Por Víctor M. Quintana S.
Creo que así se titulaba una de las películas de las gloriosas matinées de mi infancia, en la que Antonio Aguilar interpretaba al agente federal Mauricio Rosales, El Rayo, y con su fiel compañero, Emeterio Berlanga, encarnado por Agustín Isunza, hacía cera y pabilo de cuanto maleante y cacique asolaba los tranquilos pueblos de escenografía de aquellas elementales cintas de aventuras.
La realidad de la sierra de Chihuahua es mucho peor que la ficción, y sus pueblos padecen homicidios y secuestros de verdad, con incendios no de escenografía, con muchos delincuentes, incluso uniformados, y nada de Mauricios Rosales. Con autoridades federales y estatales desentendidas, y gobernadores que cualquier crítica o justo reclamo de la gente intentan presentarlo comoimpulsado por motivos políticos.
La digna y airada misiva del pueblo de Creel al gobernador y al fiscal general del estado lo expresó nítidamente hace algunos días: Entre la gente del municipio de Bocoyna hay temor de hablar, como hay temor de escribir puesto que no vemos resultados claros y efectivos a las múltiples denuncias que más de una persona, una organización de derechos humanos, familias enteras han interpuesto luego de sufrir muertes, secuestros, asaltos, y han tenido como única respuesta otra muerte, otro secuestro, otro asalto en venganza a la búsqueda y urgencia de justicia que la sociedad sigue teniendo a flor de piel. Se desalienta la denuncia y se genera cada vez más desconfianza hacia las instituciones. Pareciera que en México nuestros derechos se han convertido en favores.
La exigencia fue muy clara: “Que cumplan con su deber de cuidar el estado, de proteger a sus habitantes, de generar espacios de paz y tranquilidad que nos permitan circular libre y tranquilamente a cualquier hora del día y de la noche, que cumpla lo que prometió el día de su toma de posesión, señor gobernador que se hable con la verdad y se actúe con honestidad (…) Pedimos también sus presencias en esta comunidad señor gobernador, señor fiscal, puesto que necesitamos dialogar con ustedes como es nuestro derecho, no con ningún representante enviado en su lugar”.
La respuesta fue de burócratas, no de personas sensibles: el lunes pasado, reunión aparatosa en Bocoyna, para instalar la mesa de seguridad. El gobernador no estuvo presente, se dijo que atendía los problemas causados por la lluvia (no de balas), la encabezaron el secretario de gobierno y el fiscal general. Hubo 14 funcionarios públicos, sólo dos representantes de la sociedad, no de Creel. No se escuchó al pueblo, y se intentó avasallar el terror ciudadano con estadísticas y cuentas alegres de los logros del gobierno en materia de seguridad.
Y sin embargo, el terror continúa por toda esta sierra. En Guadalupe y Calvo volvió a haber cinco ejecuciones el 12 de julio y continúan las extorsiones y secuestros. Según la Red Libre Periodismo, por toda la sierra se han incrementado los juvenicidios: se han encontrado varios cuerpos la última semana, entre ellos tres pares de hermanos. Un par de hermanos eran del poblado El Vergel, tenían 19 y 16 años, estaban desaparecidos desde febrero, cuando salieron a trabajar en la pizca. El martes 30, tres cuerpos más de jóvenes asesinados son encontrados en la carretera Guachochi-Creel.
Por esto resulta muy endeble y hasta indignante para personas como las de Creel que el gobierno los trate de convencer con estadísticas Porque incluso echando mano de ellas, Chihuahua sigue encabezando la lista negra de las entidades en tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, con 77, cifra que en los municipios serranos se eleva hasta el doble. En el estado la proporción de detención de presuntos responsables es de sólo 1.7 por ciento, uno de los más bajos del país.
Muchos se preguntarán, ¿por qué en la sierra Tarahumara no surgen policías comunitarias, autodefensas como en Guerrero o Michoacán? Porque hace ya décadas hay una sistemática agresión a las comunidades indígenas y mestizas. A los pueblos indios, primero por parte de las compañías mineras de la primera generación, luego por las forestales, últimamente por las turísticas y de nuevo las mineras. Porque los indígenas de la sierra, sumergidos en la precariedad apenas pueden luchar por su subsistencia, pues hace mucho que sus magros recursos dejaron de ser botín o sus territorios les fueron arrebatados. Porque ellos resisten de otro modo: dispersándose, remontándose.
En el caso de los pueblos mestizos, la comunidad no se ha podido construir porque son poblados de reciente formación, dominados siempre por las compañías madereras o los caciques locales, divididos si no opuestos a los indígenas, últimamente invadidos por narcotraficantes y sicarios, aislados en vastas extensiones poco pobladas. Porque el Estado hace mucho eclipsó su presencia y se retiró o se fracturó, lo que llevó a que una fracción apoye a un grupo criminal y otra fracción al grupo contrario. Todo este proceso de destrucción de las comunidades culmina siempre en el terror o cuando menos en la apatía.
No sólo el gobierno del estado ha sido insensible e ineficaz: el gobierno federal ha descuidado también la sierra en lo económico, en lo político, en lo social, en lo ambiental y en el aspecto de seguridad y de paz. Para ello no hay una estrategia de Estado. Peña Nieto balbucea también en este tema: se cree todo lo que desde acá le dicen, carece de iniciativa, la inteligencia está ausente como aparato y como facultad. La estrategia del sexenio es la que recibió, ensangrentada, del sexenio anterior. Los priistas de convicción no estarán muy contentos: en cuanto a la violencia, el país está viviendo un calderonismo sin Calderón.
Para la gente de la sierra Tarahumara, ni Calderón ni Peña Nieto, ni Reyes, ni César les han cumplido, el terror sigue ahí, pertinaz, ubicuo, transexenal.
* Víctor M. Quintana S. Doctor en Ciencias Políticas, es dirigente estatal de Morena en Chi
