Proceso pudo consultar la investigación que realizó la Dirección de Asuntos Internos de la PGR sobre las acciones irregulares cometidas en octubre de 2014 por Tomás Zerón de Lucio, entonces cabeza de la Agencia de Investigación Criminal, en las indagatorias del caso Ayotzinapa. En primer lugar se evidencia el comportamiento ilícito del funcionario pero, más importante, queda claro que los testimonios de los presuntos ejecutores de los 43 normalistas –pilar de la “verdad histórica” de Murillo Karam– fueron obtenidos mediante tortura. La PGR se desmiente a sí misma.
Por Gloria Leticia Díaz/Proceso
La investigación abierta sobre la actuación de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, en el caso Ayotzinapa, evidencia la debilidad de la “verdad histórica” esgrimida por esa instancia para cerrar el caso de los estudiantes desaparecidos; y las irregularidades denunciadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ponen “en riesgo la validez del cúmulo de actuaciones” del proceso judicial contra los presuntos autores materiales de la supuesta cremación de los 43 jóvenes en el basurero de Cocula.
A siete meses de que en la presentación de su último informe los integrantes del GIEI denunciaran a Zerón por haber encabezado diligencias ministeriales —el 28 de octubre de 2014— que no fueron consignadas en el expediente por la desaparición de los normalistas y encaminadas a sostener la hipótesis oficial, Proceso accedió al Acuerdo de Conclusión de la indagatoria realizada por la Visitaduría General de la PGR, bajo la responsabilidad de César Alejandro Chávez, quien fue removido del cargo antes de poder presentar el documento a los padres de los estudiantes.
De 177 fojas, el documento DGA/510/CDMX/2016 de la Dirección de Asuntos Internos de la PGR está fechado el 18 de agosto de 2016, el día en que se rompió el diálogo entre los familiares de los desaparecidos con la entonces procuradora Arely Gómez, toda vez que la funcionaria incumplió con el compromiso de presentar en esa fecha el resultado de la investigación iniciada a Zerón de Lucio, cuya remoción era exigida por los padres de los 43.
Ese diálogo sigue roto, más aún ante el nombramiento de Zerón como secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad y la designación de Omar Hamid García Harfuch como sucesor de aquél en la AIC; el nombre de este último funcionario apareció en una libreta de contactos asegurada a Sidronio Casarrubias, considerado por la PGR líder de Guerreros Unidos, organización criminal responsabilizada de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
El documento Acuerdo de Conclusión hace un análisis pormenorizado de las actuaciones de Zerón y otros cinco funcionarios que participaron en las diligencias no reportadas en el río San Juan, en Cocula.
Firmado por Ricardo Juan de Dios Martínez, agente del Ministerio Público de la Federación, visitador adscrito a la Dirección de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la PGR, el documento sólo refleja las actuaciones ministeriales del 25 al 31 de octubre de 2014, periodo en el que se identifican las “irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos” de la PGR.
El documento advierte que la Dirección General de Evaluación Técnica Jurídica, de las misma Visitaduría, lleva a cabo una revisión de toda la investigación sobre la desaparición de los estudiantes, llevada por la Oficina Especial del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
En lo correspondiente a Zerón de Lucio, el agente ministerial tomó como base los señalamientos del GIEI y las declaraciones que el funcionario hizo a la prensa el 27 de abril de 2016, para dar respuesta a lo dicho por los expertos.
En esa declaración pública, el ex director de la AIC se proclamó con “facultades para realizar actos de investigación en auxilio del Ministerio Público”; que, “dada la urgencia”, llamó a los peritos forenses que estaban trabajando en el basurero de Cocula y el municipio de Iguala; que sólo realizaron un “reconocimiento del lugar”, para realizar las diligencias al día siguiente; que en ese momento se encontró un hueso no humano, por lo que ahí fue descartado por los forenses; y que, en todo caso, por un error del personal se etiquetaron muestras tomadas el 29 de octubre con la fecha de un día antes.
USURPACIÓN DE FUNCIONES
En cuanto a la presencia del inculpado Agustín García Reyes en el río San Juan —de acuerdo con un video presentado por el GIEI, en el que se le ve junto a Zerón—, éste dijo que esa circunstancia “se dio en el marco de las facultades constitucionales de la Policía Federal Ministerial, de la que soy responsable”.
En un oficio firmado por Zerón el 14 de junio de 2016, se informó que los funcionarios de su oficina que lo acompañaron en el viaje en el helicóptero XC-JBX fueron Abraham Eslava Arvizu, Bernardo Cano Muñozcano y Jaime David Díaz Serralde.
De acuerdo con el análisis que hace el agente ministerial de la Visitaduría General, Zerón tiene responsabilidades sancionadas por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos por “haber excedido el ejercicio de sus facultades”, previstas en la Ley Orgánica de la PGR y el acuerdo por el que se crea la AIC durante la gestión de Jesús Murillo Karam, en 2013.
Según el acuerdo en mención, “en ninguna de sus partes se le confiere al citado funcionario la calidad de agente de Ministerio Público, ni tampoco la de policía o perito”. Prácticamente el cargo es administrativo.
