación, el juez dio vistas al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para que inicie una investigación por fabricación de pruebas en contra de los funcionarios que realizaron la indagatoria de la “Operación Limpieza”, cuyo principal acusado era Ramírez Mandujano, inculpado por presuntamente dar protección a los Beltrán Leyva.
Respecto de los testigos protegidos –en cuyas declaraciones la Federación sustentó sus acusaciones–, señaló que el principal de ellos, con nombre claveJennifer, “se condujo con falta de probidad, pues se evidenció que éste mintió al rendir sus declaraciones. También se advirtió que otros testigos colaboradores no hicieron imputación directa en contra del acusado Noé Ramírez Mandujano, y otras declaraciones de testigos se obtuvieron de manera ilegal”.
Añadió:
“En particular, en la diligencia de careo entre el acusado Noé Ramírez Mandujano con el testigo colaborador con nombre clave Jennifer, se advirtió una posible fabricación de pruebas, motivo por el cual se dio vista al procurador general de la República, para que conforme a sus atribuciones procediera a la investigación de posibles delitos cometidos por parte de la fiscalía que recabó dichos testimonios”.
El extitular de la SEIDO fue detenido el 20 de noviembre de 2008 en el marco de la “Operación Limpieza” del gobierno de Felipe Calderón, por la cual varios altos funcionarios de la PGR y de la Policía Federal cayeron presos.
Sin embargo, las debilidades de los casos presentados llevaron a que varios detenidos fueran liberados posteriormente, entre ellos el excomisionado de la de Policía Federal Preventiva (PFP), Javier Herrera Valles.
En septiembre pasado, un tribunal federal ordenó su excarcelación, al considerar infundadas las acusaciones que lo tuvieron en prisión alrededor de tres años, con sentencia condenatoria.
La resolución del magistrado del Segundo Tribunal Unitario Penal de Nayarit, Fernando Omar Garrido Espinoza, fue concluyente: los cargos que se le imputaban a Herrera Valles, dijo entonces, “son infundados”.
El fallo dejó sin efecto, además, la destitución e inhabilitación para desempeñar un cargo público que cargaba a cuestas el excomisionado de la PFP, quien estuvo preso en el penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit.
A principios de febrero de 2012, Herrera Valles ratificó sus declaraciones ministeriales en las que acusaba al titular de la SSP, Genaro García Luna, de actos de corrupción, tráfico de influencias y de mantener vínculos con el narcotráfico.
Casualmente, unos días después, el 13 de febrero, agentes federales ingresaron en la madrugada a la prisión federal de Tepic y lo torturaron, según denunció al semanario Proceso (número 1853) su hermano David Herrera Valles.
En esa ocasión, David acusó de la agresión al general Mario Antonio Bonifaz Guillén, quien, dijo, tiene fama de torturador y es un alfil de García Luna en la cárcel.
Desde que fue detenido, en noviembre de 2008, Herrera Valles siempre sostuvo que los cargos que se le imputaban fueron fabricados por García Luna, en represalia por las denuncias públicas que hizo en su contra, una de ellas dirigida al presidente Felipe Calderón.
En dicha misiva, el exmando policiaco acusó a García Luna de montar acciones mediáticas contra el crimen organizado, de falta de planeación y trabajo de inteligencia, entre otras anomalías que se desdeñaron.
La base de las acusaciones contra el excomandante eran las declaraciones de testigos protegidos, entre otros de Víctor Manuel Martínez Rocha, El Pitufo; Roberto López Nájera, Jennifer, y Sergio Barragán Villarreal, El Grande. Estos dos últimos son los mismos que incriminaron al exsubsecretario de la Defensa Nacional, general brigadier en retiro Tomás Ángeles Dahuahare.
En sus declaraciones, no sólo acusaron a Herrera Valles de recibir dinero del cártel de Sinaloa y de proteger el tráfico de drogas, sino que lo señalaban como el principal reclutador de delincuentes habilitados como policías federales con credenciales falsas para servir a los intereses del narcotráfico.
También dijeron que al inicio de la guerra contra el crimen organizado, en 2006, la PFP brindaba protección al narcotráfico y que estas actividades eran del conocimiento de altos mandos de la corporación, pues hasta en vehículos oficiales se transportaba droga o dinero y se cumplían comisiones especiales para darle facilidades al cártel de Sinaloa y a Joaquín Guzmán, El Chapo, jefe de ese grupo criminal.
Otro detenido dentro de la “Operación Limpieza”, el exjefe de Interpol México, Rodolfo de la Guardia, fue liberado en enero de este año.
Fuente: Apro
