La primera etapa del desarrollo, conformada por las 125 viviendas que en mayo pasado entregó el presudebre Peña Nieto junto al gobernador Ángel Aguirre, aún no es habitable. Incluso a algunas casas les faltan puertas, ventanas, infraestructura hidráulica y eléctrica
Por Ezequiel Flores Contreras/ Proceso
“Puras fallas, esto es un infierno y de nada sirve denunciar, porque no hacen nada”, espeta la señora Emelia Saldaña Gregorio a casi un mes de que el presidente Enrique Peña Nieto visitara este pueblo, devastado por las torrenciales lluvias de septiembre pasado, y anunciara el proyecto de reconstrucción denominado La Nueva Pintada.
Durante la gira presidencial del 26 de mayo, el Gobierno Federal se comprometió a concluir rápidamente la edificación de 125 viviendas prometidas meses atrás. Hasta la fecha sólo ha entregado 11, y sólo seis de ellas están amuebladas.
El proyecto de reconstrucción de La Pintada, adjudicado a la empresa michoacana Grupo Oro, prevé erigir en total 210 viviendas de interés social, de estilo parecido al californiano. Tendrán una o dos plantas, “con espacio frontal para estacionar vehículos y amplias áreas verdes”, pero no se crearán zonas para animales de granja, muy comunes en esta zona.
Durante un recorrido que realizó Proceso se constató que aún no es habitable “la primera etapa del desarrollo”, conformada por las 125 viviendas que el Gobierno Federal mencionó. Los pobladores explican que en algunos inmuebles faltan puertas, ventanas, infraestructura hidráulica y eléctrica.
A pesar de ello, representantes de la empresa aseguraron a los pobladores que ya se puede vivir en esas edificaciones, construidas con panel de unicel reforzado con concreto, y consideraron que si los damnificados no las han ocupado “es porque no quieren”. También aseveraron que el proyecto urbano, que contrasta con el ambiente rural de la zona, no modifica el estilo de vida de la gente.
Así, los vecinos tienen hoy más dudas que certezas ante la modificación de su entorno, el retraso de las obras y la instauración de programas para detonar la actividad cafetalera en esta zona controlada por el narcotráfico.
Así las cosas
El pasado 16 de septiembre, un alud sepultó la mitad de La Pintada. Las autoridades reportaron 36 casas destruidas, 71 personas enterradas y cinco agentes federales fallecidos durante las labores de rescate.
Para llegar a este lugar, enclavado en la parte serrana del municipio de Atoyac de Álvarez, se atraviesa un laberinto verde rodeado de montañas y vegetación abundante. En esa zona operó la guerrilla del profesor rural Lucio Cabañas en las décadas de los sesenta y setenta.
La Pintada se encuentra a más de mil metros sobre el nivel del mar y se ubica a unos 60 kilómetros de la cabecera municipal, sobre una serpenteante carretera estatal que conecta la Sierra Madre del Sur con la Costa Grande. A pesar de las lluvias y deslaves, actualmente la vía se encuentra en buen estado. Llegar de la cabecera municipal a La Pintada demora dos horas.
La economía de las comunidades serranas de Atoyac, como El Paraíso, La Pintada y El Edén, se basó en la producción de café de gran altura. Luego de que en la década de los ochenta el Gobierno Federal dejara de comprar el grano a los productores, el empresario Marco Galeana se convirtió en el principal comerciante de café en la zona.
Actualmente, sin embargo, el principal sustento de la economía en esta franja de la entidad es la siembra de amapola —fomentada y tolerada por las autoridades federales— para contrarrestar los efectos de la guerrilla, según han detectado diversos estudios académicos.
De este modo, desde hace años las poblaciones de la región se encuentran hundidas en la violencia debido a la lucha entre grupos criminales que se disputan las zonas de producción y trasiego de heroína.
El drama
En La Pintada, una mujer de piel morena y negra cabellera se afana en secar el piso blanco de la vivienda de dos plantas que apenas le fue entregada.
—A mí no me tomes ninguna foto. Todos los que han venido sólo es para burlarse. Nos prometieron casas amuebladas para los que perdimos todo y mira cómo estamos, a raiz.
El alud de septiembre devoró a sus cuatro hijos y a su mamá; sólo una de sus hijas sobrevivió. Desde hace tiempo que su marido ya no estaba con ella. Al relatar su situación, por momentos se le quiebra la voz. Se llama Emelia Saldaña y corta el cabello en este pequeño poblado de al menos 800 habitantes.
