Publicar algo en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e incluso en Wikipedia, incumbe al usuario. Pero ahora se desarrolla una discusión en Estados Unidos –donde radica desde 1996 una legislación sobre internet– que quiere reformar esa ley para que la responsabilidad de lo publicado recaiga en los proveedores de esos servicios. De aprobarse las modificaciones a la Sección 230 habrá un cambio radical en la red de redes.
Por / Proceso
WASHINGTON, DC. En un segundo se publican 9 mil 399 tuits, mil 58 fotos se comparten en Instagram y 88 mil 659 videos son vistos en YouTube, al mismo tiempo que Facebook cuenta con 2 mil 754 millones 88 mil 272 miembros “activos”, como lo indica el conteo de la página Internet Live Stats, que invita a “mirar crecer internet en tiempo real”.
El pasado febrero se cumplieron 25 años de la promulgación en Estados Unidos de la ley que hizo posible este internet basado en la permanente generación de contenidos por parte de las personas, y sobre la cual al día de hoy se sostiene su vertiginosa expansión. Como nunca antes en un cuarto de siglo esa ley está ahora a debate.
Es la Ley de Decencia en las Comunicaciones, de 1996, creada para regular e impulsar el desarrollo del entonces naciente internet. Entre sus incisos se encuentra la “Sección 230”, que consiste en una frase: “ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o el portavoz de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información”. Este texto de sólo 26 palabras (en inglés) es la piedra angular del auge de internet.
“(Estas palabras) significan que, con pocas excepciones, los sitios web y los proveedores de servicios de internet no son responsables de los comentarios, imágenes y videos que publiquen sus usuarios y suscriptores, sin importar cuán viles o dañinos sean”, escribió Jeff Kosseff en su libro Las veintiséis palabras que crearon el internet, la historia de la Sección 230.
Sin las 26 palabras de la Sección 230 podrían ser sujetos de demandas –por acoso, difamación, violación de privacidad y demás– todos los contenidos que emanan de los usuarios: Twitter o Facebook podrían tener responsabilidad legal por lo que cualquier persona publique en su red social; Yelp, por lo que los individuos reseñen sobre un comercio dado; Wikipedia, por los artículos elaborados para su enciclopedia, o Google y Yahoo por los resultados de búsquedas que proporcionan sobre terceros.
Abuso de poder
Pero esta inmunidad excepcional –fortalecida por décadas de veredictos reafirmándola en los tribunales– ha perdido adeptos ante la creciente desconfianza hacia las empresas de tecnología por parte de la sociedad y del gobierno. En el origen de la Sección 230 hubo una intención política de promover la autorregulación por parte de las empresas: dejó en sus manos el enorme poder de que sean ellas, y no las cortes ni el gobierno, quienes decidan cómo, por qué y cuándo filtrar y moderar el contenido que difunden, y quién tiene acceso a sus servicios. Son cada vez más las voces que denuncian que no han sabido ejercer ese poder.
“Ha habido una reacción contra el sector tecnológico en toda la sociedad, contra el poder que se ha acumulado en manos de una pequeña cantidad de gigantes de internet. Cuando se ve tanto poder en manos de una entidad, preocupa cómo puede abusarse de él”, explica a Proceso Eric Goldman, profesor de derecho de la Universidad de Santa Clara, California.
La utopía de conectar al mundo, como la esbozara Facebook, ha cedido el paso a escándalos de mal uso de datos de usuarios, acusaciones de prácticas monopólicas o de ser el vector para la interferencia de potencias extranjeras en procesos electorales.
Los últimos meses han acelerado la urgencia del debate, ante el torrente de desinformación sobre la pandemia o las elecciones presidenciales en Estados Unidos, culminando con la invasión del Capitolio el pasado 6 de enero, incitada y organizada desde las redes sociales. El mes pasado, 67% de estadunidenses de ambos partidos opinó que las compañías de tecnología eran demasiado grandes; y más de la mitad, que Facebook debía ser escindido en varias empresas, según una encuesta del Center for Growth and Opportunity.
“Todos están insatisfechos, y se han enfocado en la Sección 230 como una palanca para actuar: es algo que a Facebook, Twitter y otras plataformas les importa mucho. Si el Congreso la eliminara, sería un golpe duro y las obligaría a prestar atención. Desde un punto de vista político, si deseas que las grandes empresas tecnológicas atiendan tus inquietudes, lo consigues actuando sobre esta legislación”, dice a Proceso Katy Glenn Bass, directora de investigación del Knight First Amendment Institute, de la Universidad de Columbia.
Es de los pocos temas que escapan a la actual polarización ideológica de los legisladores: los llamados a reformar o abrogar la ley provienen de ambos lados del espectro político. “La idea de los políticos es que los gigantes de internet valoran la Sección 230. Atacar la ley es una forma de lastimarlos”, dice Goldman.
Pero más allá del consenso en torno al instrumento, los detractores de la Sección 230 en el gobierno esgrimen motivos del todo opuestos. Para los demócratas, las empresas han fallado en su mandato de moderar sus contenidos; para los republicanos, se han excedido, convertidos en censores de la libertad de expresión, llegando incluso a expulsar de sus plataformas al entonces presidente Donald Trump.
