Por Salvador del Río
Testigos protegidos, falsas acusaciones, uso faccioso de la justicia, quedan al descubierto con las pifias judiciales de la anterior administración
Fue generoso el Presidente Enrique Peña Nieto al calificar la liberación del ex fiscal especial para la delincuencia organizada, Noé Ramírez Mandujano, sólo como una lección para que los responsables de los órganos de procuración de justicia se conduzcan con profesionalismo y basen futuras acusaciones en fundamentos sólidos.
En ese juicio sobre el escandaloso caso del ex funcionario de la Procuraduría General de la República que pasó más de cuatro años en la cárcel acusado de supuestos nexos con el narcotráfico se pone de manifiesto la decisión del jefe del Ejecutivo por tratar con clemencia los yerros, abusos de poder y el empleo faccioso de la procuración de justicia, que sin embargo del compromiso que Peña Nieto haya podido establecer, están a la vista de la opinión pública y por ella están siendo juzgados, a reserva de que lo fueran en el terreno judicial.
Si ya en el propio gobierno de Calderón se conocieron no pocos casos de fabricación de delitos con la utilización de los llamados testigos protegidos como el del famoso “michoacanazo” que llevó a la cárcel a una treintena de personas finalmente declaradas inocentes, el que ahora aparece con la liberación de Ramírez Mandujano es una confirmación de una práctica sostenida durante todo el gobierno de Calderón para justificar las formas en las que se desplegaba la guerra contra la delincuencia que costó al país más de setenta mil muertes.
Aún con la voluntad de no atacar al gobierno calderonista, la actual administración estará obligada a actuar en consecuencia con la determinación del juez que liberó al ex fiscal contra la delincuencia organizada al dar vista a la Procuraduría General de la República de su resolución e instar al órgano de procuración de justicia a investigar a los funcionarios responsables de la acusación y el proceso contra Ramírez Mandujano. Es decir, la PGR podrá –y deberá—proceder en contra de esos responsables.
Hay otros casos judiciales igualmente reveladores de la forma en que el gobierno de Calderón quiso hacer justicia, que no quedan en simples yerros o métodos desaseados para fundamentar acusaciones. El caso del ex fiscal Ramírez Mandujano, apresado junto con más de una decena de funcionarios de la dependencia a su cargo, fue para el gobierno de Calderón emblemático de la llamada “operación limpieza” que presentó, incluso ante las autoridades de Estados Unidos como una batida para acabar con la complicidad de altos mandos de las policías y las procuradurías con las redes del narcotráfico.
Para hacerlo, la Procuraduría General de la República acudió al discutible y criticado expediente de presentar declaraciones de testigos a quienes se compensa con dinero o reducciones de penas como pruebas de la culpabilidad de los involucrados en las acusaciones. Delincuentes en proceso o sentenciados en su mayoría, los testigos protegidos deponen ante los juzgadores cuanta denuncia o versión se les ordene, pero sus testimonios son tomados como elementos centrales, definitivos, casi únicos, en los juicios.
La utilización indebida de testigos protegidos queda de manifiesto en muchos otros casos similares al de Ramírez Mandujano, como es el del general Tomás Ángeles Delaware, ex subsecretario de la Defensa Nacional, acusado de nexos con el narcotráfico y contra el cual la Procuraduría General de la República declinó, en el comienzo de la presente administración, ratificar la acusación luego de haber llegado a la conclusión de la falsedad de las declaraciones de los llamados testigos protegidos. Con ello, el general Ángeles está, como el ex fiscal Mandujano, a punto de abandonar la prisión.
La benevolencia al calificar el caso de la liberación de Ramírez Mandujano y la que se adopte en otros como el del general Ángeles no exonera a la administración de Felipe Calderón, ni en última instancia al propio ex presidente en el juicio de la ciudadanía, que en rigor debía extenderse al ámbito de la justicia a secas ante los tribunales correspondientes.
* Salvador del Río. Periodista y escritor mexicano
Fuente: Alainet.org
