La iniciativa, que incluye propuestas ciudadanas contra la impunidad, fue presentada este jueves, justo al cumplirse seis meses de la desaparición de los 43 normalistas.
Una treintena de organizaciones civiles y académicas se aliaron para crear una propuesta de agenda contra la impunidad en respuesta al decálogo para la seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, presentado en noviembre pasado, y lasocho acciones ejecutivas contra la corrupción lanzadas en febrero, que resultan insuficientes ante la dimensión de la crisis en México.
Esta iniciativa llamada “La sociedad responde” será presentada este jueves 16 de marzo, justo al cumplirse seis meses de ladesaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, punto de quiebre en una crisis que incluye otras violaciones graves a derechos humanos como las ejecuciones en Tlatlaya.
A esto se suma otro problema como la corrupción en el gobierno, luego de conocerse el presunto conflicto de interés por parte del presidente Enrique Peña Nieto y su círculo más cercano con el Grupo Higa, revelados en la investigación periodística de una casa en Bosques de las Lomas, propiedad de la primera dama, Angélica Rivera.
Las organizaciones sociales consideran que las violaciones a derechos humanos y la corrupción siguen ocurriendo debido a la impunidad que priva en el Estado. Para erradicarla, la sociedad civil organizada puede contribuir, al pasar de la denuncia a las propuestas de solución.
La iniciativa que usará el hashtag #LaSociedadResponde, incluye proponer reformas legislativas, “generar nuevos y más profundos controles civiles sobre fuerzas armadas, investigar de manera efectiva las ejecuciones extra judiciales, resolver la grave crisis de desapariciones que arrastra México y crear mecanismos de combate a la corrupción”, advierte Diego de la Mora, coordinador de presupuestos y políticas públicas de Fundar Centro de Análisis e Investigación.
La iniciativa liderada por Fundar y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pretende “intervenir en el debate público para colocar agenda de la sociedad civil frente a crisis de impunidad, corrupción y violaciones derechos humanos que vive el país”, agrega.
El acto se realizó este jueves con dos mesas de análisis en las que discutirán 20 propuestas respecto a los dos ejes principales. Al final, elaboraron el documento con las “propuestas de la sociedad civil frente a la impunidad, la corrupción y las violaciones a derechos humanos que enfrenta México”.
En la primera mesa participaron Jacqeline Peschard, ex comisionada presidenta del IFAI e investigadora de la UNAM, y Javier Hernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
En un artículo publicado este lunes, Peschard advierte que los decálogos del presidente son“ débiles e insuficientes”, aunado a la “falta de sensibilidad” por parte del gobierno federal ante la crisis, como quedó en evidencia durante la gira de la familia presidencial en Londres, marcada por los excesos.
“Resulta ingenuo pensar que la resquebrajada confianza ciudadana en nuestras instituciones puede regenerarse con la instrucción de que se rindan informes sobre los avances de las reformas estructurales, ignorando que a la descomposición política se han agregado los datos del estancamiento económico”, afirma Peschard.
Por ello, impulsar la transparencia y rendición de cuentas como un aspecto obligado en las tareas de todos los órdenes de gobierno será un eje fundamental en esta iniciativa ciudadana, asegura De la Mora.
“La transparencia puede ayudar a disminuir la corrupción porque el acceso a la información es el primer paso hacia la rendición de cuentas”, que permitirá sancionar a los responsables y generará “la corrección del mecanismo” corrupto.
En la presentación del proyecto participaron especialistas como Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Rodríguez Garavito, director del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y miembro fundador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia); Christian Gruenberg, miembro fundador del Colectivo para la Diversidad (COPADI) y de la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto y Mauricio Merino, director de la Red por la Rendición de Cuentas, entre otros.
Fuente: Animal Político
