La Procuraduría General de la República (PGR) respondió al informe dado a conocer este domingo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y destacó que éste ha tenido acceso en todo momento a las constancias de la averiguación previa radicada en la Oficina de Investigación del Caso Iguala creada en la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
“La indagatoria de los hechos de Iguala durante la actual administración se ha caracterizado por su apertura y transparencia con los familiares, sus representantes y el GIEI, así como con la sociedad en su conjunto”, indicó la PGR en un comunicado.
En conferencia de prensa a dos meses de que concluya el mandato del GIEI, sus cinco integrantes revelaron este domingo que se les ha restringido el acceso a 12 averiguaciones previas abiertas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), relacionadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
El grupo alertó además sobre el intento de la PGR de “generar una quinta versión de los hechos”, frente al desmantelamiento de la “verdad histórica”.
“La investigación no está fragmentada. La Oficina de Investigación del Caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos respectivos, mientras que la SEIDO conoce eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia, sin que ello implique que deje de remitir las declaraciones de inculpados vinculados directamente con el Caso Iguala para su desahogo”, respondió la PGR.
En el comunicado, la PGR considera necesario precisar y establecer con toda claridad, con base en las constancias ministeriales existentes en el expediente, mismas que próximamente se darán a conocer por medio de una ampliación de la versión pública, los siguientes puntos:
Agrega que en observancia a su mandato como coadyuvante técnico, el GIEI ha tenido acceso directo a la información contenida en el expediente, como son las detenciones señaladas por el propio Grupo, y por otra parte la SEIDO ha remitido a la oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos los datos de prueba que pudieran estar relacionados con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, aun y cuando esos datos pudieran haber tenido su origen en otros ilícitos ocurridos en fechas distintas.
La PGR reiteró que la indagatoria sobre el caso Iguala se encuentra abierta; cualquier línea de investigación será agotada exhaustivamente, tanto por ser una obligación que la ley establece, como por convicción de la institución, indicó.
Agrega que la consignación de los 22 policías señalados por el GIEI fue realizada el 30 de septiembre de 2014 por las autoridades del Estado de Guerrero y el acto reclamado en el Juicio de Amparo es la formal prisión dictada por un juzgado del fuero común. Sin embargo, la PGR ha dado seguimiento al juicio de amparo, sobre el cual interpuso un recurso de revisión que será resuelto por el Tribunal Colegiado correspondiente.
La PGR consideró necesario aclarar a la opinión pública que estas mismas personas están sujetas también a procesos federales por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, por lo que en el supuesto sin conceder de que se actualizara la hipótesis señalada por el GIEI, ninguno de los 22 policías podría obtener su libertad hasta en tanto los jueces federales así lo resolvieran.
La PGR señaló que brindó su apoyo a la representación legal en el seguimiento a la toma de muestra del ADN de Julio César Mondragón, dentro del proceso local. Las diligencias del caso fueron realizadas por una autoridad ministerial del fuero común, quien a su vez, consignó ante un Órgano Jurisdiccional del mismo fuero.
Destacó que dichas diligencias fueron ordenadas por la autoridad judicial local, dentro de la causa penal y no constituye un acto de investigación ordenado por el Ministerio Público de la Federación, como pareciera entenderse, ya que la solicitud formulada por los familiares de Mondragón Fontes de toma de ADN, tuvo que pasar por la autorización y posterior trámite entre órganos jurisdiccionales estatales, sirviendo la PGR como conducto para acortar tiempos.
De igual manera, aclaró que los señalamientos relacionados con el posible trasiego de droga entre Iguala y Chicago forma parte de las diversas líneas que están siendo investigadas.
Asimismo, la dependencia reiteró su rechazo y desaprobación a las filtraciones de información, por lo que instruyó al MPF investigar estos hechos. Cabe señalar que a esta información tienen acceso diversos actores procesales.
Precisó que la autoridad ministerial y los actores procesales tienen la obligación de guardar sigilo y secrecía en las indagatorias.
La Procuraduría General de la República se encuentra analizando debidamente la pertinencia y el apego a la ley de cada una las solicitudes pendientes del GIEI para su acuerdo. En este sentido se informa que las primeras 177 solicitudes (26% del total de peticiones) ya están debidamente atendidas; las 31 formuladas en el periodo previo a la prórroga del mandato (5% del total) y las 469 contenidas hasta este momento en la segunda etapa (69% del total) se encuentran con un amplio avance de atención.
Fuente: Apro
