Por Ernesto Villanueva
La semana pasada los países que tomaron parte en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico (TPP) llegaron a un acuerdo final, entre ellos México. El gobierno mexicano es grandilocuente en lo que respecta a las bondades de este instrumento que, en buena medida, dejaría atrás al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que nunca funcionó debidamente. La verdad de las cosas es muy distinta a la que quiere ver el gobierno. Veamos.
Primero. En la edición 2030 de Proceso abordé los principales rubros del TPP y el tema de por qué debería hacerse público su contenido. No voy a repetirme aquí. Daré, en cambio, seguimiento al asunto relativo a los cambios inesperados que se han generado de una semana a otra. El primer punto es el hilo conductor del discurso del gobierno de Enrique Peña Nieto, que se sintetiza en los siguientes aspectos: a) Es una gran oportunidad para México firmar el más grande tratado de libre comercio del mundo; b) se eliminarían las paridades cambiarias del peso contra otras monedas, fundamentalmente contra el dólar; c) se darían trabajos a miles de mexicanos en el mediano y largo plazos; y d) se va a permitir que los productos mexicanos compitan en los mercados más grandes del mundo, lo que supondría una reactivación de la economía, entrada de divisas y mayores trabajos. Así presentado, cualquiera preguntaría: ¿Dónde firmo? Pero esto no es verdad, al menos no todo. Hasta ahora lo que el gobierno pregona como supuestos beneficios es tan sólo un acto de fe, muy respetable si fuera un asunto de religión o de dogmas que deben aceptarse tal como son. No es, por supuesto, el caso. Se trata de una reforma constitucional cocinada en los hechos por la puerta de atrás y que no admite creer, sino, en cambio, revisar las letras grandes y las chiquitas para cotejar lo que se dice con lo que es. Si todo suena tan idílico, la primera pregunta es: ¿Por qué no dejan ver el contenido del tratado y someterlo a los más distintos expertos en los temas que conlleva? Si fuera como dicen que es, el gobierno de Enrique Peña Nieto tendría muchos bonos sociales, que, por cierto, requiere con urgencia.
Segundo. La opacidad como signo distintivo de las negociaciones del TPP y las resistencias en varios países, como Chile y Estados Unidos, y por fortuna México, donde apenas empiezan a surgir, representa un signo de preocupación sobre el contenido final de esta pieza jurídica. El problema es que el TPP no es un tratado de libre comercio tipo TLCAN, sino un acuerdo comercial y de restricción de derechos humanos. Esta última parte es la que debe preocupar a los ciudadanos. El presidente Barak Obama ha engañado con la verdad en torno al TPP: “No podemos permitir que países como China escriban las reglas de la economía global. Nosotros debemos escribir esas reglas, abriendo nuevos mercados a los productos estadunidenses”, de acuerdo con The Wall Street Journal (http://blogs.wsj.com/washwire/2015/10/05/text-of-obamas-statement-on-trans-pacific-partnership/). Nada se ha dicho sobre México que, hoy como ayer, es convidado a una fiesta por razones de seguridad nacional estadunidenses, pero no porque estas nuevas reglas tengan un impacto positivo para el país. Me voy a detener en un problema que impactará en los casi vacíos bolsillos de los mexicanos: el relativo al sector farmacéutico. Éste es uno de las más grandes donantes de dinero a diputados y senadores de Estados Unidos, en retribución, por supuesto, de apoyo en sus áreas estratégicas. Sólo en 2014 los laboratorios farmacéuticos gastaron 229 millones de dólares en contribuciones políticas hasta donde se tiene registrado (http://www.truth-out.org/news/item/33010-how-much-of-big-pharma-s-massive-profits-are-used-to-influence-politicians).
Tercero. Gracias a este lobby, en el proyecto del TPP se incluyeron cláusulas para que las patentes se extiendan más tiempo, lo que obra en perjuicio de los medicamentos genéricos y, por ende, de los bolsillos de los mexicanos. Peor todavía: sobre este punto, en otros de los países firmantes del acuerdo internacional se ha dicho que la extensión de las patentes a los medicamentos no tendrá un impacto necesariamente negativo en los ciudadanos por las políticas generales de descuento a varios de los países firmantes. Resulta, sin embargo, que el gobierno de México, justo en el marco de su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en mayo de 1994, firmó una solicitud en la cual pedía que no se le considerara “país en vías de desarrollo” y, en consecuencia, rechazaba los descuentos en medicamentos de genéricos para dichos países. De esta forma, los fármacos de patente en el país tienen precios más altos que los de Alemania, Canadá, Italia y Francia, y están a la par del Reino Unido (http://content.healthaffairs.org/content/early/2003/10/29/hlthaff.w3.521.full.pdf), con la diferencia de que en México los sueldos son sustancialmente más bajos que en Canadá y los países europeos. Esta decisión del gobierno mexicano ha sido un flagelo para las familias de más bajos recursos. Y así se podrían enumerar otros casos en los que el gobierno de México, de manera irresponsable, ha aceptado precios internacionales o ha requerido expresamente que no se le considere país en desarrollo y, por tanto, no sea sujeto de precios diferenciados a la baja. En este marco, es urgente que se conozca el contenido del TPP y sólo se ratifique por el Senado si existen mayores beneficios que perjuicios para la mayoría de la sociedad, dictámenes de expertos en cada uno de los rubros de por medio.
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Fuente: Proceso
