La iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza detectó que en febrero pasado aumentó el gasto que se destina a programas sociales, y eso, subrayó, podría explicarse por el uso que se da a esos recursos en tiempos electorales.
Ante tal panorama, puso a disposición de los ciudadanos el sitio web: www.democraciasinpobreza.mx, para recabar denuncias ciudadanas que evidencien el uso electoral de los programas sociales.
Durante la presentación de la plataforma digital, el coordinador de la iniciativa, Alberto Serdán Rosales, refirió que hasta febrero pasado la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) registró un incremento de 21% de su gasto neto ejercido, es decir, 28 mil 51 millones de pesos.
Se trata de la segunda cifra más alta desde 2009 en lo que corresponde al gasto neto ejercido por la dependencia a cargo de Rosario Robles, señalada por presuntos desvíos de recursos.
Sobre Diconsa, la red de abasto rural más grande del país, la iniciativa encontró en el mismo periodo un aumento de 31% (3 mil 443 millones de pesos) respecto del mismo mes de 2017.
Y en lo que corresponde a la Coordinación Nacional de Prospera, se documentó un incremento de 34%, el más grande desde 2009, con 19 mil 132 millones de pesos gastados hasta febrero de este año. En 2017 el gasto neto ascendió a 14 mil 245 millones.
“El actual sistema de programas sociales está diseñado para el clientelismo, para la compra y coacción del voto. La política social no está diseñada para superar la pobreza, no está enfocada en los derechos, en el desarrollo productivo, y ese es el cambio de política social que debe darse”, denunció Serdán Rosales.
Además, el colectivo identificó una “ruta del uso electoral de programas sociales” y con ello una “desestabilización” de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Auditoría Superior de la Federación.
De manera especial se encontró un constante “torpedeo” entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, puntualizó el también académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Esta mañana, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentó ante los medios de comunicación su proyecto “Democracia Sin Pobreza, sí queremos”, consistente en un llamado a la ciudadanía para que denuncie, a través de su plataforma digital, el uso de programas sociales con fines electorales.
Pero, además de los reportes ciudadanos, los participantes del proyecto efectuarán un monitoreo en campo en cinco estados con altos índices de pobreza (Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz y el Estado de México) y tendrán interlocución con autoridades electorales como el INE y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Lo que pretendemos combatir es el uso de programas sociales con fines electorales, que en México se ha convertido en una práctica común de todos los partidos políticos, concluyó Serdán.
Fuente: Apro
