El portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que garanticen una investigación “minuciosa, efectiva, imparcial, independiente y profunda” en el caso Tlatlaya, donde 22 personas fueron ejecutadas el 30 de junio de 2014.
Asimismo, manifestó su preocupación de que a las víctimas se les continúe negando su derecho a la justicia y la verdad, y sobre todo que el caso “permanezca en la impunidad” después de casi dos años “de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”, incluida la alegada ejecución sumaria de al menos 12 personas.
En Ginebra, Shamdasani hizo referencia a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que indica que de las 22 personas que perdieron la vida, al menos 12 fueron ejecutadas extrajudicialmente en una bodega localizada en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México.
Siete militares fueron arrestados por estos hechos, sin embargo, en octubre de 2015 un juez retiró los cargos en contra de cuatro de ellos y la semana pasada fueron liberados otros tres por evidencia insuficiente. A raíz de este hecho, el pasado lunes 16 la CNDH solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que aporte nuevas pruebas para fortalecer su acusación contra los militares involucrados en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas.
Ravina Shamdasani recordó que en su visita a México en octubre de 2015, el Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein advirtió que el caso Tlatlaya se observaría de manera cercana como prueba del compromiso de las autoridades para combatir la impunidad, luego de la reforma al Código de Justicia Militar para que sean las cortes civiles las que juzguen a militares en casos de crímenes contra ciudadanos.
Señaló que respetan la independencia del Poder Judicial y han tomado nota del pronunciamiento de la PGR respecto a que continuarán proveyendo evidencia en el caso para que no quede en la impunidad.
“Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que garanticen una investigación minuciosa, efectiva, imparcial, independiente y profunda en este caso emblemático. También urgimos a las autoridades judiciales y de procuración de justicia a cumplir con los más altas normas y estándares de derechos humanos en sus investigaciones y en la conducción de sus juicios”, pidió.
Y consideró que las investigaciones tienen que extenderse para examinar a todos los responsables, incluidos los militares superiores que tienen cadena de mando, así como quienes dieron las órdenes para cometer esos crímenes.
Indicó que otras denuncias de violaciones como la detención arbitraria o la tortura de los testigos deben ser investigadas, y demandó establecer una instancia forense que sirva para éste y otros casos.
Fuente: Proceso
