La licitación del tren México-Querétaro y Oceanografía son evidencia de incertidumbre jurídica; la poca transparencia en procesos económicos públicos pone en riesgo las recientes reformas.
Por: Cinthya Bibian y Gonzalo García
El caso Oceanografía y la cancelación de la licitación del tren México-Querétaro abonan la percepción de que en México los procesos son poco transparentes. Es la otra inseguridad que sufre el país, la jurídica, consideran expertos.
“Existe un ‘capitalismo de cuates’ donde se presentan actos de colusión entre los agentes privados y entre éstos y el mismo gobierno”, dice el director ejecutivo de Integralia Pública, Gustavo Rivera, a la revista Expansión en su edición del 19 de diciembre. “Esto destruye la esencia de los procesos de licitación”.
Integralia es una organización independiente que evalúa el desempeño de las instituciones públicas.
Este problema fue el que hizo que el representante en jefe de Bombardier México, Alfredo Nolasco, se retirara de la licitación del tren México-Querétaro, un proyecto en el que, dice, tenía mucho interés.
Nolasco recibió el 15 de agosto de 2014 las bases con los términos y condiciones de la licitación para construir y operar el tren rápido entre México y Querétaro.
Era un negocio muy atractivo. Los trenes de pasajeros dejaron de operar en México hace 20 años, y ahora se abrían nuevas oportunidades para su empresa.
Descarrilamiento
Pero cuando leyó las bases de la licitación, pensó que el tiempo para participar no era suficiente. “Un proyecto de esta magnitud generalmente tomaría un año, bajo estándares internacionales, poder realizarlo”, afirma. Apenas le dieron dos meses.
Nolasco solicitó ampliar los tiempos, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) negó la petición. “Por eso nos retiramos del proceso con nuestro derecho de decir: ‘Simplemente, no vamos a participar’”, dice.
Igual que Bombardier, otras 15 compañías, incluidas extranjeras, como Siemens, Alstom, Abengoa y Mitsubishi, enviaron cartas de disculpa. Ganó el único que se presentó: un consorcio liderado por la china China Railway Construction Corporation (CRCC), junto a compañías mexicanas, como Constructora Teya, filial de Grupo Higa, que preside Juan Armando Hinojosa Cantú.
Tres días después, el jueves 6 de noviembre, Enrique Peña Nieto canceló el resultado de la licitación para “fortalecer la absoluta claridad, legitimidad y transparencia”, según el comunicado de la SCT.
Ese mismo fin de semana, el portal Aristegui Noticias dio a conocer que la esposa del presidente, Angélica Rivera, tiene en la Ciudad de México una casa de 54 millones de pesos (mdp) construida por Ingeniería Inmobiliaria del Centro: otra empresa de Grupo Higa, la misma que había ganado la licitación del tren.
Esta compañía obtuvo varios contratos de construcción en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador de esa entidad.
Otro caso que involucra también otra casa del mandatario fue publicado por el diario The Wall Street Journal el 20 de enero de 2015. La publicación dio a conocer que Peña Nieto adquirió en 2005 una casa por 372,000 dólares a un empresario que después ganó más de 100 millones de dólares en contratos de obras públicas en el Estado de México.
Viejos conocidos
El proceso de licitación del tren México-Querétaro se hizo con prisas y con unos plazos “imposibles” de cumplir, coinciden tres empresas participantes: Bombardier y otras dos que pidieron el anonimato.
“Éstos son procesos que llevan un año, era imposible participar teniendo dos meses apenas para entregar toda la propuesta”, dice el presidente de otra compañía que vivió el proceso, que pidió no ser nombrado. “Decidimos no entrar, aunque nos interesaba mucho”.
“Estaba clarísimo desde el principio que ya tenían al ganador”, afirma un empresario mexicano que también entró al concurso.
Finalmente, el gobierno canceló la licitación que ganó la china CRCC, dentro del plazo que le permitía la ley.
Sin embargo, varios empresarios coinciden en que se trata de un mal mensaje a los inversionistas. El ambiente de negocios para participar en licitaciones está en un mal momento, añade el presidente de la empresa que vivió el proceso. “Esto genera mucha desconfianza a la hora de participar en una licitación”.
En México, agrega el representante de una gran empresa de alimentación, predomina el “contratismo”, donde los gobiernos eligen a dedo a los ganadores de los concursos. Y muchas empresas, dice, lo aceptan.
