A las michoacanas de la región de Tierra Caliente ninguna autoridad las protegió de la delincuencia organizada, cuyos integrantes llegaron a considerarlas objetos de cambio o de préstamo. Al parecer, tampoco nadie las protegerá ante posibles agresiones que desate la reciente llegada del Ejército y la Policía Federal (PF) a la entidad.
Por Anaiz Zamora Márquez
Los municipios que conforman esta zona colindante con el estado de Guerrero son la fuente de trabajo y de ingresos de miles de mujeres jornaleras. Todas ellas, mexicanas de escasos recursos que habitan o se trasladan a los campos de cultivo para emplearse generalmente por un bajo salario; algunas son mujeres desplazadas a causa de la pobreza extrema en sus comunidades.
Desde 2002 a la fecha la entidad se ha convertido en bastión de la violencia y territorio de enfrentamientos entre distintos grupos del crimen organizado y del narcotráfico.
En 2006 Felipe Calderón decidió iniciar la “guerra” contra la delincuencia organizada en la entidad, lo que debilitó aún más a las autoridades locales y vulneró a sus pobladores, especialmente a las mujeres y año con año la situación empeoró.
Así lo relató “Rocío”, michoacana que se vio obligada a trasladarse al estado de Colima en agosto pasado a consecuencia de la inacción del gobierno estatal y federal, para garantizar su derecho a una vida digna.
“Antes teníamos miedo, a eso el gobierno local le abonó la incertidumbre”, dijo desde el exilio al referir que ella y sus compañeras con las que ha logrado comunicarse tenían temor de que la llegada del Ejército y la PF, lejos de mejorar la situación, derive en más agresiones en su contra.
Cabe recordar que el lunes pasado, luego de conocer los incidentes de violencia en los que fueron incendiados comercios y oficinas municipales y fue bloqueado el acceso al municipio de Apatzingán, los gobiernos federal y local firmaron un acuerdo de coordinación para la seguridad en Michoacán.
Para “restablecer la paz y la seguridad en Michoacán”, el lunes por la tarde llegaron a la entidad fuerzas federales que comenzaron por desarmar a las guardias comunitarias. Para la mañana del martes se denunció la muerte de tres civiles y un menor de edad.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, confirmó ayer que las fuerzas federales tomaron ya el control de la seguridad en 20 municipios de Michoacán, y se preveía que en las primeras horas de este viernes serían ocupados otros siete en la región sur del estado.
Población vulnerable
En ese contexto, “Rocío” expresó su preocupación ante la estrategia, relató que las comunidades que decidieron conformar autodefensas lo hicieron a raíz del hartazgo en el que vivían, y “lo que le pedíamos al gobierno es que nos protegiera de los malos, no que matara a nuestros compañeros”.
Recordó que en junio pasado “la gota que derramó el vaso” en el municipio minero de Aquila (región de la costa) fue que los delincuentes llegaban a las casas a llevarse a las mujeres y niñas para violarlas. Ante ello, la comunidad decidió organizarse y armarse para “hacer lo que las autoridades no hacían”.
De acuerdo con Circe López Riofrio, directora de la organización civil Humanas sin Violencia, asentada en Michoacán, las mujeres que habitan en Tierra Caliente enfrentaban la misma condición que las mujeres de Aquila.
Contó que su organización conoció los casos de mujeres jornaleras que eran secuestradas y violadas sexualmente por la delincuencia organizada, y también casos de mujeres agredidas por sus empleadores.
Estos grupos –contó– además de cobrar derechos de piso o cuota, como otra fuente de ingresos venden o explotan sexualmente a las mujeres. “Cuando algo va mal generalmente también se desquitan contra las mujeres”, explicó López Riofrio.
A lo que se sumaban otros tipos de violencia de los que debían defenderse: “Algunas decidieron armarse y aseguraban que matarían a quien quisiera agredirlas a ellas o a sus hijas; sabían que denunciar era una pérdida de tiempo”.
Por ello lamentó que la estrategia de seguridad se lanzara sin pensar que las mujeres están “en medio del conflicto”, pues si bien muchas apoyan a sus compañeros y existen casos de mujeres que decidieron incorporarse a las autodefensas, muchas de ellas –provenientes de otros estados– viven solas y no cuentan con el apoyo de la comunidad.
México –recordó Circe López– ha ratificado una serie de convenios para proteger a las mujeres en situaciones de conflicto, guerra o posguerra. Consideró que lo que pasa en la entidad puede calificarse como tal y que “México olvidó su compromiso” con las mujeres.
“No hemos tenido buenas experiencias cuando los militares o policías federales han llagado a otros estados; no hay formas de control para posibles agresiones contra las mujeres y cuando suceden tampoco hay sanciones; lo mismo puede pasar en Michoacán”, recalcó.
Resaltó que por el momento –y no se sabe hasta cuándo– Tierra Caliente está incomunicada, pues es muy difícil salir o entrar de la zona, lo que “es muy preocupante” ya que en las comunidades hay mujeres embarazadas que deben recibir atención médica “y no queda claro quién la brindará”.
Denunció que el Hospital General de Apatzingán fue cerrado temporalmente, “entonces no sabemos a dónde irán estas mujeres o quién está ahí para atenderlas”.
A lo que se suma que muchas de ellas viven de lo que producen o comercializan de los campos de cultivo, y al estar todo paralizado “indudablemente repercutirá en su economía”.
Por su parte, la activista y defensora de Derechos Humanos de mujeres indígenas Delia Villalobos, sostuvo que “la situación era insostenible para toda la población, pero en especial para las mujeres que están en medio de todos los enfrentamientos”.
Explicó que por ello se dio el surgimiento de gran parte de los grupos de autodefensa, por lo que para resolver el conflicto se debe considerar que cada comunidad enfrenta condiciones y necesidades distintas.
Advirtió que no se puede desplegar “sin una estrategia clara a las fuerzas federales”, pues las consecuencias más graves de las acciones las sufrirá la población femenina, que puede ver violados sus derechos sexuales y reproductivos, a la seguridad, dignidad y acceso a la justicia.
“Hasta ahora no existen alternativas para que las michoacanas puedan enfrentar las agresiones por parte de policías federales o militares”, puntualizó.
Fuente: CIMAC Noticias/ Foto: Revolución 3.0
