Guatemala atraviesa la crisis política más profunda de los últimos tiempos.
Su presidente, Otto Pérez Molina, presentó su renuncia luego de ser desaforado por el Congreso y enfrenta la posibilidad de ser arrestado en el marco de un juicio por el escándalo de corrupción en las aduanas del país.
Y analistas guatemaltecos aseguran que en este proceso, Estados Unidos ha jugado un papel fundamental.
El llamado caso La Línea, que investiga a una mafia que cobraba sobornos a empresarios para permitirles evadir impuestos, ha causado protestas multitudinarias durante meses y también obligó a renunciar a la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien ya se encuentra detenida.
Y la investigación fue impulsada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano independiente creado con el apoyo de la ONU, que actúa en conjuntamente con la Fiscalía y que siempre tuvo un fuerte respaldo en Washington.
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Paradójicamente, apenas en enero Pérez Molina había dado por concluidas las labores de la Cicig, cuyo mandato expiraba el próximo 15 de septiembre.
“La fase de trabajo de la Cicig ya terminó y lo que no pudo hacer en ocho años seguramente no lo va a poder hacer en uno o dos años más”, dijo el mandatario entonces.
Ocho meses más tarde, el mandato de Pérez Molina parece estar en sus últimos días, mientras la Cicig goza ahora de un mandato extendido hasta el año 2017.
Las condiciones de Biden
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido –sin lugar a dudas– la figura detrás de las presiones de Washington para combatir el escándalo aduanero guatemalteco.
A comienzos de marzo pasado Biden se reunió en Guatemala con los mandatarios de los países del llamado Triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) para negociar sobre la aplicación de la Alianza para la Prosperidad.
Se trata de una iniciativa para la cual el gobierno de Barack Obama solicitó del Congreso unos US$1.000 millones, un monto que casi triplica los recursos que EE.UU. destina en ayudas para la región y cuya aprobación aún no ha sido acordada en el Capitolio.
Durante esa visita a Guatemala, Biden dejó clara la importancia que la Casa Blanca otorgaba a la extensión del mandato de la Cicig.
“La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala debe ser prorrogada; claro que es una decisión soberana pero debe ser prorrogada si alguien espera que el congreso de EE.UU. se vaya a sumar a la iniciativa haciendo compromisos de miles de millones de dólares (…). La continuidad de Cicig es muy, muy, muy importante”, dijo ante la prensa.
Gustavo Berganza, analista político y columnista del semanario guatemalteco Contrapoder, considera que la intervención de Biden tuvo un impacto fundamental.
“Desde el momento en el que el vicepresidente Biden comenzó a hablar en contra de la corrupción y a favor de la Cicig, ésta se convirtió en el centro de una gran discusión en Guatemala que llevó a Pérez Molina a tener que aceptar la renovación del mandato de esa comisión de la ONU”, señala.
La presión del Congreso
Las presiones a favor de la Cicig también se manifestaron en el congreso estadounidense. El 24 de marzo, el presidente del comité de Asuntos Exteriores del Congreso, el republicano Edward Royce, y el líder de los demócratas en esa instancia, Eliot Engel, enviaron una carta a Pérez Molina para abogar por la extensión del mandato.
Los parlamentarios destacaban además la participación de EE.UU. en el financiamiento de la Cicig y se comprometían a trabajar dentro del congreso y con el gobierno del presidente Barack Obama para mantener ese apoyo económico.
De acuerdo con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,Estados Unidos ha aportado US$7,16 millones del presupuesto de US$14 millones de que dispone el Cicig para 2015. El resto de fondos proviene de diversos países como Noruega, Canadá y Suecia, así como de instituciones como la Comisión Europea.
Una embajada activa
Washington también ha dado un apoyo constante a la continuidad de esta comisión internacional a través de su representación diplomática en Guatemala.
“El embajador Todd Robinson ha expresado en muchas ocasiones conceptos y opiniones que buscan apoyar la protesta ciudadana ordenada en el marco de la Constitución y de las leyes para aquellos cambios en la legislación que nos permitan un estado de derecho más firme con instituciones que atiendan realmente las necesidades de la gente”, le dijo a BBC Mundo el expresidente de Guatemala Eduardo Stein.
Berganza coincide en que Robinson ha sido muy activo en la defensa pública de la Cicig y en sus críticas contra la corrupción dentro del estado guatemalteco.
El analista político Hugo Novales, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala, reconoce el apoyo de EE.UU. a la Cicig, pero cuestiona hasta dónde debe llegar su influencia.
