Por Bernardo Barranco V.
La tragedia de Ayotzinapa ha catalizado una crisis política sin precedentes en la historia moderna del país. Como resultado, los actores sociales y políticos se realinean o toman distancia de la clase política, agobiada por las protestas y el repudio generalizado que demandan cambios profundos. Uno de los actores que ha manifestado alejamiento a las políticas del actual gobierno de Enrique Peña Nieto es la Iglesia católica mexicana y el propio episcopado. Es necesaria la distinción porque no son sólo los obispos, sujetos visibles, sino diversos sectores eclesiales que han exhibido desacuerdos. Los obispos enviaron un duro mensaje el pasado miércoles 11 de noviembre, con un documento contundente cuyo título es muy revelador: ¡Basta ya! Ya basta de sangre, de muertes y de desapariciones en el país. No queremos más dolor ni más vergüenza. ¡Basta ya! es una expresión fuerte que muestra hartazgo e impaciencia de una institución con sapiencia política que intuye la descomposición de estructuras políticas sustentadas en la corrupción, impunidad y simulación. Además, recibe todo el estímulo de su cabeza, el papa Francisco.
Como dicen los propios prelados en su saludo al Papa: Así, con humildad y compromiso, esperamos brindar al pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad las orientaciones que brotan del Evangelio, siguiendo la gran recomendación que su santidad nos dio: el obispo por su pueblo y la cercanía con su pueblo. Con otras palabras, por una parte, los obispos se sumaron al clamor generalizado por un México en el que la verdad y la justicia provoquen una profunda transformación del orden institucional, judicial y político y, por otra, aquí juega el factor Francisco, los obispos tienen el mandato del Papa para desempeñar un papel más crítico y solidario al reclamo popular. Hasta hace apenas dos años, en estas página cuestionábamos la excesiva intimidad entre el nuevo gobierno peñista con el episcopado. Parecía una luna de miel de los obispos en el regreso del PRI a Los Pinos. La corona fue la reforma al artículo 24 sobre libertad religiosa, unpacto entre mexiquenses católicos, por un lado el anterior presidente de la CEM Carlos Aguiar Retes y por otro, el entonces candidato Enrique Peña Nieto. Probablemente muchos obispos se sienten temerosos de estar cuestionando al presidente Peña, porque salen de su zona de confort, pero tienen las exigencias del Papa de que se muevan por la justicia social, por los pobres, por las preocupaciones de los fieles. Los indicios de distanciamiento actual es probable que sean tácticos, pero es relevante aquilatar el movimiento de una institución con gran peso social, que es reacia a percibir inestabilidad social y mucho menos a quebrantar el orden social existente, porque sabe bien que pone en riesgo los privilegios y estatus que ha conquistado. En todo caso, la Iglesia, con experiencia y sabiduría política, su posición, dependerá de cómo sale librado el gobierno y cómo se realinean los actores.
El alejamiento crítico de la Iglesia no surge con la crisis de Ayotzinapa. Viene de procesos anteriores. Los obispos de Michoacán advertían en mayo 2013 de la crisis de inseguridad y violencia en la entidad. El obispo de Apatzingán, Miguel Patiño, advertía: “Los gobiernos municipales y la policía están sometidos o coludidos con los criminales, y cada vez crece el rumor de que el gobierno estatal también está al servicio del crimen organizado, lo que provoca desesperanza y desilusión en la sociedad… Se ha convertido en un Estado fallido en poder del crimen organizado”. La conferencia de superiores mayores de religiosos de México (CIRM) que agrupa a 163 congregaciones religiosas femeninas y 73 masculinas, publicó un comunicado en el que los religiosos expresan su desacuerdo con el modelo económico, lamentan que este modelo esté avalado por leyes contradictorias que favorecen el desvío económico y de poder . Toman una postura de denuncia, vinculada al cuidado del ambiente, para despertar la conciencia de la necesidad de caminar hacia un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario. La arquidiócesis de México, mediante el semanarioDesde la Fe, ha estado cuestionando fuertemente a la clase política por su corrupción e incapacidad. La propia Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), como registramos aquí en mayo de 2014, en un mensaje tituladoPor México actuemos, los prelados cuestionan las principales reformas de Peña mediante preguntas. Decían:Sentimos gran preocupación por el futuro de nuestro país. Por eso, ante las recientes reformas constitucionales aprobadas, hacemos nuestras las inquietudes de nuestro pueblo y nos preguntamos de qué manera serán benéficas, sobre todo para los que han estado permanentemente desfavorecidos.
Pese a la visita de Peña al Vaticano y de la visita del secretario de Estado Pietro Parolín a México, la relación en 2014 tiende a enfriarse por parte de los actores religiosos locales. Llama poderosamente la atención que en el último mensaje, ¡Basta ya!, los obispos expresan de manera inusual que la única señal de esperanza ante esta crisis nacional es el despertar de la sociedad civil que, como nunca antes en los últimos años, se ha manifestado contra la corrupción, la impunidad y la complicidad de las autoridades. Los obispos con sensibilidad recomiendan: Creemos que es necesario pasar de las protestas a las propuestas. Pareciera que mientras toman distancia del gobierno insinúan acercarse a la sociedad, no sólo en términos de denuncias, sino en la elaboración de ideas e iniciativas. Esta es la novedad más significativa, porque hasta hace poco el triángulo de la correlación era diferente: una jerarquía cercana al poder y distanciada de la sociedad civil, en permanentes reclamos y disputas en torno a las nuevas parejas, adopciones, homosexualidad y aborto. La figura triangular se equilibra. ¿Hasta dónde los obispos harán suyos los reclamos sociales?, ¿los prelados interactuarán con organizaciones de la sociedad para elaborar propuestas? Sobre este campo, Raúl Vera, obispo de Saltillo, viene elaborando desde hace meses una propuesta de constitución alternativa, confeccionada por diversos actores sociales.
Fuente: La Jornada
