Durante estos años los intelectuales católicos han exaltado un falso debate entre laicidad, política y religión. De manera muy escueta establecen: a mayor laicidad, menos libertades religiosas. Por el contrario: a mayores libertades religiosas, menos laicidad.
Este planteamiento simplista que circula en las sacristías ilustradas no contempla o no quiere reconocer que es justamente la laicidad del Estado la que garantiza el sistema de libertades ciudadanas. Creyentes y no creyentes viven en un entorno de respeto y equidad. A partir de las reformas de 1992 las iglesias han prosperado bajo un marco jurídico laico más abierto y tolerante que ha permitido su desarrollo, en especial el de las iglesias evangélicas.
Este debate se ha reabierto a raíz de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó a dos cardenales –Juan Sandoval Íñiguez y Carlos Aguiar Retes– y a dos clérigos –Mario Ángel Flores y el legionario Ángel Espinosa de los Monteros– por llamar a votar contra el partido en el gobierno.
En un comunicado el episcopado cuestionó enérgicamente la resolución del tribunal diciendo: “No compartimos los razonamientos expresados por el TEPJF pues consideramos que son violatorios de uno de los derechos humanos más importantes en un Estado democrático, la libertad de expresión”. Por tanto, no importan las prohibiciones en el comportamiento electoral de los religiosos, sancionado por los artículos 130 y 24 constitucionales y penado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Toda la normatividad del Estado laico mexicano vulnera los derechos de expresión consagrados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En la historia de las ideas la laicidad emerge como una concepción particular de relación entre política, religión y libertades. Se asocia generalmente a la histórica ruptura entre el Estado y la Iglesia Católica impulsada por los liberales en el siglo XIX. La construcción del Estado moderno tiene a Juárez como su emblema y la separación Iglesia-Estado como el paso más trascendente del liberalismo. Sin embargo también se le agrega a una ideología anticlerical. Hay un riesgo reduccionista: la laicidad se convierte en laicismo antirreligioso que pretende restringir a las iglesias del espacio público y recluir las creencias religiosas al ámbito privado.
Se abre, ahora, de nuevo el debate de una disyuntiva ficticia. No es un problema de hermenéutica jurídica sino de históricas aspiraciones de la Iglesia Católica y ahora de ciertos grupos pentecostales. Dicho debate se expresó hace 10 años cuando la Iglesia Católica quiso introducir una contrarreforma al artículo 24 constitucional en torno a la libertad religiosa. Carlos Aguiar Retes, entonces presidente de la CEM, apoyado por el presidente Felipe Calderón y por el candidato priista Enrique Peña Nieto, pujó por un proyecto de reforma constitucional plegado a los intereses de la jerarquía católica. Se debatió en la opinión pública de aquel entonces la reconfesionalización de la clase política.
En el proyecto original de la reforma, presentado en diciembre de 2011, se concedía a la Iglesia impartir religión en las escuelas públicas, poseer medios de comunicación, participar abiertamente en política, lo que comprendía los procesos electorales, entre muchas otras concesiones.
El debate sobre la laicidad siempre es álgido. No sólo se revela como un concepto dinámico sino sujeto a pasiones. A principios de siglo, mientras los católicos mexicanos suspiraban por mayores libertades, una laicidad más laxa y a modo, en Francia en cambio, en tormentosas discusiones, los católicos franceses reclamaban la severa aplicación de la laicidad ante el uso del velo islámico en las escuelas. Los católicos mexicanos y franceses entendían de manera muy distinta la noción de laicidad.
Hay que tener claro que la laicidad garantiza la libertad de conciencia. Es decir, la libertad de manifestar las propias creencias o convicciones dentro de los límites del respeto al orden público. La laicidad entraña un Estado que no se compromete con ninguna creencia y civiliza la igualdad de todos ante la ley sin distinción de religión o creencia. Garantiza a creyentes y no creyentes el mismo derecho a la libertad de expresión de sus creencias o convicciones. También asegura el derecho a tener o no tener una religión, a cambiarla o no tenerla más. Garantiza el libre ejercicio del culto, también la libertad frente a la religión: nadie puede ser obligado a respetar dogmas o prescripciones religiosas.
Existen vicisitudes conceptuales que sufren esta noción. A menudo la propia Iglesia Católica confunde una realidad sociológica: es decir, el debilitamiento del sentimiento religioso con una posición ideológica, antirreligiosa. La laicidad a menudo se confunde con una categoría semántica relacionada: la secularización. Los dos conceptos expresan realidades sociológicas distintas, aunque mantienen lazos complejos. ¿Qué distinciones se pueden hacer entre laicidad y secularización? La laicidad se desplaza en el terreno jurídico político, como señalara Jean Baubérot: está asociada a tensiones entre fuerzas sociales cuya apuesta es el control de la esfera pública. En cambio la secularización se caracteriza más bien por los movimientos en la cultura y en la transformación progresiva de la religión de cara a las diversas esferas de la actividad social. Por tanto, la pérdida de lo religioso en México no necesariamente se debe las reglas de la laicidad del Estado. México, junto con Paraguay, tiene la caída más suave de católicos respecto a la mayoría de países de América Latina. El más reciente censo, de 2020, en nuestro país nos revela una enorme diversidad de creencias y no creencias que ameritan un Estado laico que garantice un régimen de convivencias y libertades bajo un piso parejo.
La laicidad en México implica la separación del Estado y las asociaciones religiosas. El orden político se basa en la soberanía exclusiva del pueblo de los ciudadanos. El Estado no debe reconocer ni rendir culto alguno. Tampoco entrometerse en el funcionamiento interno de las iglesias. De esta separación se deduce la república laica que atribuye la igualdad de los ciudadanos ante el servicio público, cualesquiera que sean sus convicciones o creencias.
La laicidad no es un concepto estático. Es parte de una permanente discusión. Sufre no sólo la presión de las iglesias sino del pragmatismo de la clase política.
La clase política mexicana se ha convertido en una seria amenaza al carácter laico del Estado mexicano. Las reformas de 1992 y 2011 en materia religiosa han estado estampadas por los intereses de corto plazo de la clase política. En su afán de legitimarse o de convertir en aliada a la Iglesia Católica y ahora las evangélicas, los políticos pactan concesiones que muchas veces arriesgan la laicidad del Estado. Todos debemos cuidar el carácter laico del Estado.
Fuente: Proceso
