Por Hermann Bellinghausen
Sirva de préstamo el título de la bienamada novelita de José Emilio Pacheco para hacer referencia a otro tipo de agridulces batallas: las acciones y reflexiones que, hace ya varios años, emprenden sin reposo el pueblo wixárika en su conjunto, sus autoridades tradicionales, y un significativo y respetable grupo de científicos, juristas, artistas, activistas y amigos del citado pueblo indígena, del desierto de Wirikuta, o de los dos. Enfrentan rivales formidables: algunas de las mineras más poderosas del orbe (con tentáculos y recursos ilimitados para hacer, deshacer y mentir impunemente) y todo el peso del Estado mexicano (aunque para fines escenográficos pululen actores amigables en la labor de zapa que necesita el poder cuando enfrenta mayor resistencia de la prevista). No se minimice la presencia, en todos los alrededores del desierto, de bandas criminales, en particular por el lado de Zacatecas; como quien no quiere la cosa, en otras latitudes ellas han abierto paso a las mineras, pum pum.
El tesoro de Wirikuta es biológico, arqueológico, histórico, cultural, sagrado, en un territorio habitado por campesinos tan abandonados por el Estado como casi todos los demás campesinos. Más se esfuerza el gobierno de repartir estímulos a sus aliados y así dividir familias y comunidades, que en cumplir sus obligaciones sociales, agrarias y de respeto a los derechos humanos. Este caso se puede ver como un lienzo que, en su condición paradigmática, simboliza la partida de madre que le están poniendo a México sus administradores y los concesionarios y patrocinadores de ellos. Están dispuestos a pagar bastante; así han de ser las ganancias que esperan obtener del oro y la plata que aquí abajo yacen en santa paz, en suelos que no les pertenecen.
Una de sus mentiras favoritas es que el desierto potosino tiene vocación minera. Manoseado lugar común para justificar la extracción subterránea y a cielo abierto, dicen sus defensores contra los argumentos de First Majestic Silver (una de las dos grandes trasnacionales canadienses que aquí han hincado el diente; la otra es Revolution Resources) y algunos pobladores locales encandilados. En este desierto hubo bonanza minera. Basta visitar Real de Catorce y los pueblos fantasmas para ver cómo dejaron la región. Y eso, con técnicas de extracciones más primitivas y menos agresivas que las que se avecinan si Wirikuta se pierde. Es ridículo pensar que los mineros tienen el objetivo de resolver las necesidades económicas de la región, expresa Wirikuta, defensa del territorio ancestral de un pueblo originario (2013), que reúne documentos, estudios y testimonios de especialistas.
Bajos ingresos, desempleo, traiciones institucionales, emigración, sequías. Los pobladores del desierto se las ven canijas. Sabedores, empresas y gobierno funcionan como relojito. En un ejemplo a nivel local, las primeras financian la campaña priísta del presidente municipal (Héctor Moreno se llama), ahora en funciones, y este deviene un aliado tan firme que hasta sale contratista de las empresas (las cuales tienen fachadas autóctonas, como Real Bonanza; los trucos no son nuevos, lo novedoso es su voracidad). Así funciona allá arriba la maquina de hacer negocios que dizque favorecerán a la población local, cuento que pocos se tragan.
La mesa técnico-ambiental de Frente en Defensa de Wirikuta, ante el estudio previo justificativo y proyecto de decreto de la reserva de la biósfera Wirikuta, caracteriza el lugar con una notable riqueza de hábitats, presencia de especies raras, amenazadas y endémicas, y una flora y fauna cuya conservación es de trascendente importancia para mantener la resiliencia de la biodiversidad local y regional frente al cambio climático. También constituye una unidad territorial sagrada e indivisible.
Las insistencias del poder se permiten ignorar ciertas leyes, o maquillar y reformar reglamentos, aún contra voces autorizadas como el ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para quien son ilegales todas las concesiones dadas durante años en la zona, además de resultar violatorio de los derechos humanos fundamentales de los habitantes y del pueblo wixárika cualquier trabajo minero, dada la afectación al medio ambiente y a la salud que producen estos proyectos (ibíd.). La repartidora de casi cien concesiones ha sido la secretaría de Economía, con la colaboración de las de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Gobernación, los programas de titulación de predios para posibilitar su venta (como Procede), las procuradurías del ramo, las comisiones nacionales del Agua y de Pueblos Indígenas, y de ahí para abajo.
La mesa técnico-ambiental postula que es ineludible que el gobierno federal tome las medidas pertinentes para la cancelación definitiva de las concesiones, la suspensión inmediata de toda actividad minera en el área y la restauración de los sitios afectados por la exploración y la explotación minera.
Fuente: La Jornada
