Organismos internacionales exigen a Fiscalía especial de la PGR abatir impunidad en crímenes contra periodistas
La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Instituto Internacional de Prensa (IPI) exhortaron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) a abatir la impunidad que enmarca las agresiones a comunicadores una vez que se aprobaron las recientes reformas legislativas.
Luego de recordar que desde la creación de la Feadle, en 2006, sólo se ha conseguido una condena, las organizaciones celebraron las modificaciones al Código Penal federal que permiten a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer casos que se sigan en el ámbito local, legislación que entró en vigor el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión.
En un comunicado, WAN-IFRA y el IPI recordaron que en febrero pasado realizaron una visita a México de la que presentaron un reporte en el que una de las preocupaciones fundamentales a destacar es la impunidad y la falta de facultades de la Feadle para atender investigaciones sobre agresiones a periodistas.
Según confirmaron en su visita al país, previa a la reforma legislativa, “la Fiscalía estaba atrapada en una situación absurda en la que esencialmente carecía de capacidad legal para hacer la labor para la cual se había creado”.
Durante esa gira de trabajo, la fiscal especial Laura Borbolla informó a las organizaciones que tienen su sede en Europa que “en al menos 40 casos su oficina había reunido suficiente información para justificar la detención de un sospechoso, pero que cada vez que la evidencia había sido llevada ante un juez federal el caso había sido rechazado por falta de jurisdicción”.
El director general adjunto de WAN-IFRA, Larry Kilman, consideró que ahora que se cuenta con “las herramientas legales para actuar, esperamos de la Feadle investigaciones inmediatas y exhaustivas sobre los asesinatos de periodistas”.
Kilman recordó que desde la creación de la primera fiscalía especial, en 2006, más de 50 comunicadores han sido asesinados. “Hace mucho tiempo que se esperan condenas de esa Fiscalía. Es hora de poner fin a esta impunidad”, apuntó.
En el comunicado firmado en París, Francia, y Darmstadt, Alemania, las organizaciones resaltaron que en reuniones sostenidas con legisladores mexicanos los integrantes de la misión que estuvieron en nuestro país en febrero pasado instaron a diputados y senadores a aprobar la legislación secundaria para ir abatiendo las deficiencias en investigaciones que, por lo general, recaen en procuradurías de los estados, lo que finalmente se concretó con la aprobación por unanimidad de los cambios al Código Penal federal.
Para el director adjunto del IPI, Anthony Mills, con las reformas “el Congreso de México ha enviado una fuerte señal a los que buscan hacerle daño a los periodistas y así silenciar a toda una nación, de que se enfrentarán a toda la fuerza de la ley”.
Después de reconocer el trabajo de los legisladores, Mills apuntó que “el verdadero trabajo apenas ha comenzado: el gobierno federal y la PGR deben asegurarse de que la Fiscalía cuente con los recursos y fondos necesarios para cumplir con sus funciones. IPI estará monitoreando cuidadosamente el trabajo de la fiscal y no estará satisfecho hasta que los asesinos de periodistas estén tras las rejas”.
A partir de la reforma al artículo 73 constitucional, recordaron las agrupaciones, se faculta al gobierno federal a procesar a responsables por delitos cometidos contra medios de comunicación, pero con los cambios al Código Penal federal es posible que la PGR, bajo ciertas condiciones, atraiga los casos.
Según los cambios, procede la actuación de la PGR en investigaciones sobre agresiones a periodistas cuando por indicios o por querella se presuma la intervención de un funcionario estatal o municipal; siendo delitos graves calificados por la ley, o si la víctima u ofendido “se encuentre en riesgo real”, y cuando lo solicite “la autoridad competente de la entidad federativa que se trate”.
La PGR a través de la Feadle puede intervenir también cuando los delitos cometidos “impacten de manera trascendente al ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta”.
También, si en la entidad donde ocurrieron las agresiones a periodistas “existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”; si los acontecimientos trascienden a una o más entidades, o bien cuando “por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado mexicano sea parte se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”.
Fuente: Apro
