Olga Sánchez Cordero, quien desde el próximo diciembre despachará como secretaria de Gobernación, tiene por delante tareas titánicas. Una de ellas es dar solución a las decenas de miles de casos de desapariciones forzadas, hacer la consecuente justicia, dar respuesta a los familiares de las víctimas, así como recuperar la gobernabilidad que se ha perdido ante los embates del crimen organizado.
Por Patricia Dávila/ Proceso
“El Estado está rebasado para dar respuesta a lo que pasó con cada uno de los desaparecidos y para dar nombre a todos los cuerpos no identificados”, afirma Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación y a quien le tocará, según sus palabras, pacificar el país, encontrar a los cientos de miles de desaparecidos, hacer justicia a las víctimas y recuperar la gobernabilidad que el Estado ha perdido ante los embates del crimen organizado.
Para recuperar la gobernabilidad, Sánchez Cordero le apuesta a los programas anunciados por Andrés Manuel López Obrador, como “Sicarios no, becarios sí”, legalizar la mariguana y otorgar amnistía, a los que ella añade blindar la frontera para que no entren armas ilegales, desarmar a los cárteles, crear comisiones de la verdad regionales y otras para casos específicos –como Nochixtlán, Tlatlaya y Ayotzinapa– y reforzar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Entrevistada el miércoles 1, Sánchez Cordero cuenta: “Tenía idea de la situación tan verdaderamente trágica, tan delicada, tan compleja que viven muchas familias en este país, pero no había dimensionado en toda su magnitud la tragedia nacional, hasta que me entrevisté con integrantes de colectivos, básicamente mujeres, madres que buscan a sus hijos. ¡Es dramático!”
Refiere que las cifras oficiales indican que en los dos últimos sexenios hubo 40 mil desaparecidos. Sin embargo, tiene información según la cual sólo en Veracruz fueron 20 mil, lo mismo que en Tamaulipas. Sumadas estas cifras a las del resto del país, los desaparecidos podrían ser más de 300 mil.
Las víctimas “quieren una respuesta del Estado; no sólo quieren que el Estado los acompañe, sino que haga algo. La queja es que las autoridades no hacen nada. Me dicen: ‘Hemos empujado la Ley de Víctimas, la Ley de Desapariciones y de Desaparición Forzada, hemos creado la Comisión de Víctimas y la de Búsqueda’. Obviamente hay una voluntad de atender esta demanda de verdad y justicia, la demanda más importante.
“En este momento, la palabra clave de toda la sociedad mexicana es esa: justicia. Justicia social como la que está ateniendo Andrés Manuel, con mejor redistribución del ingreso, pero también justicia para las víctimas del crimen. Andrés Manuel me ha dado carta abierta para transitar en una justicia que dé respuesta a las víctimas.”
Explica: “Se ha criticado mucho la Ley de Amnistía. Tendrá que ser resultado de un proceso de escucha, de los foros –que por instrucciones de López Obrador atenderá Loretta Ortiz– que vamos a inaugurar el 7 de agosto en Ciudad Juárez. La Secretaría de Gobernación va a tener la tarea de dar la respuesta del Estado a las tragedias vividas por la población, como en Ayotzinapa, Nochixtlán, Tlatlaya, las fosas de Morelos, de San Fernando y otros muchos eventos paradigmáticos y significativos; también el reclamo de las víctimas de obtener verdad, justicia, reparación y no repetición. Implica una política púbica donde se vayan creando comisiones. Yo le apuesto a comisiones de la verdad regionales para las desapariciones. Y a comisiones particulares, léase Ayotzinapa, Nochixtlán o Tlatlaya”.
Fragmento de la entrevista publicada en Proceso 2179, ya en circulación.
