El Gobierno de México está delineando una reforma agraria para fortalecer los derechos de empresas privadas que hacen negocios con propietarios rurales, con miras a atraer inversión e impulsar la economía, según dos personas familiarizadas con el plan.
Por Gabriel Stargardter y Dave Graham
La legislación aprovechará una reforma energética completada el año pasado y que dio al Gobierno más poder para actuar en favor de inversores en disputas con propietarios comunales de tierras rurales conocidas como ejidos, dijeron los funcionarios gubernamentales y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El proyecto, que forma parte de una reforma agraria más amplia, está en manos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que tendrá que crear un equilibrio legal más firme para los inversores sin encender protestas de los propietarios de tierras, dijeron las fuentes bajo condición de anonimato.
Con casi la mitad de la población de México viviendo en la pobreza, una gran parte de ellos en zonas rurales, los derechos de los propietarios de tierras comunales, o ejidatarios, han sido protegidos durante mucho tiempo.
El presidente Enrique Peña Nieto podría enfrentar gran oposición al proyecto, especialmente de los grupos de izquierda.
Quienes apoyan la reforma dicen que México pierde empleos e inversión al no dar suficientes garantías a los inversores, a quienes les preocupa que, bajo la ley actual, puedan ser forzados en cualquier momento a renegociar acuerdos con los ejidos.
Ofrecer “certeza legal” a los actores económicos es fundamental para mejorar el desarrollo rural, dijo Francisco García Cabeza de Vaca, un legislador del Partido Acción Nacional (PAN), de centro-derecha, quien encabeza la Comisión de la Reforma Agraria del Senado.
“Tenemos que dar certidumbre al ejido, pero también dar la posibilidad en un momento dado que el sector privado pueda trabajar mano a mano con los núcleos agrarios. Es el gran tema”, dijo Cabeza de Vaca.
Un portavoz de la Secretaría de Agricultura dijo que el departamento estaba trabajando con la Sedatu en una reforma para hacer los ejidos más productivos y que los derechos públicos de la tierra serían salvaguardados. Un portavoz de la Sedatu no respondió a solicitudes de comentarios.
Peña Nieto había apostado por una reforma energética para reactivar la debilitada economía de México, pero la caída de los precios del petróleo ha hecho menos atractiva esa industria.
El Gobierno espera que una reforma agraria pueda acelerar el crecimiento fomentando la inversión en sectores como la minería, el turismo, la generación de energía, la agricultura y el transporte.
REVISIÓN
Creados bajo un programa de redistribución masiva de la tierra en la primera mitad del Siglo XX, tras la Revolución Mexicana, los ejidos tienen derechos de superficie en vastas zonas del país.
Si es aprobada como está previsto, podría ser la más dramática revisión de los derechos de tierras rurales desde una reforma promulgada en 1992.
“Esto necesita ser manejado con mucho cuidado”, dijo Daniel Ávila, otro senador del PAN de la Comisión de la Reforma Agraria.
La propuesta de reforma deberá ser enviada al Congreso durante el próximo período de sesiones que comienza en septiembre, dijeron los funcionarios familiarizados con el plan.
La ley de hidrocarburos del México, una parte clave de la reforma energética del 2014, obliga a las empresas a pagar a los titulares de derechos de superficie un porcentaje de los ingresos de explotación de la tierra.
Restringido al sector energético, la ley también establece cómo los inversionistas deben negociar con los terratenientes para el uso de la tierra, obligando a ambas partes a realizar valoraciones del terreno.
Si no se alcanza un acuerdo, el Estado debe mediar. Y si ambas partes aún así no llegan a un trato, el Estado puede expropiar a favor del inversionista y determinar qué compensación recibirán los miembros del ejido.
Esta parte de la ley energética representaría la base para dar a los inversores una mayor protección, con el persuasor del ingreso compartido destinado a convencer a los ejidos, dijeron los funcionarios.
“Siempre, por supuesto, sólo cuando el Estado decida que el aprovechamiento de la tierra está en el interés del desarrollo económico de México”, dijo uno de ellos.
Empresas de sectores como la minería ya pueden buscar acuerdos con los propietarios de tierras, pero con el riesgo de tener que renegociar los términos si los ejidatarios más tarde cambian de opinión.
Paros y bloqueos de sus instalaciones ocurren a menudo y los tribunales agrarios tienden a favorecer a los terratenientes, dijeron los funcionarios.
“El fortalecimiento de la certeza legal en torno a la tenencia de la tierra sería muy positivo para la inversión minera en México”, dijo Michael Harvey, director de asuntos corporativos de la canadiense Goldcorp, una de las mayores mineras en México.
De acuerdo con la Sedatu, poco más de la mitad de las 196 millones de hectáreas de tierra en México está controlada por grupos de tierras comunales.
