María necesitaba dinero para su hijo, que sufre parálisis cerebral, y un vecino aceptó ayudarla a cambio de un “encargo”: llevar mariguana a la capital. Sin dimensionar la gravedad del delito, esta humilde mexicana aceptó y ahora purga una pena de 10 años en prisión.
Era la primera vez que lo hacía y María, nombre falso por seguridad de esta madre soltera de la empobrecida Chiapas, lo vio como un “ingreso para subsistir”, según recoge la organización Equis, que el año pasado entrevistó a 10 mujeres encarceladas en Oaxaca (sur) por posesión, venta y transporte de cannabis.
Sus perfiles son parecidos: mujeres pobres, muchas sin estudios, víctimas de contextos violentos y con hijos dependientes de ellas que se involucran en el eslabón más bajo del narcotráfico, generalmente para ser mulas, muchas veces por un familiar.
“Es muy lamentable lo duro que ha sido para una mamá que hoy está en prisión porque a lo mejor la encontraron consumiendo mariguana o con una cantidad mayor a la que está permitida legalmente”, dijo la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto al presentar al Senado una propuesta para legalizar el cannabis medicinal y aumentar de 5 a 28 gramos la cantidad legal que se puede portar.
En un giro a la política prohibicionista en un país azotado por la violencia del narcotráfico, Peña Nieto aseguró que uno de sus objetivos es despenalizar el consumo de la planta y se comprometió a que “queden en libertad” quienes estén procesados o sentenciados por tener menos de 28 gramos, haciendo énfasis en las penas “auténticamente desproporcionadas” a mujeres.
La AFP contactó a la Presidencia para tener más detalles de esta iniciativa, que podría ayudar a descongestionar las sobrepobladas cárceles del país, pero la dependencia no quiso hacer comentarios.
La propuesta se queda corta
“Muchas mujeres están detenidas por transporte de mariguana, no por consumo. Entonces, a grosso modo, no creo que sea un gran cambio para ellas. Habría que regular más allá y pensar en medidas alternativas a la cárcel”, estima Isabel Blas, de Equis, una ONG mexicana que colabora con la Washington Office on Latin America (WOLA).
Peña Nieto, de hecho, se comprometió recientemente a privilegiar alternativas al encarcelamiento que incorporen una perspectiva de género.
Es justo la petición que María hizo a su juez, preocupada por su hijo con parálisis.
Le dije “si me podía dar otra manera de sanción o arresto domiciliario o venir días acá para poder estar llevando a mi hijo a rehabilitación… y me dijo que el niño no tiene nada qué ver”, según su testimonio en el trabajo de campo de Equis.
Otra mujer en una situación parecida es Ana, una ama de casa que en 2015 cumplía un año y medio de prisión preventiva acusada de posesión de mariguana con fines de comercio después de que policías registraran su casa buscando a su pareja, presunto vendedor de drogas, y no lo encontraran.
“¿Cómo voy a denunciar al padre de mis hijas a pesar de lo que ha sido? Yo crecí sin papá y no quiero eso para ellas”, expresó Ana.
Entre las 10 mujeres entrevistadas por Equis hay tres analfabetas de más de 50 años.
“Si hubiera apoyo al campo…”
Rosa Julia Leyva, una mujer de 52 años de la Sierra de Guerrero (sur), compartió celda con siete mujeres encarceladas por mariguana en los más de 12 años que estuvo presa por haber transportado heroína víctima, asegura, de unos conocidos que la “engañaron”.
Muchas, como ella, no hablaban español. “Si esa gente, como yo, no hubieran tenido aislamiento sociocultural, si hubiera apoyo al campo, la gente no estaría sembrando amapola y mariguana”, dice a la AFP Leyva, convertida ahora en activista.
Un 80 por ciento de las mujeres encarceladas lo están por delitos relacionados con las drogas. Son mujeres sin antecedentes penales que están acusadas por un solo delito y que en un 91.6 por ciento de los casos no llevaba armas, según la Primera Encuesta en Prisiones Federales realizada por el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) en 2012.
Para Catalina Pérez, coordinadora de esta encuesta, “es una buena cosa que el presidente hable de acabar con penas injustas pero, a largo plazo, hay que cambiar también las prácticas policiales” de detención.
Entre 2006 y 2014, un 73.3 por ciento de los detenidos por delitos contra la salud a nivel federal fue por posesión y consumo de alguna sustancia ilícita (332 mil 182 personas), según cifras de la Fiscalía entregadas al CIDE.
