La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que presentó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, contra la Ley de Seguridad Interior (LSI).
Tras la admisión, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo ordenó notificar a las cámaras de Diputados y Senadores, así como al Poder Ejecutivo federal, señalados como autoridades responsables, para que rindan su informe dentro del plazo de 30 días hábiles posteriores a que surta efectos la notificación.
La controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior, aprobada el 14 de diciembre por el Congreso de la Unión, fue presentada por Corral el pasado lunes 12, tras considerar que se vulnera la esfera jurídica y competencial de los municipios de Chihuahua y la autonomía financiera y presupuestaria de la entidad.
A la fecha, la ley ha sido impugnada por al menos 15 actores, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la alcaldía de Cholula, Puebla; el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Congreso Nacional Ciudadano, el partido Movimiento Ciudadano (MC), la comunidad de Oxchuc, Chiapas, así como por diputados y senadores de oposición.
Corral es el único gobernador que se ha inconformado ante la Corte contra la LSI, pues considera que el ordenamiento violenta principios fundamentales de derechos humanos.
Entre los agravios señalados destacan la invasión de la soberanía del estado de Chihuahua por las autoridades federales y vulneración de su autonomía presupuestaria y financiera.
Además, contraviene la esfera jurídica y la competencia de los municipios de la entidad, ya que se limitan las facultades en materia de seguridad pública, se trasgrede su autonomía y determinación constitucional y se estarían limitando derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales.
“Resulta particularmente preocupante para el estado de Chihuahua la vaguedad en cuanto a la definición de lo que pudieran constituir las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas, incluyendo obligaciones de carácter financiero para solventar acciones de seguridad interior que el Ejecutivo federal pudiera determinar de manera unilateral y sin haber recibido la petición expresa de la entidad correspondiente”, acotó Corral.
El mandatario panista enfatizó en el respeto que tiene a las autoridades y a las Fuerzas Armadas, pero dijo que debe acotarse su papel y permitir la profesionalización de las policías Federal y estatales en el combate al crimen organizado.
Más aún, advirtió que “si ya las Fuerzas Armadas van a realizar la labor, pues toda la apuesta por un nuevo modelo óptimo de la función policial va a quedar atrás; se constituye, en términos reales, en un desincentivo a la profesionalización”.
Fuente: Proceso
