La madrugada del martes 13, durante la audiencia en la que Rosario Robles compareció como imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, Óscar Ramírez, uno de sus abogados, informó que el 27 de agosto de 2015 José Antonio Meade, su sucesor en la Sedesol, fue advertido en el Acta de Entrega-Recepción de las irregularidades detectadas en esa secretaría por la Auditoría Superior de la Federación… Pero éste no sólo encubrió las irregularidades de su antecesora, sino que dejó que el “esquema” de fraude siguiera operando. El 19 de febrero de 2017 Proceso publicó un reportaje que expone las características de esa trama de corrupción. Por su pertinencia, se reproduce a continuación.
Por Mathieu Tourliere/ Proceso
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desvió por lo menos mil 787 millones de pesos en 2015, año en que la dependencia fue encabezada sucesivamente por Rosario Robles Berlanga y José Antonio Meade Kuribreña.
Una revisión de las nueve verificaciones financieras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le practicó a la Sedesol sobre la cuenta pública de 2015 muestra que nada más en un “esquema de simulación de servicios” con tres universidades del Estado de México, la dependencia desvió 887 millones de pesos.
Parte del dinero desviado terminó en las cuentas bancarias de tres empresas asentadas en Torreón, Coahuila, y vinculadas entre sí. Las mismas tres empresas recibieron recursos de otro programa de la Sedesol, que consistió en la instalación de baños ecológicos en zonas marginadas. En total obtuvieron 334 millones 55 mil pesos de las dos maniobras –que no tienen nada que ver una con la otra– y la ASF “presumió” un vínculo entre estas empresas y la Sedesol.
Se trata de Matchser, S. A. de C. V., que recibió 74 millones 357 mil pesos en ambos movimientos; Srevint, S. A. de C. V., 163 millones 685 mil pesos, y Factores y Servicios Humanos, S. A. de C. V., que ganó 96 millones 13 mil pesos. De acuerdo con la documentación de las empresas, consultada por Proceso en el Registro Público de Comercio, las tres fueron registradas ante el mismo notario, Gustavo Muñoz Domínguez: Factores y Servicios Humanos el 17 de abril de 2009, y Srevint y Matchser los días 22 y 23 de abril de 2014, respectivamente.
Factores y Servicios Humanos está controlada por los empresarios laguneros Javier Ángel González Colsa; su padre, Javier Ángel González Ruiz, y Alejandro Islas González. Srevint y Matchser tienen como administradora única a Soraya Mexsen Jalife, quien comparte las acciones de la primera con Carlos Luis Alfonso González Ruiz, y de la segunda con María del Rosario González Jalife.
González Colsa aparece como socio de tres empresas en Torreón y ocho más en Gómez Palacio, Durango. En Coahuila fue socio del priista Antonio Juan Marcos Villarreal en la empresa Combustibles Integrales, S. A. de C. V., que ahora está cerrada por liquidación.
Empresario textilero, dueño del Grupo Denim –asentado en Gómez Palacio– e hijo de Salomón Juan Marcos Issa –exalcalde de Torreón–, Juan Marcos Villarreal fungió como secretario de Desarrollo Regional de La Laguna durante la administración de Humberto Moreira (…)
Impunidad garantizada
Los desvíos de los recursos de la Sedesol quedaron impunes gracias a la complicidad de su Órgano Interno de Control (OIC): la ASF determinó en la auditoría 288-DS que, “en general, no se promueven sanciones a los servidores públicos que han infringido la normativa” y que aquella entidad no supervisa los programas con mayores recursos ni investiga la “causa origen de los problemas”.
De las 18 auditorías que el OIC realizó en 2015 se derivaron 78 observaciones, que mostraron el mal uso de 938 millones 639 mil pesos. De este monto, el organismo apenas logró reincorporar 98 millones 938 mil pesos. En otras palabras: nueve de cada 10 pesos desviados se desvanecieron.
Y quedaron impunes: “Se identificó que en 38 observaciones que implicaron cuantificaciones monetarias, el OIC no promovió el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos que ocasionaron un daño o perjuicio al erario federal”, insistió la ASF.
De acuerdo con la ASF, los programas sociales que distribuyen las mayores cantidades de recursos escaparon al monitoreo del OIC. Entre ellos: los programas de Pensión para Adultos Mayores –dotado de 36 mil 707 millones de pesos–, de Comedores Comunitarios –3 mil 155 millones de pesos– y de Estancias Infantiles –3 mil 641 millones de pesos.
El OIC detectó deficiencias en el padrón de beneficiarios de programas sociales, pero no promovió sanción alguna. También desechó tres de seis expedientes relacionados con “recursos financieros aplicados a objetivos distintos de su programación”, y los tres restantes “continúan en investigación”.
