La corrupción y el enriquecimiento de políticos y líderes sindicales generan indignación social. Pero casi nunca se castigan y, cuando se hace, ocurre más por revanchismos que por la justicia. Las instituciones parecen diseñadas para evitar sanciones y no rendir cuentas. La exhibición en los medios del opulento tren de vida de los hijos de Romero Deschamps, de la riqueza inexplicable de Arturo Montiel, del escándalo por tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca, el multimillonario gasto irregular en la Estela de Luz son ejemplos de impunidad y de abuso de poder, tal como el reciente caso de la Lady Profeco.
Por José Pérez-Espino
Paulina y José Carlos viven como los hijos de un jeque petrolero. En su muro de Facebook ella presume viajes por todo el mundo en aviones privados, paseos en yates, comidas en restaurantes de lujo y la compra de botellas de vino Vega Sicilia, que valen 10 mil pesos, o bolsas Hermès, de miles de dólares.
A José Carlos, su padre le regaló un automóvil Enzo Ferrari de edición limitada (sólo se fabricaron 399), de un valor de 2 millones de dólares. Según las investigaciones periodísticas, también compró dos departamentos en un edificio de lujo en Miami, por un monto de siete millones 550 mil dólares. Pero su padre apenas tiene un sueldo promedio de 25 mil pesos, lo que no explica el gasto suntuoso.
La exhibición en los medios del opulento tren de vida de los hijos del secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana causa indignación social cada vez que se muestran detalles. Sin embargo, el malestar colectivo no tiene eco entre las autoridades para iniciar una investigación judicial.
Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero desde 1989 (cuando el entonces presidente Carlos Salinas dio un golpe para quitar a Joaquín Hernández Galicia, La Quina), ocupará el cargo hasta 2018. Ese mismo año terminará el fuero que tiene como senador de la República, escaño al que llegó gracias a la lista plurinominal del PRI.
La misma ostentación le costó a Elba Esther Gordillo ser procesada por enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, según la versión de la Procuraduría General de la República. La delataron sus gastos en tiendas de lujo.
En contraste, con Romero Deschamps las autoridades han sido generosas. Al inicio de la gestión presidencial de Vicente Fox, la Procuraduría General de la República acusó al sindicato petrolero del desvío de mil 100 millones de pesos a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida. El caso fue conocido como “Pemexgate”. La acusación se desvaneció y nunca hubo un castigo para el dirigente del sindicato petrolero.
“Ha sido tal la impunidad de los líderes sindicales que habían perdido todo pudor. Verlos portando relojes y accesorios de cientos de miles de pesos ha sido por décadas un escándalo sin consecuencias”, según Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
“Ahora sabemos que también pueden ser impúdicos en sus transacciones financieras. Gastar 40 millones de pesos en mercancías en una tienda departamental con tarjetas de crédito y mover 2 mil millones de pesos de cuentas del SNTE”. Como en el caso de Gordillo.
“Si bien Elba Esther es la más odiada entre la opinión pública y la más visible de los líderes sindicales, está lejos de ser la única”, escribió el también ex director del CIDE en Reforma.
De acuerdo con el politólogo Lorenzo Meyer, lo que diferencia al sindicalista de Pemex de Gordillo es que él “es más discreto” y no tiene la misma “vocación política”, a pesar de que la población los ve de manera similar.
“Elba Esther, a la hora de romper con el PRI, de crear su propio partido y de aliarse con el PAN, pues tomó unas libertades frente al PRI que no ha tomado Romero Deschamps”, dijo el investigador de El Colegio de México en una entrevista con la BBC.
Los hijos de Martha
Uno de los mayores escándalos relacionado con posible tráfico de influencias fue el protagonizado por los hijos de Martha Sahagún, esposa del entonces presidente Vicente Fox. Durante meses los medios documentaron supuestos actos de corrupción en los que incurrieron los hermanos Bribiesca Sahagún, pero nunca se les imputaron cargos penales.