“Muchos se preguntan en Guatemala si la comunidad internacional, incluyendo a EE.UU., disponen de un poder de veto sobre la política en Guatemala o si, por lo que estamos viendo, pueden iniciar procesos que eventualmente pueden llevar a la caída de nuestro gobierno”, comentó en una entrevista a la BBC.
“Cuando se trata de democracias débiles, no consolidadas, debemos preguntarnos sobre qué papel queremos que juegue la comunidad internacional. En este caso, los intereses del pueblo guatemalteco coinciden con los de EE.UU., pero ese podría no ser el caso en el futuro“, advierte.
Stein, quien firmó el acuerdo con la ONU para el establecimiento de la Cicig en 2006, señala que el apoyo de EE.UU. ha sido fundamental y constante, aunque no lo considera como el elemento definitorio para la extensión del mandato de la comisión.
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“No creo que la decisión del presidente Pérez Molina de extender el mandato de la Cicig descansó exclusivamente en esa posición del vicepresidente Biden sino en una opinión ampliamente compartida por muchos sectores de la sociedad guatemalteca y, por supuesto, por la opinión de varios gobiernos que han venido respaldando el trabajo de la Cicig financiera y políticamente.”, apunta.
Uno de esos factores que muchos expertos consideran clave fue la investigación del caso La Línea denunciado el 16 de abril por la Fiscalía y la Cicig, tras lo cual empezaron a organizarse en el país las manifestaciones callejeras para pedir la renuncia del gobierno. Una semana más tarde, el 24 de abril, el presidente Pérez Molina anunciaba la extensión del mandato de la Cicig hasta 2017.
Las razones de Washington
El apoyo de EE.UU. a la Cicig se relaciona con los intereses propios de ese país en Centroamérica.
En un artículo publicado por Biden en The New York Times a finales de enero, el vicepresidente estadounidense advertía sobre los problemas de mala educación, corrupción institucional y de violencia de los países de la región.
“Seis millones de jóvenes centroamericanos entrarán en el mercado laboral durante la próxima década. Si allí no encuentran oportunidades, todo el continente sufrirá las consecuencias”, vaticinaba.
Biden iniciaba su texto con una referencia a la crisis migratoria vivida en el verano de 2014, cuando más de 70.000 menores de edad centroamericanos intentaron entrar a Estados Unidos por su frontera sur.
Ese acontecimiento también fue un argumento central en una exposición que hizo en julio, durante una visita a Madrid, el consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, quien ubicó a Centroamérica como “una de las cinco prioridades” de la política exterior de EE.UU., junto a Irán, Rusia, China y el llamado Estado Islámico.
En respuesta a una consulta de BBC Mundo sobre la posición de Estados Unidos hacia Guatemala, tras las acusaciones contra el presidente Pérez Molina, el Departamento de Estado aseguró que EE.UU. respalda los procesos legales transparentes, independientes e imparciales.
“Apoyamos el proceso constitucional de Guatemala para una transición democrática y urgimos a todas las partes a respetar las elecciones previstas para el 6 de septiembre”, señaló una portavoz.
“Observamos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha sido un socio comprobado tanto del gobierno como del pueblo de Guatemala en sus esfuerzos por promover el estado de derecho”, agregó.
Años de intervención
Esta no es la primera vez que la mano de Estados Unidos se hace sentir en la política guatemalteca.
Washington estuvo detrás del golpe de estado que derrocó al presidente Jacobo Árbenz en 1954 y también apoyó a la mayoría de los gobiernos militares que estuvieron en el poder hasta 1986.
Pero, más recientemente, sus intervenciones se han producido en defensa de la institucionalidad, como en el caso de la ahora exfiscal Claudia Paz y Paz y el juicio por genocidio en contra del expresidente Efraín Ríos Montt.
Paz y Paz fue eventualmente separada de su cargo – el 17 de mayo de 2014 – por orden de la Corte Constitucionalidad, pero varios analistas consideran que el apoyo que recibió por parte de la embajada de EE.UU. fue lo que le permitió hacer avanzar el proceso contra Ríos Montt, e incluso mantenerse con vida.
Y según Edelberto Torres Rivas, uno de los intelectuales más respetados de Guatemala y Centroamérica, esa fue la primera vez que la embajada se puso del lado de lo que en Guatemala es percibido como “la izquierda”.
“El embajador (en ese entonces Arnold Chacón) ha estado en primera fila como si él no tuviera nada que ver con lo que ha ocurrido en Guatemala”, fue, sin embargo, en ese momento, la reacción del exdirigente del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) Gustavo Porras.
Un recordatorio del complejo y a menudo contradictorio rol de Washington en la vida del más grande de los países centroamericanos.
Fuente: BBC
