Por Jorge Javier Romero Vadillo*
Las horas de la prohibición de la mariguana están contadas. Lo que hace apenas algunos años parecía un despropósito de delirantes, hoy se ha convertido en la posición de razonables personajes de la escena política. Algunos de los que participaron en gobiernos enganchados con enjundia en la estrategia prohibicionista, ahora proclaman que la regulación estatal es la única estrategia viable para enfrentar a un mercado con fuerte demanda actualmente regulado por los delincuentes.
El miércoles pasado, 31 de julio, Fernando Gómez Mont, uno de los efímeros secretarios de Gobernación del cruzado Calderón, apareció públicamente, junto con el Secretario de Salud de Zedillo, uno de los dos de Relaciones Exteriores de Fox y el de Hacienda de Salinas, a defender la legalización plena de la mariguana desde una perspectiva jurídica de derechos y libertades, además de cuestionar los efectos nocivos que sobre el orden jurídico y la seguridad pública ha tenido la estrategia prohibicionista respecto a las drogas psicotrópicas.
La intervención de Gómez Mont en el foro coordinado por Héctor Aguilar Camín –en el que también participó María Elena Morera, de México Unido Contra la Delincuencia– tuvo una relevancia especial porque recuperó uno de los temas más frecuentemente eludidos en el debate sobre la legalización de las drogas: el derecho de los adultos a la soberanía sobre su cuerpo. Tal como lo dijo el jurista de breve paso por la conducción de la política interior de la república, la prohibición de las drogas atenta contra las libertades individuales que un Estado de derecho democrático y liberal debe garantizar. Gómez Mont apuntó, además, el conjunto de derechos humanos violados por el Estado en el proceso de guerra contra las drogas y puso el acento en el desperdicio de recursos públicos orientados erróneamente a perseguir delitos esencialmente de mercado en lugar de ser encauzados al combate de los delitos depredadores, como el secuestro, que dañan profundamente –esos sí– a la sociedad.
Siguieron los demás ex secretarios, cada uno desde su campo de especialidad, argumentando sobre las razones para la legalización, hospedados por la Fundación Miguel Alemán, lo que subrayó la entrada del tema antes vilipendiado a la agenda de las elites mexicanas.
Juan Ramón de la Fuente resumió, desde su perspectiva de psiquiatra, los argumentos desarrollados desde hace tiempo por otros profesionales de su campo, como Gady Zabiky del Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD). Desde una perspectiva de salud, las razones para mantener la prohibición de la mariguana son muy endebles; de hecho, tal como lo planteó De la Fuente, su peligrosidad –tanto sobre la salud de los consumidores como sobre su entorno social– es menor que la del alcohol y la del tabaco, ambas drogas legales, al grado de que los últimos creyentes en la prohibición entre los médicos, como Prado de los Centros de Integración Juvenil, no alcanzan a hilar más argumento que si ya existen dos drogas recreativas legales no se necesita legalizar una más, como si la política de salud se debiera enfocar a limitar el menú de opciones psicotrópicas al alcance de la población. Por cierto, De la Fuente también señaló el hecho de que los recursos orientados hoy a aplicar la prohibición serían mucho más útiles si se invirtieran en estrategias de prevención contra las adicciones, lo que podría aumentar el presupuesto con el que cuenta hoy el doctor Prado para hacer su trabajo, pero él prefiere, sin embargo, aferrarse a su prejuicio.
Jorge Castañeda, por su parte, hizo la autocrítica de quienes durante décadas, a pesar de compartir la opinión de que la prohibición de las drogas era contraproducente, consideraban que la legalización en México sólo sería posible si antes procedía en los Estados Unidos. Frente a aquel argumento, otros defendimos la idea de que una posición activa de México en los foros internacionales contra la prohibición podría contribuir a un cambio en la política de drogas de la gran potencia, principal instigadora del paradigma todavía vigente. Los sucesivos gobiernos mexicanos no se atrevieron; la crítica a la guerra contra las drogas empezó en otros países latinoamericanos, como Colombia o Guatemala, mientras que aquí Calderón metía al país en una espiral de violencia desproporcionada por tratar de ser el alfil aplicado de Bush cuando ya Obama era presidente. Mientras aquí se enfilaba toda la fuerza de un Estado de suyo no muy fuerte en el combate a los carteles de traficantes de drogas para que éstas no llegaran a los Estados Unidos, de aquel lado de la frontera el cambio de estrategia se abría paso. Uno a uno, veinte estados de la unión legalizaron la mariguana médica; en las principales ciudades del país del norte los delitos de drogas dejaron gradualmente de ser perseguidos con el celo de otros tiempos y, finalmente, los estados de Washington y Colorado legalizaron plenamente la mariguana para usos recreativo en toda su cadena, desde la producción hasta la venta al menudeo. Como ha dicho Castañeda, en esas circunstancias el gobierno de los Estados Unidos ha perdido la capacidad de seguir imponiendo la prohibición a rajatabla a México o a cualquier otro país.
Pedro Aspe, como buen economista liberal, expuso los argumentos que el prócer del monetarismo Milton Friedman desarrollo hace ya más de veinte años: la prohibición genera incentivos económicos perversos que benefician a los especialistas en mercados clandestinos, los dota de rentas extraordinarias que les permiten armarse y combatir al Estado para proteger su negocio, y genera una presión extraordinaria sobre las finanzas públicas que para mantener precariamente la prohibición tienen que destinar recursos ingentes con magros resultados.
No es que los panelistas expusieran argumentos muy nuevos: todos ellos habían sido planteados ya en México al menos desde la campaña electoral de 2000 por Democracia Social y su candidato presidencial Gilberto Rincón Gallardo, aunque entonces se trataba de una posición anatematizada. El gran cambio radica en que, por fin, en los círculos cercanos al poder se ha abierto paso la idea de que la prohibición no lleva más que a un callejón sin salida.
La propuesta concreta planteada por los ex secretarios no es demasiado audaz: se trataría sólo de ampliar la cantidad de mariguana que los consumidores podrían portar sin ser declarados narcomenudistas. Lejos está de la reforma emprendida por el Uruguay, donde el mismo día la cámara de los diputados aprobó la legalización plena de la producción y el comercio de la cannabis. Sin embargo, como señaló Pedro Aspe, se trataría de un paso que podría ser desencadenante de una reforma más a profundidad. También, como dijo Gómez Mont, los obstáculos para una liberalización mayor en la Ciudad de México, donde ya existen iniciativas de ley formalmente presentadas, se han levantado. Sin duda, ha llegado el tiempo de la legalización de la mariguana.
* Jorge Javier Romero Vadillo. Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.
Fuente: Sin Embargo
