Lázaro Cárdenas y la reforma energética

El pensamiento y las posiciones de Lázaro Cárdenas en materia de política petrolera, como en otros temas que tuvo siempre presentes (la reforma agraria, la libertad de los presos políticos, la defensa de la soberanía y la autodeterminación, y la paz) no fueron estáticos de diciembre de 1940, en que concluyó su gobierno, hasta el 19 de octubre de 1970, día en que falleció. Así, cuando consideraba que debía hacer manifestación pública sobre alguna cuestión, de acuerdo o en desacuerdo con la administración en turno, siempre lo hizo, y no recuerdo que en relación a los cambios en las políticas petroleras que se efectuaron en los 30 años que vivió como ex presidente, se haya expresado contrario a cualquiera de ellas.

Quisiera, en relación con estas ideas, transcribir lo esencial del contenido de una carta que Lázaro Cárdenas dirigiera a Jesús Reyes Heroles, fechada el 30 de marzo de 1968 ( Epistolario de Lázaro Cárdenas. Siglo XXI Editores. 1974. Páginas 91 a 93), que dice:

“Me considero impulsado a expresar a usted mi solidaridad ante las explicables, aunque injustificadas críticas que representativos del sector empresarial han publicado en relación a su importante informe del 18 de los corrientes, y en particular sobre las tesis por usted sustentadas respecto a los tradicionales inconformes con las crecientes actividades económicas de los estados republicanos modernos (…)

“A la vez, expreso a usted mi firme simpatía personal por la conceptuosa y firme defensa que hizo en su informe de las atribuciones públicas del gobierno revolucionario, en relación a las responsabilidades del sector privado empresarial.

“La interdependencia de las relaciones sociales explica que es sólo un espejismo creer en la existencia autónoma de los capitalistas privados, que no son los únicos inventores de la ciencia y la técnica contemporáneas. Además, dadas las tendencias acumulativas de los grandes capitales privados y sus correlaciones con los monopolios internacionales, está en su origen y esencia acaparar y explotar riquezas naturales de los territorios ajenos, sobre todo de los recursos no renovables, agotándolas a la par que la fuerza humana de trabajo, logrando con ello cuantiosas utilidades. Más aún, al amparo de concesiones y privilegios, se forman estatutos de excepción extraterritorial violatorios de la soberanía. Es del dominio público que los consorcios petroleros han ejercido incentivos y presiones para desviar a la industria nacionalizada de sus objetivos iniciales e intrínsecos, al grado de que su economía ha sufrido la carga de compensaciones infladas, como las de la compañía El Águila, SA, que a su exagerada cuantía se agregó la del pago en moneda extranjera. No es inoportuno anotar que el espíritu nacionalista de la expropiación de 1938 y de la Reforma Constitucional de 9 de noviembre de 1940, no se respetaron plenamente: los contratos de exploración y explotación permitidos por la Ley Reglamentaria de 1941, se concedieron con participación en la producción del petróleo a empresas nacionales y extranjeras (afortunadamente ya se cancelaron los 18 contratos). El institucional reconocimiento de las concesiones confirmatorias facilitó indemnizaciones indebidamente autorizadas por la Ley Reglamentaria de 1958, mediante convenios privados sobre compensaciones a superficiarios, con la agravante circunstancia de que en las indemnizaciones se llegó a valorizar la potencialidad del subsuelo petrolífero, reivindicado por México desde la vigencia del artículo 27 constitucional.

“Muy certeras sus palabras del informe, de que ‘los hombres del gobierno son servidores y no negociantes. Deben convencerse que las tareas administrativas y la acción política se dirigen al servicio de la sociedad’ y de que ‘no dejemos por descuido, apetito o complicidad, que se transformen en utilidades individuales, que son utilidades de la nación’.

“Por lo anterior aplaudo tanto al criterio presidencial, que ‘señaló la conveniencia de sustituir la rentabilidad máxima de cada empresa, por la noción de la mayor eficacia global de las inversiones con fines sociales’, como a sus conceptos sobre que ‘la orientación fundamental de nuestra economía mixta consiste en el desarrollo por y para la independencia nacional, el bienestar social, las libertades espirituales y el perfeccionamiento democrático’ y de que se deben ‘de determinar las grandes directivas acordes con los fines perseguidos y lograr que los sectores público, social y privado de México actúen de conformidad con ellas’, dejando el sector privado de despilfarrar sus utilidades, eludir impuestos, evadir la legislación social, presionar la unidad laboral con sindicatos blancos y sin operar como mandaderos del capital extranjero.

“Esta advertencia de usted recoge el sentir general ante la creciente competencia del capital inversionista extranjero, que está minando nuestra autonomía económica al obtener máximos beneficios. Es tan peligrosa esta situación que los extranjeros ya se han apoderado del 60 por ciento de la industria de transformación desplazando a empresarios mexicanos y ocasionando que el comercio de exportación sufra las arbitrarias bajas de precios, en cambio de las alzas de los valores de importación.

Estoy seguro que seguirá usted con integridad doctrinaria y dinámica infatigable los postulados de la nacionalización de la industria petrolera mexicana, y que continuará superándola, mediante las reformas legales y administrativas conducentes, ya que esta industria no es únicamente factor básico del desarrollo de la industria nacional, sino de la autonomía económica y política del país (…).

En fin, creo que resulta oportuno reflexionar sobre lo que expresara Lázaro Cárdenas 30 años después de la expropiación.

Subrayado de C. Cárdenas

Fuente: La Jornada