El extraño caso de Oceanografía
El año que terminó con esta polémica de Grupo Higa empezó con el caso Oceanografía, de Amado Yáñez Osuna: dos empresas acusadas de utilizar sus contactos políticos para generar negocios.
El asunto de Oceanografía es otro ejemplo de la falta de transparencia y de la poca protección que el gobierno da a los inversionistas, critican varios acreedores internacionales de esta empresa de servicios petroleros.
Esta compañía, uno de los principales proveedores de Pemex, entró en concurso mercantil después de que Citigroup la acusara en febrero de 2014 de haber cometido fraude a su filial mexicana, Banamex.
La empresa está inhabilitada para recibir nuevos contratos de Pemex. Pero en julio, el juez del concurso mercantil canceló la inhabilitación en una decisión sin precedentes.
“Esto lo consideré tomando en cuenta que el cliente principal, si no es que el único, de Oceanografía es Pemex, y en este momento, si no se llevaban a cabo los contratos, la empresa deja de tener ingresos y dejaría de operar”, dice el juez Felipe Consuelo, encargado del concurso mercantil.
Pemex apeló la decisión y la empresa sigue inhabilitada. “Prácticamente estamos dejando que se seque y se vaya a la quiebra”, opina el juez Consuelo. “La función principal del concurso mercantil es buscar que las empresas vuelvan a funcionar en aras de la economía nacional, al igual que para proteger a los trabajadores, proveedores y acreedores de la empresa”.
Los acreedores internacionales de Oceanografía afirman que el gobierno rechazó un plan que presentaron para hacerse cargo de la empresa. “El gobierno se está mostrando parcial e interesado”, dice un representante. “Y parecería que está haciendo lo posible por liquidar a la empresa y repartirla entre sus amigos”.
El comprador que no fue
Grupo Alemán, de Miguel Alemán Velasco, presidente de Interjet y ex gobernador por el PRI en Veracruz, anunció en octubre que había llegado a un acuerdo con los accionistas de Oceanografía para comprar la empresa.
Pero dio marcha atrás poco después. “Era una deuda nueva cada día que aparecía por ahí, y francamente nos íbamos a pasar la vida pagando la deuda”, dijo Miguel Alemán a la revista Expansión en octubre.
“Lo que queríamos era ayudar –agrega-, porque el inversor extranjero iba a tener miedo de entrar a la cuestión energética (…). Dijimos: podemos entrar aquí, podemos ayudar y esto sirve para decir ‘mira, aquí se respeta esto y se respeta lo otro’.
Pero, por ejemplo, los barcos (de Oceanografía) no se sabe de quién son, cuántos son y cuántos funcionan y cuáles no, y qué contratos se cumplieron y cuáles no. Todas las preguntas básicas de cualquier negocio estaban muy complicadas”.
¿Freno a las reformas?
Las polémicas de Oceanografía y del tren llegaron en un contexto en que el gobierno preparaba varias licitaciones importantes, consecuencia de las reformas de telecomunicaciones y de energía y del Programa Nacional de Infraestructura: dos de ellas son el proceso para la tercera cadena de televisión abierta y el concurso para repartir 169 bloques de petróleo a empresas privadas por primera vez en 75 años.
“Si a los chinos les quitas el tren, ¿por qué no nos irías a quitar a nosotros un contrato pasado mañana? Las compañías necesitan que haya seguridad jurídica”, dice Luis Paillés, abogado de Kaye & Paillés Asociados, una firma que asesora a varias empresas energéticas extranjeras interesadas en invertir en México.
¿Puede la inseguridad jurídica poner en riesgo la reforma de telecomunicaciones y la de energía?
“(La corrupción) es el principal factor de erosión del Estado de Derecho”, dice Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad. “Es el principal obstáculo para que México se vuelva un lugar atractivo para invertir”.
México es el país más corrupto de los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según Transparencia Internacional. Los gastos de las empresas por corrupción en un año pueden equivaler a 9% del PIB del país, dice un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
Sin embargo, la gran mayoría de los empresarios consultados dice que la inseguridad jurídica no frenará sus inversiones, aunque sí las hace menos eficientes.
Bombardier, CAF, ICA y CRCC ya estudiaban, al cierre de la edición de Expansión del 19 de diciembre, volver a entrar a la nueva licitación del tren México-Querétaro.
“Se está hablando de la que posiblemente sea la primera línea de alta velocidad del continente”, dice Nolasco, de Bombardier. “Evidentemente que nos interesa participar”.
Fuente: CNN Expansión/ Con información de Jésica Zermeño, Leonardo Peralta y José Manuel Martínez.
