Durante nueve meses, el juez Samuel Ventura Ramos tuvo por lo menos 15 pruebas documentales que implicaban a Gildardo López Astudillo en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aun así ordenó su liberación. Proceso hace una glosa de las declaraciones de algunos de los implicados de Guerreros Unidos –el grupo criminal al que pertenece López Astudillo– y de cómo las desestimó el impertérrito juzgador.
Por Patricia Dávila/ Proceso
Hace nueve meses Samuel Ventura Ramos, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, recibió 15 pruebas documentales, entre ellas una obtenida por la DEA, las cuales demostraron que Gildardo López Astudillo, Cabo Gil o Vaquero, tuvo una participación esencial en lo sucedido a los estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Aun así, el 31 de agosto pasado le abrió las rejas del penal del Altiplano y lo dejó en libertad.
De acuerdo con documentos consultados por este se semanario, el 5 de noviembre de 2018 el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) (hoy Fiscalía), ofreció como prueba de la culpabilidad del Gil varias documentales públicas consistentes en la contestación certificada de autoridades estadunidenses, en respuesta a una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional formulada por el gobierno mexicano.
Se ofreció la acusación de la causa número 14 CR 705 del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Illinois del 18 de abril de 2017, a través de la cual se ejercitó acción penal en aquel país contra ocho presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos.
El 12 de junio siguiente se agregó otra acusación a la misma causa y se entregaron las transcripciones de los mensajes realizados mediante aparatos de telefonía celular (BlackBerry), correspondientes al PIN 2A0AA879, asignado al usuario alias Silver, y el PIN 3329D00E, a Pablo Vega Cuevas; todas debidamente apostilladas.
De acuerdo con el documento consultado, las “pruebas desahogadas en el extranjero merecen valor probatorio en el procedimiento penal cuando se acredite que fueron obtenidas de acuerdo con las reglas que dispone el sistema jurídico nacional –México, o las que rigen en el país de origen, en este caso Estados Unidos–”. Es decir, que en todo momento se respetaron los derechos humanos de las personas que presentaron su declaración.
La FGR argumentó al juez Ventura Ramos que esas pruebas resultaban idóneas para acreditar la existencia del grupo delictivo Guerreros Unidos, así como la pertenencia de Gildardo López Astudillo a él, ya que, del contenido de la acusación formulada en Estados Unidos contra los integrantes de esa agrupación, se advertía la relación de actividades delictivas por parte de los inculpados.
Además, los datos que se desprenden de las comunicaciones interceptadas tienen estrecha relación con los hechos –de la desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero–, al haber clara relación de algunos de los aspectos contenidos en las comunicaciones con lo acontecido en agravio de los estudiantes.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2236, ya en circulación)
