Herencia del antiguo régimen priista, el actual aparato de comunicación social –diseñado para el control de los medios vía la publicidad y otras coacciones– terminó por convertirse en instrumento de control político, sostiene Jesús Ramírez Cuevas, propuesto por Andrés Manuel López Obrador para la Coordinación General de Comunicación Social de su gobierno. En entrevista con Proceso, esboza los cambios que se instrumentarán a partir del próximo 1 de diciembre y adelanta que el ejercicio periodístico será más libre y sin censuras.
Por Arturo Rodríguez García/ Proceso
Jesús Ramírez Cuevas, quien será el próximo titular de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) de la Presidencia de la República en la gestión de Andrés Manuel López Obrador, enumera los cambios por venir: la eliminación de las coordinaciones de comunicación en dependencias públicas, el recorte de 50% en gastos publicitarios, la protección a los periodistas.
Y adelanta que su área concentrará funciones que, en materia de comunicación, hoy ostenta la Secretaría de Gobernación.
– ¿Por qué suponer que una centralización en la Presidencia de la República no significa un robustecimiento de ese control? – se le pregunta.
– Porque no se trata de crear un superpoder, sino de conseguir una mayor eficacia en las tareas y tener control del gasto público.
En entrevista, Ramírez Cuevas insiste: Para garantizar la libertad de expresión, la rendición de cuentas y la eficacia del modelo comunicacional, la apuesta es diseñar reglas claras a partir de una consulta con medios de comunicación, periodistas, expertos y organizaciones ciudadanas antes del 1 de diciembre.
Desde el pasado 12 de julio López Obrador anunció la desaparición de las oficinas de Comunicación Social. El 21 de agosto lo reiteró.
Sin diagnóstico ni cifras oficiales del aparato de comunicación peñanietista (su aproximado es que cuesta mil 250 millones anuales), pues hasta ahora no se ha reunido con Eduardo Sánchez, quien le entregará la CGCS, Ramírez Cuevas delinea su plan:
La CGCS –dice– ampliará sus funciones: llevará la comunicación e imagen del presidente, definirá la política de información de todo el gobierno federal y asumirá las funciones de asignación publicitaria.
Sobre la estructura burocrática, comenta que las oficinas de comunicación en las dependencias crecieron sin criterios y se convirtieron en instancias para acomodar gente por compromisos políticos.
En consecuencia, dice, hay plazas de confianza ocupadas por personal que no hace nada; en otras, se duplican funciones. De ahí la propuesta de reducirlas y transformarlas en oficinas de enlace para responder a la demanda de información periodística, mantener el flujo informativo y fijar posicionamientos.
“Hay distorsiones muy grandes en la relación entre dependencias y medios, por el dinero y porque se han convertido en oficinas para el lucimiento y proyección política del funcionario en turno. Nosotros creemos en la comunicación como un servicio público para la transparencia, que explique la toma de decisiones y dé contexto a sus posicionamientos”, expone.
Fragmento de la entrevista publicada en Proceso 2184, ya en circulación.
