A dos años de la desaparición de los normalistas, el caso continúa abierto y abundan interrogantes que las autoridades no aclaran
Por Zorayda Gallegos
1. El paradero de los normalistas
A dos años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa aún no se sabe claramente qué ocurrió con los jóvenes. Sus padres han acusado que la investigación hecha por la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) está plagada de irregularidades y continúan la búsqueda de sus hijos por todos los rincones del país. Pese a que han sido detenidas 130 personas –entre sicarios, cómplices o asociados del grupo criminal Guerreros Unidos, así como policías de Iguala y Cocula– la desconfianza de las familias en las autoridades se ha profundizado.
Durante estos dos años la investigación oficial se ha mantenido en la misma línea. La llamada “verdad histórica” del exfiscal Jesús Murillo Káram asegura que los 43 normalistas fueron llevados al basurero de Cocula para ser incinerados y después sus cenizas fueron arrojadas a un río. Sin embargo, el GIEI y el Equipo de Antropología Forense (EAAF) han cuestionado la versión oficial. El caso continúa abierto.
2. El fuego en el basurero
El fuego en el basurero de Cocula ha sido el punto más debatido en la investigación del caso Ayotzinapa durante estos dos años. La Fiscalía general ha sostenido la tesis de que los jóvenes fueron quemados en el basurero de Cocula por los sicarios de Guerreros Unidos. Sin embargo desde un principio el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) ha rechazado esta hipótesis. En un peritaje hecho por José Torero, experto en fuego -a petición del GIEI- se concluye que en el lugar no hay evidencias que demuestren que en ese lugar haya habido un incendio de la magnitud necesaria para incinerar ni un solo cuerpo. Además el GIEI hizo una revisión de imágenes satelitales y concluyó que no se encontraron rastros de algún incendio en el vertedero. El 27 de septiembre de 2014 sí hubo un incendio en Cocula, pero no en las coordenadas donde según la PGR afirma que fueron incinerados los jóvenes, afirmaron.
En abril de este año se dio a conocer un tercer peritaje -acordado inicialmente entre la PGR y los expertos de la OEA- que apuntaba a que en el lugar se registró un evento de “fuego controlado de grandes dimensiones” donde al menos 17 adultos fueron quemados.
3. La participación del Ejército
El papel del Ejército durante la noche de Iguala ha sido uno de los puntos más criticados. Se sabe que durante el 26 y 27 de septiembre los militares adscritos a esa zona monitorearon cada paso de los normalistas. En el centro de control (C-4), donde convergen autoridades municipales, estatales y federales, los soldados vieron en las cámaras el desplazamiento de los estudiantes y recibieron reportes de los ataques. Además uno de sus agentes infiltrados presenció la agresión a uno de los autobuses y tomó fotografías del hecho. Pese a que observaron la cacería que emprendieron los policías municipales, los militares se mantuvieron pasivos. El Ejército ha sostenido que la ley les impide actuar fuera de sus cuarteles si no es bajo el mando de la autoridad civil. De haberlo hecho, han justificado, los soldados hubiesen obedecido al alcalde de Iguala, coludido con el grupo criminal. El GIEI ha insistido en entrevistar a los elementos castrenses, pero el Gobierno mexicano se ha negado. “Independientemente de que el Grupo no haya podido entrevistar a los militares del 27 Batallón que estuvieron presentes en los hechos […] Los reportes de inteligencia, las bitácoras, las fotografías y los vídeos vinculados a los hechos no han sido incorporados a la investigación”, reprocharon en su último informe.
4. El origen de la agresión a los normalistas
Uno de los grandes misterios que encierra el caso Ayotznapa es la causa de la agresión a los jóvenes. Las autoridades han sostenido que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó a sus policías retener a los estudiantes porque temía que causaran disturbios durante un evento de su esposa. Una vez en poder de Guerreros Unidos, los sicarios confundieron a los normalistas con integrantes de sus rivales Los Rojos. Para los expertos independientes esta teoría no es verosímil. Ellos han expuesto que los estudiantes llegaron a Iguala después de que terminó el evento de la esposa de Abarca y que posiblemente durante la toma de autobuses retuvieron –sin saberlo- un camión que transportaba algún cargamento oculto de heroína. Esta conjetura explicaría la saña y la cacería despiadada que emprendieron esa noche los criminales y policías en contra de los jóvenes.
5. La participación de la Policía Federal
Una línea de investigación desvelada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en abril pasado involucra a dos policías federales. Según el relato, esa noche la policía municipal de Iguala detuvo a balazos uno de los autobuses donde viajaban entre 15 y 20 normalistas. Una vez que lograron someter a los jóvenes pidieron apoyo a los agentes de Huitzuco a fin de trasladarlos en sus patrullas. Cuando estaban subiendo a los estudiantes en los autos, llegaron dos unidades de la Policía Federal de las que bajaron dos agentes que preguntaron qué pasaba. “Allá atrás chingaron a un compañero. Se los van a llevar a Huitzuco. Allá que El Patrón (un presunto líder criminal) decida qué va a hacer con ellos”, le contestó un municipal. Los federales asintieron, según el relato de un testigo citado por la CNDH.
6. La tortura de testigos
En la investigación hecha por la PGR constan diversas diligencias practicadas a los inculpados del ataque a los normalistas. Los detenidos presentaron lesiones y golpes. Según los policías que los detuvieron se los provocaron ellos mismos. En el caso de Patricio Reyes Landa, uno de los sicarios acusados de haber matado a los estudiantes, sí se comprobó que fue víctima de tortura al sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Además el grupo interdisciplinario de la CIDH denunció que numerosos informes médicos recogían lesiones físicas en casi 80% de los detenidos La CNDH también ha informado que abrió 4 expedientes de queja por posible maltrato, 11 por detención arbitraria y 47 por la comisión de posibles actos de tortura.
7. El GIEI acusa obstrucción del caso
En su informe final el GIEI acusó dilaciones, obstrucciones y bloqueos del Gobierno mexicano al trabajo realizado en el caso Ayotzinapa. “La lentitud en las respuestas a las solicitudes del GIEI, la demora en la práctica de muchas pruebas, las respuestas formales y no sustanciales a muchas de las inquietudes, la no investigación de otras líneas de investigación, no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Muestran barreras estructurales”, expusieron en el documento presentado en abril.
Además el equipo de expertos ponía en duda la credibilidad de la investigación hecha por la Fiscalía y denunciaba que las conductas omisivas de los funcionarios públicos habían quedado sin investigar. Esto pese a que “ciertos agentes del Estado tienen una posición de garante, como es el caso de las fuerzas policiales y militares, que tienen el deber de proteger a los ciudadanos y cuya omisión puede constituir una violación de los derechos humanos”, denunciaban.
Fuente: El Pais
