Por Víctor M. Quintana S.
Calderón declaró su guerra al narcotráfico, que aún no termina y le ha costado al país más de 100 mil muertos. Peña Nieto la ha proseguido sin modificarla, pero la guerra que a él de veras le interesa no es esa. Es la ofensiva múltiple que su gobierno ha desatado por los beneficios de unos cuantos y en contra de los derechos de todos.
Comenzando por la prolongación de la batalla calderoniana, es evidente que la violencia homicida repunta en varias partes del país. En Tamaulipas –estado que se está pudriendo, según un lector de La Jornada– ya van varias semanas de masacres y de bloqueos. En Morelos, la oleada de violencia criminal acaba de asesinar al coordinador de Trabajo Social de la UAEM y a su esposa. En el estado de México, en Michoacán, en Jalisco, en Guerrero, en Chihuahua, los cárteles se reacomodan, disputan nuevos espacios, construyen nuevas alianzas perversas, demostrando que la estrategia federal en sus diversas formas, operativos, coordinaciones, etc., etc., no los ha tocado en su línea de flotación. Pero, insistimos, esa no es la principal guerra de Peña Nieto.
El interés de Peña y su grupo de aliados es fortalecer e incrementar el poder del dinero en todos los ámbitos. Hacer que en materia de infraestructura, energética, de telecomunicaciones, turística, salarial, prevalezca el beneficio de los detentadores de dicho poder sobre los derechos de las mayorías.
Se criminaliza, se priva de la libertad a quienes luchan por defender los derechos humanos y los territorios. Se agrede formal e informalmente a las comunidades y universitarios que luchan contra el gasoducto que afectará los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla. Se combate a las policías comunitarias de Guerrero que se defienden de la invasión y devastación de las mineras.
También es blanco de ataque sistemático todo lo que huela a patrimonio de la nación. El interés trasnacional se vale del Legislativo, PRI, PAN y aliados para imponer su ley y agrandar el agujero que hizo la reforma constitucional para meter por ahí a las empresas mineras, gaseras. No contentos con eso, arremeten contra la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos para irlas matando por inanición.
En materia de telecomunicaciones las leyes secundarias presagian ya el beneficio del oligopolio contra los derechos de las audiencias, de los públicos, de las comunidades.
Hay una ofensiva despiadada contra las decenas de miles de migrantes centroamericanos; los vejan, los encarcelan. En 13 meses han deportado 74 mil de ellos. Pero hay total silencio y sumisión ante los mil 100 compatriotas nuestros deportados cada día de Estados Unidos en similares condiciones.
La economía de las familias recibe también una continua andanada de ataques. Todo el mundo lo ve, menos quienes ejercen, elaboran e imponen las políticas económicas. El salario sigue en su peor nivel en 28 años; la OCDE señala que 18.5 por ciento de los trabajadores mexicanos no puede subsistir con su salario, el más alto porcentaje de esa organización, y que en México es necesario trabajar 13 días para comprar una magra canasta básica de satisfactores.
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales se queja del derrumbe de las ventas en los supermercados. Las expectativas de crecimiento se reducen día a día: comenzaron el año cercanas a 4 por ciento y ahora apenas alcanzan 3.4. Pero no se quiere mencionar siquiera un aumento salarial emergente y se impone continuar con el golpe mensual de los gasolinazos hasta 2019. Peor y más burda que la predicación de quienes prometían el cielo a cambio del sufrimiento y el sometimiento en la tierra, resulta la letanía peñanietista de sufran ahora para merecer el beneficio de las reformas estructurales, que cada vez se ve más pequeño y lejano.
Cae el consumo interno, repunta la inseguridad para las personas. Eso no importa mientras no se ponga en peligro la seguridad de las ganancias.
En toda guerra los más poderosos luchan por imponer sus leyes, sus tratados. En esta, cuya cabeza visible es Peña Nieto, no se trata de imponer reformas constitucionales ni mucho menos leyes secundarias. Lo que buscan ante todo es establecer a sangre y fuego la ley primaria, la ley única del beneficio para el dinero.
Por desgracia esta guerra no es metafórica. Su cauda de destrucción es más que real: comunidades desarticuladas, medio ambiente devastado, recursos naturales saqueados, empleos perdidos, salarios mermados, prisioneros, muertos, exiliados.
Contra esta guerra globalizada del beneficio contra los derechos jurídicos, señala Alain Touraine, sólo podemos oponer el principio moral que los funda más allá de toda ideología. Es en torno a esos principios que debe fundarse nuestra resistencia.
Fuente: La Jornada
