Por Javier Jaspe Nieto*
En la mayoría de los países no existe una legislación clara que reconozca el derecho a una muerte digna y permita al enfermo terminal poner fin a su vida de forma voluntaria. El “suicidio asistido” es el medio por el que cientos de personas que agonizan deciden finalizar su sufrimiento, y que sin embargo se les niega en base a supuestas reservas éticas y legales.
La medicina tiene como una de sus bases fundamentales el respeto a la autonomía del paciente. Sin embargo, en muchos países se tira por tierra este principio cuando el enfermo decide no prolongar un tratamiento que a costa de su sufrimiento físico y mental, le mantiene vivo. En gran cantidad de los casos, el deseo del paciente a ejercer este derecho queda frustrado cuando pierde sus facultades para decidir. Por ello, la elaboración previa de un ‘documento de voluntades anticipadas’ facilitaría la actuación del médico ante este tipo de situaciones.
Uno de los argumentos más utilizados por los opositores a la eutanasia es la llamada ‘pendiente resbaladiza’. Según los críticos, el suicidio asistido se expandiría si se legalizara, con lo que las muertes ascenderían en gran número. Las opiniones tremendistas tienen un peso importante en lo que se refiere a la ayuda prestada para morir. La oposición a la eutanasia suele aludir a la inviolabilidad de la vida y la desconfianza que podría generar su legalización. Frente a los temores catastrofistas de algunos sectores, investigadores holandeses han observado que las tasas de suicidio asistido son similares a las de antes de ser legal en su país. La aprobación de una ley para el derecho a la muerte digna, lejos de aumentar el número de muertes, aclararía la ambigüedad legal de un asunto tan importante.
Resulta sorprendente el caso de España, que aún no tiene una solución clara y el tema ha sido aplazado en el ámbito político. En otros estados como Francia, el Parlamento ha tomado en consideración el proyecto de ley para la eutanasia en determinados casos. De esta manera, si llega a aprobarse, se sumaría a otros países europeos como Holanda, Bélgica o Suiza.
Las convicciones religiosas juegan también un papel decisivo. La postura de la Iglesia Católica es clara: el ser humano no tiene derecho a poner fin a su vida ni siquiera en este tipo de casos. La opinión de muchos médicos gira en torno a esta afirmación. Pese a ello, algunos profesionales eligen morir de otra manera llegado su momento. Los esfuerzos deberían centrarse en hacer más confortables los últimos momentos de la persona que agoniza, en lugar de alargar su padecimiento.
Muchos de los que se niegan a reconocer la eutanasia como legítima, se amparan en el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Lejos de violar este apartado, la muerte digna en estos casos parte del derecho de las personas a decidir sobre su propia vida. En determinadas condiciones, alargar la existencia de una persona sí puede llegar a romper con el derecho incuestionable a la dignidad humana. Es necesario entender que una vida limitada puede significar un gran sufrimiento no sólo para el paciente, sino para sus familiares y amigos. Obligar al que sufre a seguir viviendo en contra de su voluntad, dista mucho de la idea de justicia cuando es posible evitarlo.
* Javier Jaspe Nieto. Periodista
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