Cuando Steven Gibbs no pudo pagar las tarifas que le cobraba la empresa que supervisaba su libertad bajo palabra, terminó de nuevo detrás de las rejas. Cuando Gibbs —arrestado originalmente por manejar con una licencia suspendida— no pasó un control de drogas que dispuso la empresa, fue a parar a la cárcel de nuevo.
“La mitad del tiempo me da miedo salir a la calle”, declaró Gibbs, de 61 años, un exalbañil que vive en un motel barato porque la pensión por incapacidad que recibe y el sueldo de su esposa —que trabaja en un restaurante de comidas rápidas— no le permiten reunir dinero para el depósito de un departamento. “Ya no creo en nadie”, afirmó.
La compañía continuó cobrándole tarifas a Gibbs hasta la semana pasada, cuando un juez accedió a colocarlo bajo un nuevo plan, donde será supervisado por el tribunal, a fin de que pague las multas que le debe al condado.
En este pujante condado de Nashville y en más de un millar de juzgados de una decena de estados, muchos de ellos en el sur de Estados Unidos, la libertad bajo palabra de reos acusados de delitos menores es un negocio lucrativo, cada vez más polémico. Quienes tienen dinero para pagar multas evitan quedar bajo supervisión, pero los más pobres a veces terminan abrumados por las deudas y los castigos. Es una práctica que ha generado numerosos cuestionamientos y demandas.
“Lo lamentable de nuestro sistema judicial es que cuando te ves atrapado, eres como una rata que nunca puede salir de una rueda por las multas y la libertad condicional”, afirmó el sheriff local Robert Arnold.
Un juez federal emitió recientemente una orden impidiendo que un juzgado de Tennessee encarcelase a la gente solo por no pagar, citando una decisión de la Corte Suprema de 1983 según la cual los tribunales deben tomar en cuenta la indigencia de la gente. El alcalde recomendó que el condado se haga cargo de ese trabajo.
El uso lucrativo de la libertad bajo palabra ha sido descrita como una buena forma de proceder y de recaudar dinero, ahorrándole fondos a las autoridades, pero los detractores del concepto dicen que la libertad condicional financiada exclusivamente con el dinero que se les cobra a los infractores endeuda a gente que no puede pagar y la condena a ir a la cárcel por faltas tan inofensivas como una multa por una infracción de tráfico.
“No hay que penalizar la pobreza”, dice Hub Harrington, un juez de circuito de Alabama que suspendió uno de estos programas tras describirlo como una “red de extorsión avalada judicialmente”.
El debate sobre cómo castigar los delitos ignora en buena medida a los 9 millones de personas en libertad bajo palabra, casi la mitad de ellas por faltas menores.
La gente hallada culpable de infracciones menores a menudo evita las complicaciones asociadas con la libertad vigilada pagando multas y los costos de sus procesos. Quienes no pueden hacerlo, deben presentarse ante supervisores y cumplir ciertas disposiciones, como por ejemplo no consumir alcohol y someterse a una terapia.
Muchas municipalidades y condados encomendaron la vigilancia de esta gente a empresas que cobran a los infractores un promedio de 40 a 45 dólares al mes. La mayoría se encarga de cobrar las multas impuestas por los juzgados. También cobran por orientaciones, controles de drogas y sesiones de terapia.
“El sistema está pensado para vender tantos servicios como sea posible”, dice Jack Long, abogado de Georgia que ha radicado 18 demandas contra una empresa, Sentinel Offender Services.
El director de las oficinas de Sentinel en Georgia, Steven Queen, niega las acusaciones.
“No hay intención, práctica, conducta o política que de modo alguno promueva la explotación de los participantes, sin importar su condición financiera”, escribió al responder a preguntas de The Associated Press.
La gente puede demostrar que no tiene dinero y ser condenada a castigos alternativos como servicios comunitarios, afirmó Queen. Servicios como el suyo, dijo, se aseguran de que personas halladas culpables de infracciones como violencia doméstica o manejo en estado de ebriedad cumplen con la orden judicial de recibir terapia.
La privatización de la libertad bajo palabra permite al gobierno enfocar sus recursos en los delitos más graves, ahorrándoles dinero a los contribuyentes, alegó John Prescott, presidente de la Community Corrections Association de Georgia, un organismo que vela por los intereses de esa industria, en respuesta escrita a preguntas de AP.
Pero en Harpersville, Alabama, la empresa hostigó a gente que sabía no podía pagar, incluido un individuo con trastornos mentales, según Harrington.
“Lo encarcelaban y lo extorsionaban para sacarle dinero a su familia para dejarlo salir. Su único ingreso era una pensión por incapacidad del Seguro Social”, dice Harrington.
Algunos veteranos de este sector de servicios cuestionan el alcance de los abusos.
“No creo que sean tan generalizados como dicen”, expresó Dale Allen, director del servicio de libertad condicional del condado de Clarke en Georgia. Alegó que algunas personas simplemente quieren buscar la forma de no pagar sus multas.
Pero Chris Albin-Lackey, autor de un informe de Human Rights Watch de 2014 sobre las empresas supervisoras de la libertad condicional, dijo que las firmas y los jueces a menudo ignoran el hecho de que la persona no está en condiciones de pagar.
“Ves muchos casos en los que la gente trata de explicarle al supervisor por qué no puede pagar y la respuesta del supervisor es ‘no quiero saber nada de eso. Si no pagas, te mando a la cárcel”’, sostuvo.
En The Journey Home, un refugio para indigentes de Murfreesboro, su director Scott Foster dice que las personas que usan ese servicio son detenidas por estar intoxicadas o por otras faltas menores. La mayoría quedan en libertad bajo palabra y, con frecuencia, van a parar a la cárcel.
Marguerita Scroggins, que vive en el bosque y recibe correspondencia en el refugio, dice que tras su arresto el año pasado en posesión de una pipa de crack le llevó a la empresa que supervisa su situación una jarrita con tres dólares. La empresa le quería cobrar 45 dólares a la semana en concepto de multas y el agente que la atendió le dijo que no aceptaban efectivo. El único ingreso de Scroggins es una pensión por incapacidad de 744 dólares al mes.
“Le dices al juez que no puedes pagar, pero que estás tratando de hacer las cosas bien, de llegar a fin de mes, y básicamente empieza de nuevo todo el proceso de libertad condicional”, dice Foster. “Básicamente, hemos establecido una prisión para deudores (del sistema penal) en este suburbio de Estados Unidos en el siglo XXI”.