Entre las probanzas de la actuación irregular del funcionario, destaca la entrevista que la Visitaduría hizo a quien fungía como jefe de la oficina de Tomás Zerón, Cano Muñozcano, el 18 de julio de 2016; éste narra que su superior atendió la instrucción del entonces procurador Murillo Karam, tras haber recibido una llamada del agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que llevaba el caso Ayotzinapa, sobre unas detenciones.
“El entonces procurador, Lic. Jesús Murillo Karam, le dijo al Lic. Zerón que fuera a la SEIDO y yo lo acompañé. Eso fue como al mediodía. Ya en la SEIDO, el Lic. Zerón me dijo que íbamos a ir a Cocula, que yo lo acompañaría junto con otras personas”, contó.
En su reconstrucción, Cano Muñozcano resaltó que en helicóptero volaron sobre el basurero de Cocula hasta llegar al río San Juan, y que después se enteraría de que “esa persona que nos guiaba se llamaba Agustín García Reyes, y el punto que nos señaló es donde según su dicho fueron arrojadas las bolsas con los restos de los normalistas”.
Continuó: “Después Tomás Zerón ordenó asegurar el lugar, que nadie más entrara, y dio instrucciones a personal de la PGR, entre ellos a peritos y policías, para que en coordinación con elementos de la Marina realizaran la búsqueda una vez que el Ministerio Público se los solicitara”.
En el lugar, según el testimonio, entre las cuatro y las cinco de la tarde despegó el helicóptero con destino a la SEIDO.
Por las declaraciones de los peritos de Servicios Periciales de la PGR, se advierte que, aun cuando por normatividad Zerón carecía de las facultades para ordenar investigaciones, se conducía y era visto como si las tuviera.
Así, quien fungía como coordinador de peritos, Mauricio Cerón, quien el 28 de octubre de 2014 realizaba trabajos de exhumación en Iguala, recordó en su testimonial del 21 de junio de 2016 que fue instruido por la entonces coordinadora general de Servicios Periciales, Sara Mónica Medina, para que se trasladara al campo de futbol de Cocula, cercano al río San Juan, y que al llegar Zerón los instruyó, “como superior jerárquico, que acudiéramos a acordonar la zona y a buscar ocho bolsas”.
BAJO TORTURA
La investigación de la Visitaduría General incluyó una entrevista con García Reyes, hecha el 24 de junio de 2016 en el Cefereso del Rincón, Nayarit.
“Yo estaba detenido en la SEIDO, estaba en una celda y nomás me sacaron y me subieron al helicóptero y ya en el helicóptero me dijeron que me iban a llevar a puente río San Juan, y que ahí había unas bolsas que yo tenía que señalar, que si no lo hacía, me iban a torturar”, aseguró.
De acuerdo con ese testimonio, cuando bajó del helicóptero, las personas que lo condujeron hacia el río le advirtieron que no se le “olvidara lo que había dicho”.
Aseguró que uno de los hombres, “vestido como de negro, me lleva del cuello y me dijo que si intentaba correr me iba a disparar; ya llegando hasta donde estaban las bolsas hice lo que me habían dicho, las señalé”, tras caminar unos metros también indicó “con la mano que ahí supuestamente los habíamos tirado al río y de ahí me devolvieron al helicóptero y después volamos a la SEIDO”.
Según el extracto de la declaración, García Reyes no recuerda a Zerón dirigiéndose a él, sólo a dos personas que le “manifestaron que tenía que reconocer las bolsas y señalar el lugar donde las habían aventado”, sin que se mencione quiénes fueron esos funcionarios.
Cabe destacar que el GIEI puntualizó que un examen médico de la PGR aplicado a García Reyes, “antes de ser llevado a dicho lugar (reportaba) 30 lesiones externas, hematomas, escoriaciones y costras hemáticas, a pesar de que la detención fue pacífica y un primer informe médico de la Marina (previo) no revela lesiones”.
García Reyes fue presentado por marinos ante la SEIDO a las 23:15 del 27 de octubre de 2014, y a esa misma hora la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS), Blanca Alicia Bernal Castilla, dio fe de haber tenido a la vista un dictamen emitido por el médico naval Javier Castro Sánchez, “cuando (éste) no había concluido la valoración”.
En tanto que el personal médico de la PGR acreditó lesiones a las 01:15 del 28 de octubre, por lo que “el estatus de incertidumbre se hace palpable, pues no existen elementos que permitan desentrañar si las lesiones presentadas en este nuevo dictamen fueron resultado de conductas asumidas por el personal de la PGR en las instalaciones de la SEIDO o, por el contrario, dichas lesiones se encontraban presentes desde que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial el 27 de octubre de 2014”.
En el Acuerdo de Conclusión, la agente Bernal Castilla es objeto de graves señalamientos cometidos del 25 al 31 de octubre de 2014, entre ellos de retenciones ilegales y arbitrarias contra Jorge Luis Poblete Acosta, Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez Martínez, Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa, Darío Morales Sánchez y Agustín García Reyes, cuyas declaraciones eran los pilares de la “verdad histórica” esgrimida por el entonces procurador Murillo Karam.
Fuente: Proceso