El investigador de El Colegio de México, Sergio Aguayo Quezada, cita una anécdota que ilustra lo que él considera un “colapso ético” en torno al escándalo de los hermanos Bribiesca Sahagún. Cuando fueron a entrevistar al primer esposo de Martha Sahagún, en Guanajuato, él dijo: “¿Por qué se asombran? Mis hijos serían unos pendejos si no aprovechan la posibilidad que tienen ahora para hacer negocios”.
“Porque se les acusaba de tráfico de influencias, de hacer negocios aprovechándose de la posición de la madre”, recordó el investigador en “Primer Plano” de Once TV.
En junio de 2005, la Cámara de Diputados creó una comisión especial para dar seguimiento a diversas denuncias por presunto tráfico de influencias en contra de los hermanos Manuel, Jorge y Fernando Bribiesca Sahagún, de acuerdo con la bitácora legislativa.
Los diputados dieron a conocer presuntas irregularidades en la asignación de contratos de obra pública, concesiones, convenios de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles otorgados por organismos como Infonavit a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, cuya propiedad fue asociada con los hermanos Manuel y Jorge.
Los legisladores presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación. La polémica se mantuvo en la agenda mediática hasta que, el 30 de noviembre de 2006, al concluir la gestión de Fox, la PGR determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de los hermanos Bribiesca Sahagún.
El tema de la corrupción volvió a salir a luz en septiembre de 2012, cuando salió a luz que Manuel Bribiesca Sahagún se declaró culpable, en una corte de Estados Unidos, de participar en un fraude contra la empresa estadounidense North Star Gas, al venderle gas a sobreprecio, según la revista Proceso. Por ese motivo debió pagar una fianza de 75 mil dólares y llevar el juicio en libertad.
Por su parte, Fernando Bribiesca Sahagún, se convirtió en diputado federal tras ser postulado por la vía plurinominal por el Partido Nueva Alianza, el cual fue creado por Elba Esther Gordillo cuando ella se separó del PRI. Fernando actualmente se desempeña como secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
La riqueza de Arturo Montiel
El ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, es otro ejemplo de impunidad entre los principales casos de presunto enriquecimiento ilícito. En 2005 era uno de los principales aspirantes a la candidatura presidencial del PRI, junto con Roberto Madrazo. Hasta que la prensa exhibió sus riquezas.
Diversos medios, entre ellos Televisa, difundieron que Montiel Rojas poseía un departamento en París con valor de un millón 300 mil dólares; una casa de un millón 700 mil dólares en España; una mansión de 70 millones de pesos en Atlacomulco; además de propiedades en Houston, Texas; en Toluca, Valle de Bravo, Metepec y Careyes, Jalisco, entre otras.
En total, se le atribuyó la propiedad de 123 inmuebles. La PGR dio a conocer que se investigaban posibles depósitos irregulares por 35 millones de pesos en varias cuentas bancarias de su hijo menor. Tras el escándalo, declinó a registrarse como precandidato presidencial.
A la par de las autoridades federales, la Procuraduría de Justicia del Estado de México abrió una averiguación previa contra Montiel Rojas y su secretario de Finanzas, Luis Enrique Miranda Nava, por posible enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el 13 de enero de 2006, el entonces procurador estatal Alfonso Navarrete Prida exoneró a los dos políticos, al determinar el no ejercicio de la acción penal.
En 2009, Miranda Nava fue designado por Peña Nieto titular de la Secretaría General de Gobierno. Navarrete Prida fue enviado después a una diputación federal. Actualmente es el secretario del Trabajo del gobierno federal.
Montiel tardó seis años en reaparecer en la escena pública e 2011, durante la toma de posesión de Eruviel Ávila como gobernador del Estado de México.
Durante los años de la alternancia panista en el gobierno federal, los gobernadores “dejaron de ser emisarios del Señor del Centro para convertirse en dueños de sus estados”, de acuerdo con un análisis de Alfonso Zárate, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario.
“La regresión democrática sufrida en los estados –señala– no se agota en el dispendio de los recursos públicos. Los casos de Arturo Montiel en el Estado de México, del Góber Precioso, Mario Marín, en Puebla, y Ulises Ruiz en Oaxaca, muestran que la opacidad, la arbitrariedad y el autoritarismo forman parte de un mismo paquete”.
