En 2016 la FEPADE recibió documentos sobre el desvío de más de 200 millones de pesos con fines electorales por parte del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Sin embargo, ahora que éste fue extraditado a México, luego de meses de cautiverio en Panamá, la Procuraduría General de la República lo acusa sólo de presunto lavado de dinero y desfalco al erario quintanarroense, pero no de peculado electoral. Y esa omisión resulta oprobiosa en tiempos de precampañas.
Por Genar Villamil/ Proceso
Durante los 214 días de prisión en Panamá, Roberto Borge Angulo, el exgobernador priista de Quintana Roo no sólo perdió 20 kilos de su robusta figura sino también logró “adelgazar” los delitos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR), pues la dependencia ignoró los ilícitos derivados del peculado electoral por más de 200 millones de pesos y los relacionados con su presunto vínculo con el crimen organizado.
Considerado uno de los grandes “piratas” del erario federal y el de Quintana Roo, Borge hizo crecer la deuda pública estatal 115% durante su mandato, desvío más de mil 464 millones de pesos recaudados por el impuesto al hospedaje, dejó más de mil millones de pesos sin aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación, destinó más de 500 millones de pesos del erario sólo en rentas de aeronaves privadas, pero la causa penal 381/2017 de la PGR sólo lo acusa por presunto “lavado de dinero” y desfalco al erario estatal de 900 millones 99 mil 48 pesos en la venta irregular de 22 predios que fueron parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE).
La PGR sostiene en su acusación que esos 22 predios, que suman 7 millones 118 mil metros cuadrados, fueron rematados entre 2011 y 2014 por el IPAE a familiares del entonces gobernador y a una red de prestanombres y amigos por debajo de su valor real. Los compradores pagaron sólo 238 millones 790 mil pesos, cuando su valor real era de mil 138 millones, de ahí el quebranto calculado en poco más de 900 millones.
La madre de Borge, María Rosa Angulo Castilla, se quedó con dos terrenos de 116 mil 196 metros cuadrados en la isla de Cozumel por los cuales pagó una suma inferior a su valor real.
Otros beneficiarios, según la PGR, fueron el empresario gasolinero Santiago Jiménez, el abogado César Celso González Hermosillo, la secretaria de su padre, María de Lourdes Pinelo Nieto, así como una red de empresas como Caveri Servicios Inmobiliaria, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch, Rancho La Posadita e Inmobiliaria Matics.
La fiscalía estatal le imputa diversos ilícitos a Borges por 3 mil 104 millones de pesos, pero desde julio pasado el exgobernador obtuvo un amparo del Poder Judicial de la Federación contra delitos del fuero estatal.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2149, ya en circulación
