Por John Ackerman
México no avanzará hasta que la clase política, los poderes fácticos y los funcionarios públicos cuenten con un contrapeso social suficientemente fuerte para obligarlos a velar por el interés público en lugar de sus negocios personales. El cambio necesario no vendrá desde las cúpulas del poder sino desde la movilización ciudadana. Las “instituciones” son importantes en cualquier democracia, pero solamente funcionan cuando están sometidas a una fuerte presión social.
El generoso periodo entre la jornada electoral y la toma de posesión del nuevo presidente es una oportunidad de oro para la articulación de un amplio movimiento social. Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acata las órdenes del Consejo Coordinador Empresarial y valida sobre sus rodillas la elección de Enrique Peña Nieto, todavía habrán tres largos meses para construir una fuerza social suficientemente grande para resistir los embates que vendrían en contra de la libertad de expresión, los derechos humanos, los derechos laborales y la industria petrolera nacional. Este periodo también serviría para construir un proyecto ciudadano nuevo que limita y reparte el poder social, económico y político hoy en manos de los monopolios y los poderes fácticos y entregado a los intereses de Estados Unidos.
La oportunidad para la sociedad se ampliaría aún más si el TEPJF decide extender el periodo necesario para calificar la elección presidencial o, en su caso, invalida la elección con base en las pruebas aportadas por Andrés Manuel López Obrador o adquiridas por el mismo tribunal con base en sus amplias facultades de investigación. Un eventual gobierno interino no implicaría crisis política alguna, sino que solamente extendería durante unos meses más el “interregno” entre el gobierno saliente y el entrante que ya existe en los hechos. Tal situación podría ser la oportunidad ideal para la construcción de un nuevo pacto nacional, o incluso un nuevo Congreso Constituyente, desde la sociedad y sin la manipulación propia de los políticos y los burócratas.
Hay que celebrar entonces que el movimiento #YoSoy132 haya decidido ampliar su lucha más allá de solamente los temas de la imposición de Peña Nieto y la manipulación mediática. En su manifiesto del pasado 27 de julio, señalan seis prioridades: 1) Democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión, 2) Cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico, 3) Cambio en el modelo económico neoliberal, 4) Cambio en el modelo de seguridad nacional y justicia, 5) Transformación política y vinculación con movimientos sociales, y 6) Derecho a la salud.
Este manifiesto tiene muchas similitudes con las conclusiones de las mesas de discusión para un nuevo “Pacto Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad” celebradas en Ciudad Juárez el 10 de junio de 2011. En aquel momento, los movimientos solidarios con Javier Sicilia exigían, entre otros puntos, el esclarecimiento de los orígenes de las fortunas de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Elba Esther Gordillo; la cancelación de la Iniciativa Mérida y de toda “asesoría policiaco-militar” de Estados Unidos; el retorno inmediato del Ejército a los cuarteles así como someter a juicio político a Calderón, Genaro García Luna y Javier Lozano. También demandaban democratizar y contar con espacios para la sociedad en los medios de comunicación electrónicos, expresaban su rechazo total a la reforma laboral y a la Ley de Seguridad Nacional, y pedían la cancelación de las concesiones mineras a empresas corruptas e irresponsables. Asimismo, cuestionaban las supuestas “candidaturas ciudadanas” y defendían la revocación de mandato como el elemento prioritario de una eventual reforma política.
Las mesas de Juárez fueron criticadas duramente por analistas cercanos al régimen por romper con “la pureza de un discurso ciudadano emanado del dolor” e incluso desconocidas públicamente por el mismo Javier Sicilia. Pero ahora regresan con fuerza en la voz de los jóvenes.
Es también una excelente noticia que el movimiento #YoSoy132 empieza a estrechar lazos con otros movimientos sociales, como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco, y el Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otros. El emergente Frente Nacional Contra la Imposición podría ser precisamente el vehículo social que tantos han esperado para articular una voz unida de protesta y propuesta a lo largo y ancho del país.
Recordemos que las “megamarchas” tan exitosas de las semanas pasadas no fueron convocadas por #YoSoy132, sino que surgieron de manera espontánea de las profundidades del descontento social que cada día se hace más presente. Las protestas la semana pasada en Nueva York, y anteriormente en Washington, DC, en contra de Carlos Slim demuestran que el descontento se internacionaliza y que también se diversifica más allá de Televisa para incluir a los otros poderes fácticos del país.
Una vez más han surgido críticas malintencionadas que buscan dividir el movimiento al lamentar que la “pureza” de los estudiantes se mezcle con los “revoltosos” de los otros movimientos. Pero estas críticas están basadas en un lamentable clasismo que busca debilitar este esfuerzo social y afortunadamente han sido ignorados por la mayoría de sus integrantes.
Otro gran acierto del movimiento ha sido la ausencia de liderazgos individuales. Así se complica sobremanera la cooptación de parte del gobierno y los medios de comunicación. También permite que los esfuerzos se articulen en función de causas en lugar de personas.
Se ve la luz al final del túnel. Son los jóvenes y la sociedad, no las “instituciones” electorales y el candidato del PRI, quienes merecen nuestra confianza y el beneficio de la duda. En ellos está la semilla de una nueva república.
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