Por Adolfo Sánchez Rebolledo
Para saber qué piensa el Presidente sobre algunos temas de gran calado estratégico, nada mejor que leer sus declaraciones en el extranjero. Véase, por ejemplo, lo que dijo en Irlanda en el contexto de la reunión del G-8. Ante los cuestionamientos de los periodistas especializados, el mandatario se refirió a la probable reforma energética con una franqueza y precisión desacostumbrados, lanzando así un mensaje optimista ante la inminencia de que en unos meses, este mismo año, la iniciativa sea enviada al Congreso. Al Financial Times le dijo que la reforma de Petróleos Mexicanos, acordada en el marco del Pacto por México, incluiría los cambios constitucionales necesarios para darle certeza a los inversionistas privados.
Y aunque luego señaló que hay varias opciones para presentarla, adelantó que en cualquier caso será una reforma transformacional, curioso neologismo bajo el cual subyace la incógnita de hasta dónde llegará la apertura de la paraestatal que es, en rigor, el tema que preocupa a sus interlocutores. Ni una palabra acerca del papel de hecho y de derecho que a Pemex le ha tocado jugar, aun bajo el peso de la corrupción y el abandono oficial.
Sin embargo, las palabras presidenciales confirmaron a los ojos de los medios presentes que la privatización avanza, justificando así los preparativos a cargo de las grandes empresas, como Exxon Mobil, Royal Dutch o la inefable Repsol. Y no es que en Irlanda el Presidente dijera algo nuevo, pues en rigor hay pocas cosas tan trilladas como el intento de abrirle las compuertas de Pemex al capital privado, sino que esta vez lo pudo presentar como resultado de un acuerdo, por no hablar de una negociación, con los partidos que suscriben el Pacto por México.
Lo novedoso fue que las intenciones recogidas en ese texto como punto de partida para la discusión energética y la subsiguiente reforma legislativa, se colaron subrepticiamente para convertirse en argumentos firmes del gobierno en favor de su propuesta. Peña pudo presentar ante los poderosos del orbe una imagen de unidad tal que ninguno de sus antecesores había soñado: la política en auxilio de las reformas estructurales.
Naturalmente, el dirigente del PRD se sintió exhibido, burlado, y desmintió que ya hubiera acuerdo en el pacto. En declaraciones recogidas por Excélsior, Jesús Zambrano señaló con molestia: “Antes de que Peña Nieto diga que para ‘septiembre o agosto estará lista una reforma energética’ y se adorne con lo que significa la participación de los principales partidos políticos en el Pacto por México, y que eso facilitaría esta pretendida reforma con enorme olor a privatización, que primero nos den a conocer sus propuestas”.
Luego de esta sorprendente denuncia –que nos den a conocer sus propuestas–, recordó que están sobre la mesa otros planteamientos, como los elaborados por Cuauhtémoc Cárdenas, para modernizar Pemex sin privatizar los recursos naturales; es decir, sin echar por la borda el legado constitucional que hasta hoy rige en la materia. O sea, por alternativas no falta. La esperanza es que éstas incidan en la reforma necesaria y posible, y no se queden como testimonios de lo que pudo ser y no fue por causa de la división o el fatalismo ante la ofensiva del establishment global que exige su parte del pastel petrolero mexicano.
Sin embargo, es obvio que el Ejecutivo ya asumió un punto de vista al no reconocer como privatización la apertura a los capitales privados en áreas hasta ahora reservadas al Estado; es decir, sujetas al régimen de propiedad establecido en el artículo 27 de la Constitución. La idea de que la nación (que no el gobierno, ojo) siga siendo dueña de los hidrocarburos y los bienes de la empresa, sustenta la negativa nominal mediante la cual el gobierno quiere estar en la procesión y repicando las campanas. Quiero dejarlo claramente señalado: no se trata de privatizar; algunos han creído que la participación del sector privado eso significa; al contrario, lo he dicho una y otra vez, México es dueño del petróleo pero necesitamos ampliar su capacidad, recogió ayer La Jornada. Claro que no se piensa en nombrar gerentes designados por las empresas particulares, pero nadie cree en México que el negocio sea rematar lo que ha dejado de funcionar.
Seguramente Peña Nieto confía en que aun sin el voto de la izquierda (y la movilización extraparlamentaria que ésta pueda poner en curso) su iniciativa logrará el apoyo del panismo, que se esforzará por obtener concesiones a cambio de darle luz verde a una propuesta que, en definitiva, retomará los más caros planteamientos calderonistas, aunque niegue la tradición priista (recién abolida). Pero esta reforma, al igual que la hacendaria, tienen implicaciones que las hacen, si cabe, aun más trascendentales.
En ese sentido, resulta preocupante, más allá de la fragilidad del pacto para organizar el debate nacional, la incapacidad de las fuerzas políticas para proponerse una visión estratégica, integral, que ubique el lugar de la renta petrolera y las cuestiones de la propiedad con vistas a salvaguardar el interés nacional, lo cual presupone encadenar el sentido de las reformas en una gran perspectiva de conjunto, la cual no puede ser la asunción subsidiaria del laissez faire, como quieren algunos de nuestros prohombres.
Da la impresión de que al gobierno no le interesa otra cosa que mejorar las cuentas de la empresa sin hacer un esfuerzo de racionalización a fondo. Tiene un esquema: abrirle el paso a los capitales transnacionales que puedan con el paquete tecnológico para luego montarse sobre la efímera prosperidad traída por las grandes inversiones; pero a pesar de toda la retórica reformista, no hay un planteamiento capaz de esbozar, así sea en grandes líneas, una opción creíble y viable acerca del futuro de México.
Se cree que liquidando el monopolio estatal del petróleo se culmina la etapa de modernización, iniciada con bombo y platillo hace varias décadas, para integrarse al mundo global (como lo piden, justamente, los grandes centros de poder), sin reconocer jamás que aquellas promesas de riqueza compartida no se tradujeron en menor desigualdad, en crecimiento sostenible y sí, en cambio, dieron lugar a la sociedad vulnerable que ahora somos.
En vez de propiciar la deliberación acerca del país que somos y queremos ser, el reformismo actual sin otra perspectiva no ayudará a resolver la existencia de un México que sin duda requiere de recursos, pero que exige, sobre todo, de objetivos nacionales claros.
Fuente: La Jornada
