Los comisionados de Telecomunicaciones ganaban más que AMLO y les recortaron su pago
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia rechazó mantener los salarios de los altos funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), mientras se resuelve la controversia que presentó para impugnar la reducción presupuestal que le impuso la Cámara de Diputados.
El ministro Alberto Pérez Dayán negó la suspensión solicitada por el IFT, tal como hizo desde el viernes pasado en una demanda similar de la Comisión Federal de Competencia Económica.
En ambos casos, el Ministro consideró que el Presupuesto de Egresos de la Federación y los anexos que contienen el tope salarial de 2.3 millones de pesos brutos anuales son un acto consumado que no puede suspenderse.
Pérez Dayán sólo concedió la suspensión al Banco de México, también inconforme por el tema de los salarios, para el efecto de que sus mandos puedan ganar hasta 50 por ciento más que el Presidente de la República, pero lo hizo porque el banco central no está sujeto al Presupuesto de Egresos.
Hasta 2018, aproximadamente 65 funcionarios del IFT tenían una remuneración bruta anual superior a los 2.4 millones de pesos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se asignó para 2019, afectando con ello a todos los demás órganos y poderes.
Los siete comisionados del IFT tenían una percepción bruta anual de casi 3.4 millones de pesos, es decir, se les aplicó una reducción de 32 por ciento.
Además del tema de los salarios, la Corte analizará si la reducción de presupuesto del IFT a mil 500 millones de pesos, casi 500 millones menos que en 2018, viola la autonomía constitucional de ese órgano, que afirma que la rebaja afecta su capacidad de regular al sector de telecomunicaciones y radiodifusión.
Además de las tres controversias mencionadas contra el PEF de 2019, otros órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa han anunciado la posibilidad de acudir a la Corte por los recortes presupuestales y salariales.
Pérez Dayán también está a cargo de dos acciones de inconstitucionalidad, de la CNDH y senadores de Oposición, que piden invalidar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, vigente desde finales de 2018.
Esa ley se limita a reproducir el mandato constitucional de que ningún funcionario gane más que el Presidente, pero se pide anularla porque no contiene ningún parámetro o criterio para determinar la remuneración que debería corresponderle.
Fuente: Reforma
