Por Víctor M. Quintana S.
Hasta los aparatos de inteligencia con más bajo IQ hubieran previsto lo que hoy sucede en Michoacán, sobre todo en la Tierra Caliente. Sólo el aparato de inteligencia del Estado mexicano o no lo previó, o no supo, o no aconsejó a quien toma las decisiones para actuar con la debida oportunidad.
Van aquí unas pistas que pueden servir como referentes para leer lo que sucede en tierras michoacanas pero que implica a todo México.
El Estado mexicano ha estado ausente de esta región desde hace mucho tiempo. No es que los cárteles llegaran de pronto a la Tierra Caliente y expulsaran a las instituciones de Gobierno y doblegaran a las fuerzas del orden. No, la presencia del Estado como promotor del desarrollo, garantizador de empleos y de mínimos de bienestar hace mucho que se dejó de sentir por acá, tal vez, desde los años inmediatamente posteriores al cardenismo. El Estado no sólo son policías y soldados, son hospitales, bancos de desarrollo, escuelas, centros comunitarios, programas de extensión agrícola, etc.
Los vacíos de poder que el Estado fue dejando se ocuparon, unos, por la propia iniciativa de la sociedad civil. Como en muchas partes del campo mexicano, al retirarse el Estado del financiamiento, regulación y compra de la producción agrícola, los propios productores lo fueron haciendo a través de sus iniciativas y organizaciones. Y muchos de los servicios que dejaron de prestar las instituciones estatales los cubrió la población con sus propios recursos, sobre todo con los provenientes de las remesas, de los migrantes a los Estados Unidos. Hay que recordar que Michoacán es una de las entidades con mayor población migrante y a la vez, más organizada.
Sin embargo, otros vacíos de poder fueron ocupados por el crimen organizado. Los grupos criminales fueron penetrando en las poblaciones y a los pobladores atraídos por varios posibles botines: la riqueza de la producción de aguacate y de limón, mucha de ella orientada a la exportación; la cercanía de yacimientos y explotaciones mineras, sobre todo de hierro; la posición estratégica de la Tierra Caliente cercana al puerto de Lázaro Cárdenas, vital para la recepción y envío de mercancías al Extremo Oriente, tanto lícitas, como ilícitas: hierro robado y precursores de drogas sintéticas.
Invadidas por el crimen organizado las comunidades de Tierra Caliente no acuden en primera instancia a un Estado ausente. Se apoyan en un grupo regional de pistoleros para hacer frente a los cárteles de Sinaloa y los Zetas. Se forma así “La Familia Michoacana” como una respuesta paralegal, paramilitar a la delincuencia externa.
Cuando la Familia Michoacana controla el territorio exclusivamente y empieza a delinquir y a actuar en contra de las comunidades, se forma otra organización para acabar con ella, también con fuerte connotación religiosa: “Los Caballeros Templarios”. A pesar de su discurso que habla de ética y de código de conducta, pronto los templarios superan a la Familia en poder de fuego, control territorial y diversificación de actividades delincuenciales. No sólo se dedican al tráfico de drogas; extorsionan, se quedan con el producto de las huertas de limón y aguacate, exportan hierro a China, practican el tráfico de personas.
Se genera así en esta parte de Michoacán, un “Estado criminal paralelo”, ante el cual las instituciones estatales se muestran impotentes o actúan con tolerancia, sumisión o de plano, con complicidad. Ese Estado criminal controla casi todos los aspectos de la vida de las personas y va desintegrando las comunidades. Hartas de la ausencia del Estado y del acoso cotidiano de la delincuencia, las comunidades empiezan a organizarse en las autodefensas, que no sólo están en las zonas rurales, también en las pequeñas ciudades, y cuentan con un gran apoyo de la población, de los empresarios agrícolas y de redes de migrantes en los Estados Unidos, lo que les da capacidad de maniobra y poder de fuego. Fortalecidas y articuladas entre sí, las autodefensas emprenden una fuerte ofensiva contra los Templarios y están a punto de tomar el centro de mando de éstos, Apatzingán, cuando, extrañamente, se da la intervención masiva del gobierno federal.
La intervención federal es tardía y paralegal. Revela que el Operativo Conjunto Michoacán puesto en marcha por un Calderón a quien la casaca militar le venía grande desde el principio de su mandato, fue un absoluto fracaso. Constituye una desaparición de poderes de facto pero sin los límites legales que marca la Constitución. Consagra a Castillo Cervantes como el plenipotenciario real y el gobernador informal de Michoacán. Ahora se habla no sólo de restablecer a seguridad, sino relanzar el desarrollo, frase que tiene ecos de aquella intervención federal, también tardía, costosa y muy poco efectiva que Calderón lanzó luego de la matanza de Villas de Salvárcar: Todos somos Juárez. En todo caso, la experiencia anterior suscita muchas dudas sobre la eficacia del operativo actual. No se pueden resolver en unas semanas o meses los efectos de una ausencia prolongada del Estado y un deterioro también muy prolongado de la sociedad.