Evasiva, se limita a decir que hasta el momento las autoridades federales no han cumplido con sus promesas, y estalla en contra del comité ciudadano que se formó después de la tragedia y que encabeza Cesáreo Moreno. No han sido efectivos y no hay claridad en el manejo de los recursos.
Emelia afirma que la vida en La Nueva Pintada se convirtió en “un infierno”, porque no se toma en cuenta a quienes perdieron familia y patrimonio. Califica de martirizante el proceso para que le adjudicaran una de las viviendas erigidas por el Gobierno Federal. Después de decirlo corta la entrevista: asegura que si continúa hablando puede sufrir represalias.
Los otros problemas
Ema Nájera Tinoco, otra habitante de La Pintada, refiere que hay incertidumbre acerca de la biblioteca que forma parte del Centro Educativo construido por fundaciones como Bancomer, Televisa y Femsa.
Antes de la devastación, la biblioteca era un espacio municipal, pero ahora los profesores pretenden que sea administrada por las autoridades educativas estatales. Esto preocupa a Nájera Tinoco porque de ello depende su fuente de trabajo en el ayuntamiento. Ella estaba recibiendo un sueldo mensual de mil pesos por gestionar el lugar. Otro de los conflictos que se vive en la zona es la molestia de al menos 80 comisarios municipales. Ellos aseguran que el Gobierno Federal concentró las obras de reconstrucción en La Pintada, calificada por el presidente Peña Nieto como el epicentro de la tragedia de Guerrero. Sin embargo, los inconformes recuerdan que multitud de rancherías también fueron devastadas. A esos sitios apenas ha llegado presupuesto. Acusan que tampoco se ha atendido a los productores de café que perdieron sus huertas, según resume el comisariado de bienes ejidales de El Paraíso, Leonel Lucena Sotelo. Una complicación derivada de este problema es que si la gente no puede ganar dinero en industrias legales puede engrosar las filas de las ilegales.
Esta situación provocó que autoridades comunitarias de Atoyac se manifestaran durante la pasada visita de Peña a La Pintada. Empero, se les impidió el acceso al acto oficial donde expresarían su inconformidad.
Un motivo de preocupación más: Las lluvias se adelantaron un mes y ya provocan estragos en todo Guerrero. Así, las protestas de damnificados se intensifican ante el retraso en las obras de reconstrucción que ejecuta exclusivamente el Gobierno Federal.
Puentes sin reparar
Por ejemplo: sólo ha sido rehabilitado uno de los 25 puentes carreteros que colapsaron en 2013. Se trata del paso vehicular ubicado en el municipio de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente. Los restantes, que conectan decenas de pueblos en las regiones de la Montaña, Centro, Costa Chica y la Sierra, siguen inconclusos.
Esta demora se mantiene pese a los 37 mil 425 millones de pesos autorizados para el programa de reconstrucción y mejoras de este año, denominado Plan Nuevo Guerrero. Al 21 de marzo ya se habían destinado 20 mil 458 millones de pesos a 13 mil 404 acciones. De esa cantidad, 10 mil 945 millones están destinados a obras de Comunicaciones y Transportes, indica el portal transparenciapresupuestaria.gob.mx/nuevoguerrero.
La rebatinga de recursos y la ejecución de obras siguen generando fricciones entre el Gobierno Federal y la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Este viernes 20, el periódico Reforma informó que José María Tapia Franco, director del Fondo Nacional de Desastres (Fonden, dependiente de la Secretaría de Gobernación), acusó al gobernador Aguirre de incumplir con la participación financiera que le corresponde para atender las afectaciones provocadas por los fenómenos naturales de este año.
El funcionario federal dijo que al Mandatario “ya se le hizo fácil nada más estirar la mano”. Tapia Franco asentó que Aguirre pidió que los daños provocados por los sismos de 2014 se incluyeran en el fondo Plan Nuevo Guerrero, que sólo contempla afectaciones de 2013. El objetivo es evitar el pago de 50% que le corresponde para la reconstrucción, tal como lo marca la normatividad del Fonden. El director del fondo advirtió que el Gobierno Federal no va a transferir “un solo peso” en tanto la administración de Aguirre no cubra el monto proporcional de los daños provocados por los recientes temblores.
Fuente: Proceso