“La gente apoya la reforma de la Sección 230 por razones muy diferentes, lo que nos lleva a dudar si llevarla a cabo cumpliría sus objetivos. Desde la derecha quieren cambiarla porque sienten que los discrimina, que los están censurando; desde la izquierda, debido a la percepción de que las plataformas no están haciendo lo suficiente para frenar el discurso de odio, el discurso racista, los grupos racistas en línea y el flujo de desinformación. Ambos apuntan a la Sección 230 como el problema, o a su reforma como la solución,” dice Bass.
La Sección 230
En enero de 2020, en plena campaña presidencial, Joe Biden opinó sobre la Sección 230 en The New York Times: “debería revocarse, porque no se trata simplemente de una empresa de internet. Se están propagando falsedades que se sabe que son falsas, y deberíamos establecer estándares”. En mayo de ese año Trump tuiteaba: “DEROGUEN 230”, previo a intentarlo él mismo mediante la firma de la “orden ejecutiva sobre la prevención de la censura en línea”, que se empolvó en los tribunales.
Para los seguidores de Trump, la ley se volvió parte de los instrumentos de represión que perciben en su contra. Era uno de los muchos agravios que podían escucharse en diciembre, durante la segunda marcha en Washington que negaba la derrota electoral de Trump.
“La Sección 230 ha permitido que los titanes de Silicon Valley operen con impunidad: pueden censurarnos, pueden sacarnos de sus plataformas”, declara a Proceso la periodista de derecha Ann Vandersteel, quien dijo haber sido expulsada de Youtube y de LinkedIn, censurada en Facebook y suspendida en Twitter por comentarios políticos catalogados como acoso y bullying.
“Están usando cualquier excusa para llamarnos con todo tipo de nombres, etiquetarnos y deshacerse de nosotros. Hasta que veamos la Sección 230 ejecutada como debe ser en los términos de la ley, vamos a tener un problema con las redes sociales e internet. Son empresas de redes sociales kamikaze, que se hunden con el barco porque están siendo administradas por globalistas que quieren impulsar su narrativa”, dice.
Trump no consiguió revocar la ley, pese a insistir en ello los últimos meses de su mandato. Ahora, en la administración Biden, el debate lo abandera el Legislativo, en manos de los demócratas desde la elección. No se habla ya de revocar, sino de reformar.
“Necesitamos exigirle más a las grandes empresas tecnológicas, no menos”, declaró la senadora Amy Klobuchar en una conferencia el 1 de marzo. “Hemos visto que la forma en que operan tiene efectos reales en la seguridad y en los derechos civiles de todos nosotros, así como en nuestra democracia. Hacerlos responsables de los problemas que pueden provocar daños en el mundo real es fundamental. Nuestras leyes no deberían permanecer estancadas como lo estaban hace 25 años.”
Suya es la propuesta de la Ley de Tecnología Segura presentada ante el Senado en febrero y cuya meta es “que las empresas de redes sociales sean tenidas como responsables al permitir el acoso cibernético, el acoso dirigido y la discriminación en sus plataformas”, según el comunicado de prensa de los legisladores que la avalan. Representaría un desmantelamiento selectivo de la Sección 230 e impactaría su modelo de negocios al volverlas responsables de todo anuncio pagado publicado en las plataformas.
“Debido a que gran parte de internet se construyó con la inmunidad que brinda la Sección 230, es difícil imaginar cómo sería si la ley fuera cambiada. Puede darse por hecho que se eliminaría mucho más contenido, sería un lugar muy distinto”, dice Bass.
Para los defensores de la Sección 230 y sus beneficios, las consecuencias de la reforma son incalculables. Podría provocar la eliminación de contenido válido de forma preventiva, atrofiar el crecimiento de nuevas startups o reforzar el dominio de las grandes empresas.
“Hay toda una generación de la sociedad que nunca ha vivido en un mundo sin la Sección 230, que no tiene ni idea de cómo era la vida y cuánto mejor con la Sección 230 son muchas cosas en este mundo. Muchos de los beneficios de la Sección 230 son difíciles de identificar, explicar y apreciar para las personas”, dice Goldman.
“Mientras la Sección 230 parezca sólo una forma de ayuda corporativa, no parece que estemos perdiendo mucho al modificarla, pero si se reconoce que sus beneficios afectan a todas las personas, varias veces al día o incluso varias veces por hora, realmente aumentan los riesgos que acarrearía cualquier potencial cambio. Es fácil encontrar ejemplos de cómo los servicios de internet podrían funcionar mejor, pero la realidad es que nunca eliminarán el comportamiento antisocial en línea. Mientras las personas estén en línea, se harán cosas terribles entre sí, al igual que cuando no están conectados y también se hacen daño”, dice.
El largo debate en torno a los riesgos y beneficios de la Sección 230 no ha impedido que Estados Unidos la exporte. Más allá de sus fronteras, una versión de la ley de la discordia ya está incluida en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que Trump firmó a principios de 2020 junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El artículo 19.17, sobre “servicios informáticos interactivos”, incluye este texto: “ninguna parte adoptará o mantendrá medidas que traten a un proveedor o usuario de un servicio informático interactivo como proveedor de contenido de información para determinar la responsabilidad por daños relacionados con la información almacenada, procesada, transmitida, distribuida o puesta a disposición por el servicio…”.
Estados Unidos debate abrogar o reformar una ley cuya réplica hizo firmar a sus vecinos en un tratado internacional apenas el año pasado.
Este reportaje forma parte del número 2318 de la edición impresa de Proceso, publicado el 4 de abril de 2021 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí
