Por José Gil Olmos
En un país de símbolos es muy significativo el cambio de sede para que Enrique Peña Nieto pueda dar tranquilamente y con seguridad su Primer Informe de Gobierno en el Campo Militar Marte y no en la Cámara de Diputados o Palacio Nacional, como seguramente lo tenía pensado.
La presencia de miles de maestros en la Plaza de la Constitución, frente a Palacio Nacional, así como sus últimas manifestaciones y bloqueos en la Cámara de Diputados, el Senado de la República, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en las dos principales cadenas de televisión –Televisa y TV Azteca– y en Los Pinos, forzaron a Peña Nieto a elegir el lugar más seguro para presentar su informe el próximo 1 de septiembre.
Es evidente que el Ejecutivo trata de evitar ese día un escenario de violencia similar al del 1 de diciembre de 2012 en San Lázaro, cuando tomó protesta como presidente de la República. Las imágenes de los enfrentamientos y personas heridas en las afueras de la Cámara de Diputados, mientras era ungido, no se han borrado, como tampoco las secuelas de detenidos injustamente por la policía capitalina frente a, Palacio de Bellas Artes, donde se dieron los choques más fuertes entre jóvenes y granaderos.
El costo social y mediático para Peña Nieto, pero sobre todo para el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, fue muy alto. La violencia como imagen de arranque no le ha convenido a ninguno de los dos.
Y ahora el PRI y el gobierno peñista presionan a Mancera para que eche a andar la maquinaria policiaca y reprima a los maestros, asumiendo el costo de una acción que evidentemente tendrá consecuencias políticas. De esa manera, Peña Nieto y su partido quieren zafarse de su responsabilidad, pero en la casa del jabonero el que no cae resbala.
Ayer, durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública –mientras en el Campo Militar Marte se realizaban los preparativos para su Primer Informe de Gobierno–, Peña Nieto dijo que su primera meta es regresar la paz y la seguridad a las familias mexicanas.
El mensaje expresa la realidad del país: la espiral de violencia en la que desde hace casi una década vivimos y que no se cede ni con la presencia militar en zonas de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Durango o Coahuila, donde las bandas del crimen organizado son las que gobiernan.
Es más que evidente que mientras la clase política en general busca sacar adelante el Pacto por México con sus reformas política, electoral, energética, educativa y hacendaria, una buena parte de la población vive una situación de violencia cotidiana que ya ha penetrado hasta en el núcleo familiar.
No se trata sólo de los miles de muertos, desaparecidos y desplazados por la guerra contra el narcotráfico que ordenó Felipe Calderón en 2006 y que Peña Nieto ha continuado, sino de esa violencia ejercida desde las instituciones –partidos políticos, gobiernos, policías, soldados, autoridades judiciales, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, iglesias, escuelas, etcétera– en contra de la ciudadanía, con decisiones que le afectan y para las cuales no es tomada en cuenta.
En los últimos días se ha desatado una campaña en contra de los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aduciendo que no quieren una evaluación y se oponen a mejorar la calidad educativa. Pero aquí habría que preguntar: ¿quién evalúa la calidad de los legisladores?, ¿no sería bueno que el Ceneval hiciera también una evaluación de cada uno de ellos cuando son candidatos, y sólo aquellos que pasen las pruebas puedan tomar posesión como legisladores?
También se acusa que los bloqueos de los mentores en la Cámara de Diputados ocasionaron una afectación económica por 4 millones 500 mil pesos, y las manifestaciones en el país daños por mil 400 millones de pesos.
Pero si de afectaciones económicas se trata, habría que ver quién ha protestado por el gasto anual del Poder Legislativo, estimado en 9 mil 500 mil millones de pesos al año, de los cuales 4 mil 754 millones de pesos son para la Cámara de Diputados, 3 mil 570 para la de Senadores y mil 227 para la Auditoría Superior de la Federación.
De este dinero, una buena parte se va para los altos salarios de los legisladores, su séquito de colaboradores, choferes, secretarias, boletos de avión gratis, gasolina, comidas, bebidas, etcétera, que muchas veces no son reportados y nadie, absolutamente nadie, ha protestado por la pérdida económica que representan los gastos excesivos de estos personajes.
Quizá antes de pedir la represión a los maestros o a cualquier grupo social que legítimamente se manifiesta para demandar el cumplimiento de sus derechos, lo que deberían recordar los legisladores y el presidente de la República es que son representantes populares y que están sujetos a la voluntad popular, como lo marca el artículo 39 de la Constitución:
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
De ahí que, antes de exigir la represión policiaca o de cambiar la sede del informe por miedo, Enrique Peña Nieto y los legisladores –sobre todo del PRI– tendrían que afrontar a los maestros o a quienes no están de acuerdo con sus decisiones, pues es a la sociedad ante quien tienen que rendir cuentas y no a sí mismos.
Fuente: Apro