Como el de Montiel existen más casos. Al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, las autoridades de Estados Unidos lo señalan de haber recibido sobornos de grupos criminales y de poseer dos propiedades valuadas en 7 millones de dólares, presuntamente adquiridas con dinero ilícito. En México, no obstante, nunca fue sancionado.
O el caso de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila. Elevó la deuda pública estatal de 323 millones de pesos a 36 mil millones, la cual heredó a su hermano Rubén, quien lo sucedió en la gubernatura. Todavía se investigan los manejos irregulares para la contratación de los créditos, pero el ex dirigente nacional del PRI no ha sido imputado de ningún cargo por esa causa.
La negra Estela de Luz
La Estela de Luz es una obra de 104 metros de altura. Fue construida con motivo del Bicentenario del inicio de la guerra de Independencia y se inauguró con 15 meses de retraso, el 7 de enero de 2012. Originalmente se anunció que costaría 400 millones de pesos, aunque después el gasto se elevó a mil 035 millones de pesos.
En los festejos del Bicentenario de la Independencia la Auditoría Superior de la Federación documentó un gasto de 4 mil millones de pesos, cantidad superior a los 2 mil 900 millones que se habían informado, según El Universal.
La ex jefa de la Oficina de la Presidencia, Patricia Flores Elizondo, respondió a los señalamientos que le atribuyen una responsabilidad en las presuntas irregularidades.
“Los aumentos que se dan en ese monumento del Bicentenario (la Estela de Luz) están fuera del alcance de cuando yo estuve como jefa de la Oficina de la Presidencia, de donde salí en julio 14 de 201o y según lo menciona el reporte de la ASF el primero se da en diciembre de 2010”, declaró la ex funcionaria.
A pesar del deslinde, Flores Elizondo está en el centro de los señalamientos por presuntos manejos irregulares.
El conductor del noticiario Primero Noticias, Carlos Loret de Mola, citó el testimonio de un funcionario federal para documentar cómo eran contratadas empresas sin licitar para los festejos del Bicentenario: “nosotros recibíamos llamadas telefónicas de parte de la Presidencia, directamente de Patricia Flores, para contratar los eventos del Bicentenario con determinadas empresas”.
En el Informe legislativo del Grupo Parlamentario del PRI. 2009-2012, el entonces coordinador de la bancada, Francisco Rojas, escribió sobre “malos manejos” en “toda la Administración Pública”:
“En el gobierno, la opacidad, la corrupción y la resistencia a la rendición de cuentas tuvieron su expresión más tangible en los fallidos festejos del Bicentenario. Pero los malos manejos se extendieron por toda la Administración Pública, en especial en las unidades a cargo de las adquisiciones, arrendamientos, prestaciones de servicios y obra pública”.
“Las leyes no resuelven nada por sí mismas; se requieren el diseño y la aplicación de políticas oportunas, suficientes y eficaces, que se traduzcan en acciones específicas. Esta tarea del Estado le toca al Poder Ejecutivo, y es allí donde no ha habido las respuestas que la sociedad esperaba y demanda”, explicó.
El pasado miércoles 20 de febrero, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, presentó una denuncia ante la PGR por irregularidades que ascienden a 399 millones 200 mil pesos en la construcción del monumento Estela de Luz.
Según la auditoría practicada, se detectó un pago excesivo en la compra de acero por 248 millones 900 mil pesos, más 150 millones 300 mil pesos en una incorrecta integración de precios extraordinarios y diferencias en volúmenes y conceptos de obra.
De acuerdo con el analista Alfonso Zárate, “la Estela de Luz es, apenas, la expresión más notoria de la ineptitud y la corrupción perceptible en el sobrecosto de contratos y obras de infraestructura, en la ‘ordeña’ de ductos, en el enriquecimiento de los ex dirigentes panistas y de la inutilidad de la Secretaría de la (dis)Función Pública”.
¿Hay solución?
