Por Víctor M. Quintana S.
La muerte no pide permiso en Chihuahua. Violenta o accidental, se hace presente, como el sábado 5 de octubre, al ser arrolladas por una camioneta monstruo casi un centenar de personas, de las cuales han fallecido nueve, en un aeroshow y espectáculo de demolición. Como el domingo 22 de septiembre, cuando fueron ejecutadas 10 personas en Loma Blanca, en el valle de Juárez, luego de un partido de beisbol.
El aeroshow fue otro de la larga cadena de espectáculos ofrecidos por las autoridades al púbico chihuahuense. A falta de rendición de cuentas, circo. La gente comenta que tanto el gobierno del estado como el municipal tratan de imponer récords de asistencia a sus actos para demostrar su poder de convocatoria, así haya abucheos a los gobernantes. Pero en el circo también hay muerte, y ahora hubo varias familias enlutadas, cuando la camioneta monstruo se salió de su trayectoria y se fue contra la multitud, atropellando a los espectadores.
Las autoridades dieron la cara, pero no asumieron responsabilidades. El gobernador del estado y el alcalde de Chihuahua –éste, a menos de una semana del fin de su gestión– acudieron de inmediato al lugar de los hechos y a las clínicas a visitar a los heridos, pero siempre acusaron como principal blanco al conductor de la camioneta, porque supuestamente traía aliento alcohólico, o no obedeció el recorrido pactado, etcétera. La empresa promotora eludió también cualquier responsabilidad y presionó al conductor para que se inculpara.
Sin embargo, las evidencias han ido imponiéndose: no hubo la protección adecuada para los espectadores. Ni vallas, ni distancia, ni altura mínimas que los resguardaran de una eventualidad como la que se presentó. Esto lo sostienen peritos, así como la asociación de camionetas monstruo de Estados Unidos. Conforme avanzan los días se multiplican los cuestionamientos de la propia población. No se ha explicado por qué fue contratada como promotora la asociación –ahora dicen que no es empresa– Espectáculos Extremos de Chihuahua, si apenas tiene medio año de haberse constituido y tiene nula experiencia en este tipo de presentaciones. Además, entre sus socios figuran uno de los nuevos regidores del ayuntamiento de la capital y parientes de funcionarios priístas en el gobierno del estado.
En resumen, una tragedia que se pudo evitar si hubiera la responsabilidad y sensibilidad para pensar en la gente no sólo como masas de maniobra, como sostenedoras de proyectos políticos, sino también como personas, integrantes de familias, con sus propios sueños, amores y proyectos.
Por otra parte, los hechos de Loma Blanca vinieron a recordar que el ciclo de las masacres como la de Lomas de Salvárcar, del 30 de enero de 2010, no se ha terminado, a pesar de las autocelebraciones como las expresadas en el tercer informe del gobernador César Duarte. Aunque las estadísticas muestran una tendencia a la baja, la realidad de las ejecuciones, de las extorsiones, de las desapariciones forzadas, sigue mostrándose con terquedad en Chihuahua.
El Rejón y Loma Blanca son dos tragedias, fruto a su vez de una tragedia mayor: la de los malos gobiernos, de la regresión autoritaria que se ha apoderado de Chihuahua desde hace varios sexenios, resultado, a su vez, de las trampas priístas para recuperar el poder, de la incapacidad panista en el ejercicio del mismo, de la incompetencia de la izquierda para convencer a la ciudadanía y llegar a él.
Parafraseando a Lorenzo Meyer en su excelente libro Nuestra tragedia, puede decirse que Chihuahua es un minúsculo archipiélago de democracia en un océano de autoritarismo. Es éste el que permite que hasta ahora tan sólo el conductor de la camioneta haya sido vinculado al proceso y disfruten de toda impunidad las autoridades (ir)responsables de la seguridad del acto y la promotora. Es esta tragedia sociopolítica lo que hizo que acá se exacerbara la violencia de la guerra contra el narcotráfico. Son la corrupción y la incompetencia de las autoridades lo que hace de este estado una sociedad del riesgo, como bien dice Beck, en mucho mayor grado que otras entidades, pues elevan dramáticamente la exposición de las personas a la violencia, sea ésta intencional o imprudencial.
No sólo las autoridades elevan el nivel de riesgo de las personas; es también el imperio de la lógica de lucro de las empresas, como la que promovió el espectáculo del aeroshow. La no revisión previa de los vehículos, la no colocación de vallas y medidas de protección eficaces, el no seguimiento de las mínimas normas de seguridad, todo ello se hizo así para evitar gastos y elevar ganancias.
Lo peor es que hasta ahora la ciudadanía ha aprendido a nadar en ese proceloso mar de autoritarismo y corrupción. A las tragedias anteriores habría que sumar la de una población presa de una cultura política de conformismo, de resignación, de miedo, que permite que los autoritarios lo sean cada vez más, que los corruptos sean cada vez más impunes, que la incompetencia para gobernar no se castigue y que se premie sólo la capacidad de cooptar y hacer negocios desde lo público.
Sin embargo, una esperanza empieza a despuntar en el medio de tanta tragedia. Las redes sociales se han llenado como nunca de mensajes exigiendo que se aclaren los hechos y se deslinden las responsabilidades de los funcionarios y de la asociación promotora del show. Se inició una campaña a través de causes.com demandando justicia. Asimismo, en Facebook el sitio Fernando Velázquez Samaniego Inocente defiende al conductor y llamó a manifestarse frente a la presidencia municipal de Chihuahua. La manifestación real fue mucho menor que la virtual, pero ojalá se convierta en el motor de arranque de la indignación de los chihuahuenses ante tanta tragedia.
Fuente: La Jornada