A lo largo de 2015 los cuatro titulares del OIC de la Sedesol nunca abordaron las nuevas disposiciones establecidas en el Sistema Nacional Anticorrupción ni propusieron revisar los programas “susceptibles a posibles actos de corrupción, como es el caso de Prospera”.
Los propios trabajadores de la Sedesol, en la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional del ejercicio 2015 –a la que respondieron de manera anónima–, denunciaron que “en relación con temas de ética y prevención de la corrupción, se carece de acciones concretas y articuladas por parte de los mandos directivos”, recordó la ASF.
Desvíos absurdos
El 30 de enero de 2015 la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) de la Sedesol otorgó tres contratos –por 136 millones 85 mil pesos, 319 millones 121 mil pesos y 156 millones 478 mil pesos, respectivamente– a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Universidad Politécnica de Texcoco, para mejorar la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Las universidades, a su vez, transfirieron 97.7% de estos recursos a seis personas físicas y 12 personas morales “sin que existiera contrato o constancia que justifique los pagos y los servicios que no fueron otorgados”, precisó la ASF. Esto es ilegal, pues las universidades no tienen derecho a subcontratar más de 49% de los servicios.
Entre las beneficiadas de estos desvíos, según la ASF, se encuentran las empresas laguneras Matchser, Srevint y Factores y Servicios Humanos. A final de cuentas, los servicios no fueron prestados y el dinero se esfumó.
La ASF sostuvo, en su jerga, que el fraude consistió en “eludir el procedimiento de licitación pública y simular contratos con terceros, lo que ha provocado el ejercicio y desvío de recursos públicos a fines ajenos”.
Los contratos obligaban a las universidades a asumir el pago de los coordinadores técnicos sociales, quienes supervisan las obras realizadas con recursos del FAIS. Esta tarea no incumbe a la Sedesol, sino a los estados y municipios, de acuerdo con la ASF. Para ello la dependencia utilizó los recursos de la partida 44101, destinada a “gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria”, la cual no tiene nada que ver con los servicios contratados.
Los auditores realizaron visitas domiciliarias a cuatro proveedores, quienes “se negaron a proporcionar la información solicitada”. Se percataron posteriormente de que estas empresas “tienen actividades diferentes a los servicios solicitados”. Durante la auditoría, la Sedesol “no encontró” los “entregables” de las universidades, ni los supuestos informes de los trabajos de supervisión.
La ASF descubrió que, al final de la cadena, los mil 246 coordinadores técnicos sociales recibieron pagos por un total de 79 millones 410 mil pesos. En otras palabras, no hay manera de comprobar que los servicios fueron prestados, y aunque fuera el caso, la Sedesol habría pagado 532 millones 301 pesos en exceso.
El absurdo no termina aquí: en febrero, marzo, septiembre y noviembre de 2015 la Sedesol asumió el pago a los coordinadores técnicos –tarea que incumbía a las universidades– por un monto total de 89 millones 959 mil pesos.
Sumando todas las irregularidades y ampliaciones de contrato, el fraude costó 887 millones 37 pesos al contribuyente mexicano.
“Los rectores de las universidades manifestaron que el monto asignado a cada convenio y la elección de los proveedores para los supuestos servicios fueron definidos por el entonces titular de la UPRI o por personal dependiente de esa unidad administrativa”, informó la ASF.
En ese entonces, el titular de esta unidad era el priista Juan Manuel López Arroyo, quien fue nombrado delegado de la Sedatu en Puebla el 10 de enero (de 2017).
Oscuros despilfarros
De la muestra de mil 526 millones de pesos destinados a las partidas de “Servicios Generales” y “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas”, que la ASF revisó a lo largo del año pasado, fueron desviados 420 millones de pesos. De nuevo, la Sedesol utilizó cinco universidades: dos del Estado de México, dos de Chiapas y una de Zacatecas.
Las universidades subcontrataron los servicios que les encargó la Sedesol por un precio mucho menor. La Universidad Intercultural del Estado de México pagó 61 millones 222 mil pesos a dos empresas para levantar los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica en zonas rurales y semiurbanas, 49.3% del monto que le otorgó la Sedesol.
La Universidad Autónoma de Zacatecas contrató a dos proveedores por 90 millones 911 mil pesos, poco menos de la mitad de los 222 millones 720 mil pesos que obtuvo de la Sedesol.
La Universidad Politécnica de Chiapas recibió dos contratos de 200 millones de pesos cada uno, en los que la institución se comprometió a supervisar, monitorear y controlar los comedores comunitarios del Estado… de México.
Subcontrató empresas por 278 millones 400 mil pesos, lo que implicó una pérdida de 121 millones de pesos para la Sedesol.
Este caso es peculiar: la Sedesol afirmó ante los auditores que desconocía las operaciones de la universidad, pese a que cuenta con los convenios en sus archivos y pagó los 400 millones de pesos a la institución.