¿Por qué Elba Esther Gordillo pudo sostenerse durante más de dos décadas en la cima del poder sindical y de la corrupción?
Hay varios motivos. Jesús Silva-Herzog Márquez, analista y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, los resume de la siguiente manera:
“Supo cultivar su leyenda porque encontró a los ingenuos que se sometieron a sus intimidaciones”. Los presidentes y los secretarios de Educación “vivieron bajo su amenaza constante. Se creyeron su cuento. Imaginaron posible la pesadilla que les pintaba: si tronaba los dedos, las escuelas cerrarían, las calles se llenarían de protesta, el país se volvería ingobernable”, explica.
“Con un solo acto se disolvió esa leyenda. No fue difícil encontrar las pruebas de su abuso. Lo único que se necesitaba era abrir los ojos a su ostentación”, agrega.
Los expertos en transparencia y rendición de cuentas, los analistas políticos y académicos coinciden en que existe un complejo marco jurídico que parece diseñado para favorecer las prácticas de corrupción y evitar su castigo. Algunas de las respuestas corresponden a sus intervenciones en medios audiovisuales y colaboraciones periodísticas.
Tras la detención y proceso penal a Elba Esther Gordillo, ahora ex presidenta del SNTE, también existe la duda respecto a si la intención del gobierno federal es la de fortalecer la transparencia o la de cambiar la percepción sin cambios de fondo.
Para el profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, José Antonio Crespo, se han registrado golpes aislados y se ha utilizado a la justicia para fines políticos, pero sin dejar un precedente para disuadir la corrupción. Tanto Elba Esther Gordillo, como Romero Deschamps, que llegaron al poder sindical en 1989 justo después del llamado “Quinazo”, “se han enriquecido de la forma en que lo hacía también La Quina y ejercieron el poder de la misma manera”.
Transparencia contra impunidad
Transparencia Mexicana, el capítulo México de Transparencia Internacional, propone la creación de un Consejo Nacional por la Probidad y la Ética Pública (encabezado por el presidente de la República e integrado por la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial Federal, los 31 gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como organizaciones civiles, empresariales y académicas).
Su objetivo sería dar coherencia y seguimiento a una política nacional para prevenir y reducir la corrupción en el país y establecer metas y acciones específicas concertadas entre los integrantes, además de ser un mecanismo que impulse la rendición de cuentas.
Según Federico Reyes Heroles, presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, “si conseguimos que las acciones anticorrupción de las entidades federativas marchen a la par de las políticas federales, podremos dar resultados tangibles para la población en el corto plazo”.
La misma organización plantea que es necesario “pasar del carácter simbólico y voluntario de la declaración patrimonial (como la presentada por el presidente Enrique Peña Nieto) a una discusión de fondo sobre cómo debería ser una versión pública de las declaraciones patrimoniales y sobre la conveniencia de hacerlas obligatorias para los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno”.
“En las democracias avanzadas importa tanto saber qué propiedades tiene un funcionario, como los potenciales conflictos de interés que al encabezar una oficina pública podrían surgir”, según Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
“La creciente desconfianza en la clase política, los escándalos en concesiones, licitaciones y obras públicas, y la aparición del concepto del gobierno abierto, han ido empujando a los candidatos en campaña a comprometerse a hacer pública su manifestación de bienes”, explica en un análisis de la organización.
De acuerdo con el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, John Ackerman, la situación obedece a que “el debilitamiento institucional del Estado y la voracidad de los poderes fácticos son problemas reales”.
“Pero sería ingenuo pensar que el encarcelamiento de Gordillo sea un mensaje a favor del estado de derecho o en contra de los poderes fácticos. La acción no fue más que un típico y desesperado ajuste de cuentas entre líderes políticos de igual naturaleza política”, escribió.
En ese contexto, Peña Nieto impulsa la autonomía constitucional para el Instituto Federal de Acceso a la Información y la creación una Agencia Nacional Anticorrupción.
Abatir la impunidad y la corrupción oficial, sin embargo, es la gran asignatura pendiente del gobierno.
