Estimulados por el éxito de sus vecinos guatemaltecos, que tras cuatro meses y medio de pacíficos reclamos callejeros lograron que Otto Pérez Molina dimitiera a la presidencia de Guatemala por presunta corrupción, los indignados hondureños tampoco cesan en su demanda para que Juan Orlando Hernández, presidente del país, renuncie por haber financiado su campaña electoral en 2013 con fondos surgidos de un fraude estatal.
Por décimo quinto viernes consecutivo, miles de hondureños—hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes y adultos, empresarios y obreros, estudiantes y académicos, indígenas y campesinos—marcharon con antorchas por Tegucigalpa, la capital, y por otras ciudades hondureñas para exigir que Hernández, del gobernante Partido Nacional (PN), dimita de inmediato y se someta a la justicia.
De 2010 a 2014, en el Gobierno del entonces presidente Porfirio Lobo, también del PN, una maquinaria de empresas fantasmas asestó una defraudación al estatal Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que se aproxima a los 350 millones de dólares y por la que hay gran número de hondureños presos—autoridades públicas y empresarios—como supuestos culpables.
Hernández y el PN ya reconocieron públicamente que parte de esos fondos entraron a su campaña electoral para los comicios generales de noviembre de 2013, ganados por el ahora Jefe de Estado para un segundo periodo consecutivo de su partido y en los que los nacionalistas obtuvieron mayoría legislativa, aunque alegaron que ignoraban el origen del dinero. Una colección de cheques de compañías inexistentes o de “maletín” engrosó las arcas partidistas para financiar la millonaria propaganda y el clientelismo político que le permitieron a Hernández alimentar su estrategia electoral.
En este contexto, la onda expansiva del caso de Pérez Molina impactó en Honduras. Como todos los viernes, reunidos en una esquina de la capital hondureña cerca de la Casa Presidencial, los indignados vociferaron en contra de Hernández mientras un exaltado animador, micrófono en mano, volvió a preguntar: “¿Cuál es la ruta?”.
Y la muchedumbre respondió: “¿Qué se vaya ese hijuep…!”
“No hay otra salida”, dijo el hondureño Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (independiente del Estado) y uno de los dirigentes líderes de los indignados. “Exigimos justicia”, precisó.
Acusado de ser el cabecilla de una estructura criminal que ejecutó una millonaria defraudación aduanera con el cobro de sobornos para evadir el pago de impuestos, Pérez quedó arrinconado luego de que el Congreso de Guatemala le despojó el pasado martes de su inmunidad y al día siguiente se vio obligado a renunciar, después de que un juzgado guatemalteco emitió una orden de captura en su contra. El expresidente guatemalteco ahora está bajo prisión provisional en un cuartel militar de Ciudad de Guatemala y expuesto a ser sometido a prisión preventiva antes de ser enjuiciado.
Previendo un escenario de acelerada descomposición política interna y de crisis institucional similar al de Guatemala y al de su ahora excolega Pérez Molina, el presidente hondureño, quien en enero de 2014 inició una gestión de cuatro años, se movilizó para convocar a un diálogo nacional en contra de la corrupción con el aval de las organizaciones de Estados Americanos (OEA) y de Naciones Unidas (ONU).
A diferencia de Pérez, acusado ahora de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación en un escándalo que estalló en las postrimerías de su administración de cuatro años que debía concluir en enero de 2016, a Hernández el escándalo le estalló en el inicio de su cuatrienio. El gobernante hondureño todavía se muestra confiado de sortear la avalancha.
Para emular a los guatemaltecos, los hondureños intensificaron la presión para que se instale una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). Con el aval de la ONU y creada en 2006, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se instaló en la vecina nación en 2007 para depurar al aparato judicial guatemalteco y sepultar décadas de impunidad política y militar. Como ente querellante, la CICIG respalda al Ministerio Público de Guatemala en el caso de Pérez Molina y es clave en el proceso de desmantelamiento de las viejas estructuras de corrupción que todavía existen en ese país.
En este decorado político, las fichas del ajedrez hondureño apenas empiezan a ser reacomodadas.
Fuente: El País
