Por Víctor M. Quintana S.
Esta vez sí tarjetearon bien a Peña Nieto, no como cuando dijo Okinawa en vez de Ojinaga en aquella remota frontera chihuahuense. No era para menos: con todo el trasfondo escénico montado para celebrar el primer aniversario de la Cruzada Contra el Hambre en Guachochi, Chihuahua, hubiera sido el colmo que se refiriera a esa población con un locativo japonés o paquistaní.
Seguramente el Estado Mayor Presidencial pensó que visitaban no el territorio rarámuri sino tierra de apaches en pie de guerra. El despliegue de elementos armados y la bunkerización de Guachochi fueron tales que parecía se iba a celebrar el aniversario no de la Cruzada Contra el Hambre, sino de alguna cruzada contra el terrorismo. Para protección de los ilustres visitantes, hasta última hora se supo que el acto sería en unas cabañas a la orilla del pueblo, mismas que fueron rodeadas con cercas de alambre y por varios kilómetros a la redonda se apostaron soldados, marinos y policías de todo tipo.
El acto se asemejó más al mitin de campaña peñanietista celebrado aquí en abril de 2012 que al del lanzamiento de la cruzada en febrero del año pasado. La diligencia de los legisladores tricolores chihuahuenses para ocupar lugares en los presídiums fue directamente proporcional a su prontitud para aprobar las reformas que les dicta su jefe Peña Nieto. El gobernador agradeció al Presidente que funja como el padrino del desarrollo económico de Chihuahua, pero el ahijado resultó minusválido: se acababa de anunciar que en el primer trimestre del año la entidad ocupó el último lugar de los estados fronterizos en inversión extranjera directa y que descendió del lugar 22 al 27 en cuanto a la facilidad para abrir un negocio… (para la gente común y corriente, porque unos pocos los abren y los expanden con toda celeridad).
Brillaron cifras y promesas. La secretaria de Desarrollo Social prometió que al terminar el mandato del gobernador habrá 130 mil chihuahuenses menos en extrema pobreza, adivinando dos fervientes deseos de la ciudadanía norteña. Peña Nieto aseguró que gracias a sus programas, 3 millones de mexicanos tienen ahora asegurado el abasto alimentario. Se proporcionaron cifras de entrega de tarjetas sin hambre, de apertura de comedores comunitarios y de tiendas Diconsa. No faltaron los indígenas en el presídium agradeciendo y buscando lugar en las selfies. En contraste y al mismo tiempo, otras comunidades rarámuris, con toda dignidad se presentaban ante la Suprema Corte de Justicia en México y lograban el apoyo de la justicia federal para sus luchas.
Si el propósito era documentar triunfalismo, no hay peor lugar para hacerlo que en la sierra Tarahumara. El acto fue una apoteosis de la atención a los efectos y de olvido de las causas de la extrema pobreza, en estas montañas y barrancas. Se ha insistido en que a las comunidades indígenas antes que darles hay que dejar de quitarles. Porque se les sigue despojando de sus territorios, de sus bosques, de sus corrientes de agua, de sus paisajes. No hubo ningún compromiso presidencial para detener a los talabosques, a los ganaderos que invaden pastizales comunitarios, a los invasores con proyectos turísticos, a los que se apoderan o contaminan el agua que debería servir para dar de beber a las familias, a sus hatos y a sus milpas, a quienes hacen pasar gasoductos por sus labores sin preguntarles siquiera su opinión, mucho menos indemnizarlos. A los rarámuris no hay que darles peces, ni enseñarles a pescar, hay que devolverles el arroyo, los peces y la caña que se les arrebataron.
Esas son las evaluaciones autocontentatorias. Pero la misma Sedesol dice que va a cambiar las reglas de operación de sus programas y dirigirse más hacia los proyectos productivos. La semana pasada el Frente Democrático Campesino tuvo que tomar la delegación de esta secretaría en Chihuahua porque con el pretexto de los famosos proyectos productivos estaban a punto de negarle los recursos que durante cinco años se le habían dado a productores de 15 municipios mediante el programa tres por uno y que habían servido para adquirir fertilizante a bajo costo para 30 mil hectáreas de siembra de frijol. Parece que ahora la forma de combatir la extrema pobreza es obligar a que los pobres hagan los proyectos, realicen las corridas financieras, se registren en Hacienda, extiendan facturas electrónicas, cosas que ni Slim hubiera hecho a inicios de su carrera acumuladora. Sólo la energía de las y los campesinos frentistas y la inminencia del aterrizaje de Peña Nieto en Guachochi lograron que se suspendiera por este año la decisión que afecta la producción de 24 mil toneladas de este alimento básico. Los campesinos producen alimentos para saciar el hambre, la burocracia los bloquea.
Pero, más allá de la sierra Tarahumara, ha de cuestionarse el programa Sin Hambre, no tanto en sí mismo sino en el conjunto de la política general de Peña Nieto. Pudiera ser que desde este programa se esté disminuyendo la extrema pobreza; pero desde la política económica de Peña Nieto, se está disparando. Más tarda la Secretaría de Desarrollo Social en medio rescatar pobres extremos que Hacienda y el gabinete económico en producir nuevos. Con todo y sus reformas, el proyecto económico que defiende Videgaray es una cruzada por el hambre en contra de más de 100 millones de mexicanos. Ahí están los datos que lo confirman: caída del poder adquisitivo del salario en 32 por ciento entre 2005 y 2012; o el hecho de que durante el primer trimestre del año el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza haya registrado un aumento anual de 3.5 por ciento, es decir, que en ese porcentaje se incrementara el número de personas que sufren precarización de su ingreso laboral, de tal manera que no pueden adquirir una canasta alimentaria adecuada (Carlos Fernández Vega, La Jornada, 3 de junio).
Injusticia salarial, injusticia económica, injusticia ambiental: es el hambre de justicia la madre de todas las hambres. Es en respuesta a este reclamo que hay que lanzar una cruzada, es aquí donde hay que gritar: Sin hambre.