La Universidad Autónoma de Chiapas cobró 60 millones 952 mil pesos para coordinarse con la Sedesol en la operación de proyectos. Sus entregables resultaron de pésima calidad: información faltante, documentos con “tachaduras, borrones, enmendaduras y corrector en las fechas”, fechas que no corresponden o listas de asistencia sin fechas. Tampoco acreditó que realizó las 8 mil 400 acciones que se comprometió a efectuar.
De los mil 19 millones de pesos que la ASF auditó del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia se detectaron 55 millones 978 mil pesos erogados sin documentación justificativa y comprobatoria; y de los 593 millones 780 mil pesos del programa de Opciones Productivas se desviaron 65 millones 904 mil pesos –alrededor de 10%–, sobre todo debido al mal uso de los recursos por parte de la delegación de la Sedesol en Chiapas.
Zonas prioritarias… para la corrupción
Los programas que la Sedesol aplicó en las Zonas de Atención Prioritaria del país –los municipios en pobreza extrema– generaron desvíos millonarios por parte de las delegaciones en las entidades federativas.
De la compra e instalación de techos de lámina, parte del programa “Techos Fijos” de la Sedesol, fueron desviados por lo menos 160 millones 635 mil pesos –17% del presupuesto del programa–, de acuerdo con la auditoría 287-DS.
La ASF señaló que ninguna de las delegaciones de la Sedesol instrumentó “acciones de control y seguimiento” y varias incurrieron en serias irregularidades. Un ejemplo: en Chiapas hubo 632 inconsistencias –por un costo de 33 millones 264 mil pesos– y un posible “uso indebido para fines electorales” de los techos en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.
La Sedesol aseguró que mejoró 110 mil 562 viviendas, cifra que contradijo su propio padrón, en el que quedan registradas 83 mil 311 viviendas atendidas en enero de 2017. Aun así, en el padrón “se determinaron inconsistencias que (les) restan confiabilidad y veracidad”, subrayó la ASF.
En el caso de la instalación de 15 mil baños ecológicos en distintos municipios del país, la Sedesol gastó 580 millones de pesos, 240 millones 262 mil de los cuales fueron desviados. Un consorcio, integrado por las empresas BPG Ingeniería, S. A. de C. V.; Grupo Daxme, S. A. de C. V., y Muebles y Mudanzas, S. A. de C. V., le cobró a la Sedesol 38 mil 600 pesos por la instalación de cada escusado, cerca de tres veces el precio unitario –13 mil 839 pesos– de estos retretes, fabricados por la empresa Rotoplas.
La ASF descubrió que el consorcio elaboró un esquema fraudulento de facturación y de “simulación de las operaciones”, con el que desvió 206 millones de pesos hacia 21 empresas y siete personas “ajenas y desvinculadas a los servicios solicitados por la Sedesol”; entre ellas las tres mencionadas empresas laguneras.
Total, “de 50 visitas realizadas para constatar la instalación de los baños ecológicos, se observó que en 25 casos no se encontraban en uso por diversas razones, entre las cuales se encuentran que el agua se regresaba por falta de declive; los tinacos presentaban filtraciones; por mal olor, etc., por lo que los beneficiarios los utilizaban como bodegas”, deploró la ASF.
Y en la instalación de 21 mil 292 sistemas de recolección de aguas pluviales, en los que la Sedesol pagó 580 millones de pesos, se desviaron 98 millones 117 mil pesos, en pagos indebidos.
La ASF no sólo constató e investigó los desvíos de recursos; también analizó las deficiencias estructurales en el desempeño de los programas de la Sedesol, las cuales explican el fracaso del gobierno federal en combatir la pobreza.
Para empezar, el órgano fiscalizador detectó severas fallas en la integración del Padrón Único de Beneficiarios, lo cual “repercute en que 55.3 millones de personas en situación de pobreza no sean atendidas con eficacia y eficiencia por la persistencia de la inadecuada focalización de los lugares, comunidades y beneficiarios que más necesitan la atención del Estado; la ineficiencia y falta de transparencia en la asignación y la aplicación de los recursos federales; y el incumplimiento de los objetivos de desarrollo social”, sentenció el órgano fiscalizador.
La ASF deploró, por ejemplo, que en 2015 persistieron “las deficiencias en el diseño” de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), la estrategia “estrella” de erradicación del hambre que lanzó y promovió la administración de Enrique Peña Nieto en los primeros dos años del sexenio.
Estas fallas “limitaron garantizar el acceso a la alimentación y a los demás derechos sociales a la población que se encontró en pobreza extrema alimentaria, así como la erradicación de dicha condición”, sostuvo el órgano fiscalizador. En consecuencia, la CNCH sólo atendió a 60% de la población que padece hambre y dejó fuera a 2 millones 467 mexicanos (…)
Fuente: Proceso
